Tomarle examen a los jueces: un proyecto escandaloso

Esto sería aburrido si nos propusiéramos seguir en tiempo real cada uno de los episodios, batallas y entreveros de la judicialización de la política. Pero no quiero dejar de decir algo sobre el proyecto de Alejandro Rossi de que los jueces rindan exámenes cada cuatro años.


Lo que la inamovilidad es y no es

La inamovilidad judicial no debe vivirse como un privilegio de casta. Es una garantía condicionada a lo que dure el "buen desempeño".

La fuente de legitimidad de los jueces no es el voto popular, sino la condición de idoneidad en la labor de juzgar. Es por eso que han sido elegidos. Por la misma razón, la pérdida de la idoneidad debe traducirse en una pérdida de legitimación.

Hoy por hoy y mal que mal, el sistema garantiza que los jueces no queden a tiro de piedra de la voluntad destitutoria de una mayoría política. Si yo tuviera que criticar al sistema, diría que el problema es que muchos jueces malos no son destituidos, pero no que muchos jueces buenos son expulsados. El sistema no es neutral, pero si sesga para algún lado, sesga a favor de la inamovilidad (y a favor de tolerar jueces "inidóneos"). Hay que hacer muchos méritos para ser destituido. Tal vez demasiados.

Precisamente por estas razones, yo creo que algún tipo de evaluación constante de la idoneidad del funcionario no es incompatible con la inamovilidad, sino perfectamente congruente con ella. El control vía denuncias al Consejo es episódico, parcial, está sujeto a muchos factores azarosos: capacidad de lobby relativa en el denunciante y denunciado, trascendencia y oportunidad del asunto de la denuncia, etcétera.


El escandoloso proyecto de Rossi

Le tomamos el pulso a la opinión sobre el proyecto de Alejandro Rossi. Andrés Gil Domínguez dice que la iniciativa de tomarle examen a los jueces cada cuatro años es inconstitucional. Adrián Ventura dice que es absolutamente inconstitucional. Recondo dice que es un mamarracho jurídico. Ahi me detengo, ya veremos cómo sigue el crescendo: Rossi debe ser imputado por abuso de poder en grado de tentativa. Es un proyecto escandaloso, en el sentido de que provoca escándalo.

Yo pienso distinto.

Un proyecto como el que propone Rossi, bien hecho, sería (sumemos adverbio adelante para condimentarlo) inobjetablemente constitucional, porque no altera en absoluto la base de los mecanismos de designación y de remoción que la Constitución establece, sino que posibilita un mejor control de las condiciones de desempeño que conciernen a los jueces.

Según entendemos, el eventual aplazo no trae como resultado directo la destitución, sino el enjuiciamiento del Magistrado. Según dice el proyecto, art. 10, "se entenderá que existe un inexcusable desconocimiento del derecho aplicable cuando el magistrado no alcance el 60% del puntaje ideal".


Digresiones

Déjenme decir algunas cosas más de pasada, detalles ambientales según los veo yo.

Primero, es altamente improbable que los jueces se corrompan por dinero. Primero bis, la existencia de un baremo de "excarelaciones tarifadas" es una zoncera fenomenal y mayúscula. Eso se dijo en un discurso de apertura del Congreso. Y si Fayt se refería a eso cuando dijo lo de tonterías, tiene razón Fayt.

Segundo: es muchísimo, muchísimo, más frecuente que un juez falle mal porque carece de competencias básicas: porque no "sabe derecho", tal vez no lo supo nunca, tal vez lo supo y lo fue olvidando, tal vez se quedó sólo con lo que alguna vez supo, tal vez no lo quiere saber porque le molesta y ve la ley como un estorbo en su tarea. No estamos hablando de mero conocimiento de leyes, sino de competencias prácticas e instrumentales: saber trabajar con un caso, saber fundar buenamente una sentencia.

"Saber derecho", por supuesto, no lo es todo, pero es el punto de partida de donde tenemos que empezar a hablar si nos queremos tomar en serio la inamovilidad.


El diablo está en los detalles

El problema es cómo evaluar a los jueces. Quién les pregunta qué cosa, quién les corrige qué con qué criterio.

Entiendo que ese es un problema importante. Por tal razón, quien debe estar a cargo del asunto es el propio Consejo de la Magistratura, y no una oficina dependiente del Poder Ejecutivo ni de un órgano de Superintendencia Judicial. Los exámenes deben ser uniformes, controlados, y las respuestas estandarizadas. Al hacerlo debe evitarse que el examen estructure un cuestionario como un test de seguimiento a una "línea" oficial. Evaluación no es disciplinamiento. Pero no es tan difícil hacer una cosa sin que implique la otra.

Todas los profesionales que tienen responsabilidades sobre la vida de terceros son evaluados en forma constante. Mucho más, cuando lo que hacen es actuar en nombre del Estado sobre cuestiones controvertidas, como fiscales, como defensores, y tanto más si lo hacen decidiendo como jueces.

Yo iría más allá: no sólo les tomaría examen a los jueces, sino que haría auditorías y les pediría informe sobre qué han hecho en sus oficinas, como va el atraso en sus expedientes. Capaz que el tipo sabe un montón de derecho, pero tiene diez mil expedientes atrasados. Esto se hace, sí, pero esporádicamente y ad effectum disimulandi, no se vive como un verdadero control.

El proyecto de Rossi es una idea que debe ser, al menos, muy seriamente discutida, no despachada con una negativa espantada que prioriza la independencia judicial al costo de ocultar miserias y deficiencias de los operadores privilegiados de un sistema que está muy lejos de ser perfecto.