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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

martes, marzo 24, 2015

Arbitrariedad

Leeemos


Una de las cosas que más llaman la atención al leer los fallos de la época es el lugar central que ocupa la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Para el público no especializado, se trata de una doctrina desarrollada por la Corte a comienzos del siglo XX para analizar casos que versan sobre interpretación del derecho común (no federal), hechos o prueba, asuntos que la Corte no debería estudiar dado que su mandato se reduce, a grandes rasgos, a intervenir en temas de derecho federal o constitucional. La Corte ha sostenido que algunas sentencias apeladas tienen problemas tan graves (por arribar a conclusiones que no se siguen de las premisas, sopesar disparatadamente las pruebas y una larga lista de etcéteras) que es necesario salirse de las restricciones apuntadas para corregir la situación.
La Corte hoy sigue aplicando la doctrina. Pero lo que sorprende es la amplitud que le dio durante ese período. Basta señalar que, en algunos de los también muchísimos casos en que se negó a aplicarla, al menos un juez sostuvo en un voto en disidencia que debería haberlo hecho. La Corte de la época funcionaba como una cámara de apelación. 
¿Es esta una mirada anacrónica? ¿Otorgaba la Corte importancia a la doctrina de arbitrariedad incluso antes del golpe? No en esa medida. Tomando en cuenta los casos en que empleó la doctrina sobre una estimación del total de casos publicados, en el año posterior al golpe la proporción se duplicó en relación con el período inmediatamente anterior. De hecho, la extensión por parte de la Corte de la aplicación de la doctrina alcanza límites extremos. Por ejemplo, en un caso de 1981 relativo al retiro de los perros de algunos propietarios de un edificio, decidió el caso reinterpretando un reglamento de copropiedad horizontal (Fallos, 305: 1834).  
La mayoría de las decisiones sobre arbitrariedad se refiere a cuestiones técnicas, y en una futura contribución analizaré estos casos en mayor profundidad. Pero ¿qué explica esta centralidad de la arbitrariedad? Una posible respuesta es que la Corte no tenía muchas otras actividades a las que dedicar sustancialmente su atención (véase Oteiza, 2003: 338). Suspendida la vigencia de derechos fundamentales, minimizada la importancia de la Constitución, la Corte quedaba reducida, salvo en situaciones puntuales, a resolver casos sin vinculación alguna con su función de protección de las reglas y principios constitucionales, ya sea porque no le llegaban en general muchos otros o porque prefería demorar (o evitar) su resolución. Si esta explicación fuera acertada, la paradoja sería evidente: la Corte tuvo que acudir a la idea de la arbitrariedad, en decisiones a veces triviales, para esconder su falta de acción en casos sobre el ejercicio genuinamente arbitrario del poder.


--- Del capítulo "Los doce apóstoles" de Juan F. González Bertomeu, en el libro de reciente aparición compilado por Juan Pablo Bohoslavsky "¿Usted también, doctor?: Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura", editado por Siglo XXI. Incluye aportes de temas generales (el rol de la Corte es tratado en diversos capítulos por Gargarella y Bohoslavsky, por Horacio Etchichury -sobre derechos sociales-, y por el citado González Bertomeu) contextuales (el rol de las asociaciones de abogados por Virginia Vecchioli, el rol de los organismos de asesoramiento jurídico por Juan Bautista Justo), cuenta microhistorias (María José Sarrabayrouse Oliveira sobre la Morgue judicial, Laura Saldivia et. al sobre historia de abogados que resistieron) y se mete en secuelas y cosas que pasan hoy (Leticia Barrrera, Marcelo Alegre, Leonardo Filippini entre otros). Muy recomendado.

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PD. En días como estos, siempre recomendamos leer El día que Borges fue a un juicio
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miércoles, marzo 11, 2015

Sobre la constitucionalidad de la reincidencia como agravante (A FAVOR)

/// (El post original ha sido enriquecido con algunas addendas ya incrustadas; recomendamos ver también los comentarios) ///


Quiero tratar en algunas líneas ese tema polémico del derecho penal local (dejo dicho que no es un tema polémico en el derecho penal comparado, donde en general la cuestión parece bastante pacífica: no hay en principio problema en agravar penas a reincidentes).

El punto de partida será mirar una cuestión "desde el otro lado", no desde el lado del "reincidente", sino del primario.


Por qué no podemos renunciar a la "reincidencia"

Para eso asumimos, en principio, que es impropio tratar al infractor debutante (o "primario", en jerga mas policial que jurídica) del mismo modo que un reiterante. Es posible argumentar que es inválida toda pena que no compute como atenuante del "infractor" su carácter de primario. Todo sistema de represión a infraccione, desde las oficinescas hasta las parentales, se construyen intuitivamente sobre esa base.

Y he ahí el dilema: no se puede aplicar un criterio de atenuación con el primario sin morder la fruta prohibida de la reincidencia. Renunciar a los antecedentes para decir que la reincidencia no puede computarse como agravante implica renunciar a los antecedentes para justificar atenuantes.

Una salida aparente sería reconocer la asimetría y entregarse a ella: decir que los antecedentes (específicamente: la falta de ellos) sólo pueden jugar como "atenuantes", in bonam partem, y nunca "en contra". No sirve porque no resiste un análisis consecuencial: asumir la asimetría impone al no "beneficiado" una escala automáticamente más gravosa que la que tiene un primer infractor, así que lo que expulsamos por la puerta reaparece por la ventana. (El dilema es conocido en otro lugar insospechado pero cotidiano del derecho: decir que "hay descuento por pago en efectivo", eufemismo taimado para no poner lo que hay detrás de eso: un recargo por pago con tarjeta).

Hay un criterio, formal y mecánico, que impugna la reincidencia diciendo que el agravamiento es un "plus" de pena dado -diferidamente- por un acto anterior, y que en función de ello se le estaría asignando un "bis in idem" (doble castigo) por un hecho ya castigado. Esto se prueba por el dato de que si no hubiera cometido el primero, su pena sería indudablemente menor. Y hay un argumento paralelo y mejor en tal sentido: se violaría el derecho penal de acto, se arguye, si dos hechos hipotéticamente idénticos determinan para sus autores penas diversas (en función de si uno es reincidente y el otro no).


Inauguramos subsección ilustrativa: Juegan las blancas y dan mate en dos.


Ambos argumentos pueden refutarse con facilidad. En cuanto al primero, la respuesta es trivial: la pena es siempre por el segundo hecho, y exclusivamente por el, difiriendo su resultado del hecho de que se están verificando ciertas características de agravación predispuestas (o, dicho de otro modo, porque son intercambiables, no está presente la "ausencia de antecedentes" entre las circunstancias de atenuación). Esto implica que la equiparación es ilusoria, lo cual contesta el segundo argumento anclado en "identidad del hecho": los hechos pueden ser iguales en todo lo demás, pero esto no implica que el derecho no reconozca para ellos diversos niveles de reprochabilidad dentro de una escala (no se tardará mucho en advertir que esta idea es usualmente aceptada cuando computamos circunstancias como la reducción del ámbito de la autodeterminación del autor). Ajustar la pena del hecho a las circunstancias del autor no es hacer "derecho penal de autor", sino es una necesidad imperiosa de un derecho que busca proporcionalidad y razonabilidad en las penas, en suma, de un derecho no inhumano.

Esto, a su turno, marca tanto la necesidad de la reincidencia en su cómputo como agravante, como sus límites conceptuales. Hacia ellos vamos.


Reincidencia si, pero qué reincidencia

Aceptar la constitucionalidad de la reincidencia como principio no implica aceptar acríticamente todas sus manifestaciones (del mismo modo que aceptar que incriminemos "tentativa" no implica aceptar que sea aceptable incriminar cualquier "acto preparatorio").

En primer lugar, postulo que son de constitucionalidad nula todos los sistemas de asignación de pena que dependan "exclusivamente" de la reincidencia, llegando a casos insólitos de desproporción entre pena y delito. El más conocido de ellos es el sistema de "three strikes" (la expresión viene del béisbol) que deja "out" (le aplica "perpetua") a quien comete tres delitos. Así hay personas que fueron condenadas a encarcelamiento de-por-vida por tentativa de hurto de un mercadito de un artículo valuado en cinco dólares, sólo porque tenían dos condenas previas.

Basado en este orden de ideas, mi criterio es consistente con la invalidación de la reclusión por tiempo indeterminado (fallo "Gramajo" de la Corte Suprema), y con la presunción de inconstitucionalidad de la aplicación de módulos "multiplicadores" mecánicos (pena agravadas en porcentuales proporcionales al número de "reincidencias"). Esto implica que no necesariamente un reincidente debería recibir penas mayores por los sucesivos hechos que cometa, si sus circunstancias calificaron al primero como muy grave y al segundo como más leve.

En segundo lugar, propicio que es irrazonable que consideremos "reincidente" a cualquier tipo de infracción de un sistema. Por ejemplo, la municipalidad me puede multar por una poda no autorizada, y luego considerarme "reincidente" al multarme por una infracción de tránsito (este ejemplo no es hipotético). No se necesita mucha explicación para explicar que este criterio, también formal y mecánico, es absurdo, que tiene que haber un "mínimo de analogía" en las conductas que se suponen repetidas a los efectos de la reincidencia. (Addenda al post original: Zaffaroni se extendía sobre ello en esta nota con Matías Werner., diciendo: "si alguien libra un cheque sin fondos y después le pega a la mujer, no se le puede aumentar la pena por pegarle a la mujer, se le debe aplicar la pena sólo porque le pegó a la mujer, pero no la anterior, porque no tiene nada que ver con lo segundo").

Este post se detiene aquí al sentar el principio, y no ahondamos en detalles de como implementar esa limitación. Dejarlo al arbitrio judicial no es una opción (las precondiciones de penas y agravantes tienen que estar fijadas con especificidad). Las limitaciones deben ser predispuestas, y una posibliidad es agrupar delitos por los "títulos" asociados a cada uno de los "bienes jurídicos" (delitos contra la vida, contra la propiedad, contra la integridad sexual, etc.) y limitar el cómputo de reincidencias a las infracciones sucesivas cometidas en uno o varios títulos predeterminados.


Estado de la cuestión (últimos episodios del debate)

Hay que aclarar que en el derecho argentino la reincidencia no funciona mecánicamente a la hora de asignar penas. Es una de las agravantes genéricas (art. 41 CP) y una limitante para conceder salidas anticipadas (art. 14 CP), y también está en modo encriptado limitando posibilidades de probation sucesivas. También está en un supuesto no muy frecuente, la plurirreincidencia del art. 52 CP (requiere al menos cumplimiento de cuatro condenas) que puede disparar la accesoria "reclusión por tiempo indeterminado", aunque esto fue declarado inconstitucional por la CSJN en el citado fallo "Gramajo" de 2006 (Aclaramos que no es lo mismo que la prisión "perpetua").

Como criterio minoritario, la explicación orgánica y reprobatoria de la reincidencia fue formulada por Zaffaroni en "Álvarez Ordóñez" de 2013 (ver pdf).

Al tiempo que otros fallos que declaraban inconstitucionalidad de la reincidencia (debo advertir que algunos de ellos, y en parte el de Zaffaroni, son compatibles con mis argumentos "limitativos" ya expuestos), el tema se reactivó con el proyecto de Código Penal de la Comisión que presidió Zaffaroni, que ya no incluye la reincidencia como agravante explícito (aunque si en sus versiones limitativas de salidas y de probation). En aquel momento yo adherí a la "disidencia" de Federico Pinedo que proponía mantenerla como un agravante genérico.

Un tiempo después, la Corte Suprema hizo un escueto F5 de la doctrina que tenía sentada desde 1986 ("Gómez Dávalos"). En "Arévalo" del 27/5/2014 dijo que "el planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia debe ser desechado, pues ese instituto tiene sustento en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito".

Hemos criticado también ese fallo, porque tratándose de un tema que había generado movimiento doctrinario con algunos precedentes declarando su inconstitucionalidad, la Corte pudo haber aprovechado la oportunidad para hacer un esquema de fundamentación mucho mejor. Lectura y razonable explicación política: tal vez la Corte no quiso hacerlo porque sólo quiso "sentar el punto" (y ratificar que la constitucionalidad de la reincidencia sigue siendo su doctrina) sin que se interpretara que había "salido al cruce" del proyecto Zaffaroni.


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Posdata: no lo he visto por escríto, pero si he oído, argumentar que la reincidencia debe tomarse como un "atenuante". Que lo difícil es animarse a hacer algo prohibido la primera vez, que luego de ello ya se rompío el tabú y los frenos inhibitorios actúan menos. Nótese que de ello se sigue la aberración conceptual de que estaremos agravándole la pena al primario, y bajando el costo de oportunidad de las sucesivas infracciones.

Addenda al post original: me pasan esta transcripción del Tratado de Derecho Penal de Zaffaroni, que redunda en considerar la reincidencia como atenuante:

"en lugar de una mayor conciencia de la antijuridicidad, en la reincidencia habría por lo general una menor culpabilidad en virtud del aumento del nivel del estado de vulnerabilidad, generado por un anterior ejercicio del poder punitivo, lo que obliga en términos de teoría de la responsabilidad a acotar el marco de la respuesta frente al delito, puesto que si el efecto mas trascendente de la prisionizacion es la reincidencia -siendo sorprendente que no sean mayores sus índices-, el estado no puede agravar la pena del segundo deliro que ha contribuido a causar" (Derecho Penal Parte General, Zaffaroni Alagia Slokar, ed Ediar, 2 edición, 2002, pagina 1059)


martes, marzo 03, 2015

Los jueces de la Corte frente al Gobierno 1984-2014 (ranking con muchas aclaraciones)


Como consideración previa, nos remitimos al post anterior "La Corte frente al gobierno" en donde explicamos cómo determinabamos los "casos políticamente perfilados" (CPPs) y tabulábamos votos "a favor" y "en contra" del gobierno. Las acotaciones y limitaciones de la metodología allí expuestas se aplican a este post.

La idea ha sido desglosar el porcentaje de conformidad (si quieren un nombre ganchero, llamémosle "índice de oficialismo", si quieren uno neutral "índice de conformidad") correspondiente a cada juez. Para calcular ello relevamos la actuación de cada juez en CPPs (ver post anterior) y computamos como votos "pro-gobierno" la suma de (a) sus votos de mayoría en casos que se reputaron "favorables" al gobierno, más (b) sus votos de minoría en casos que se reputaron "adversos" al gobierno. Recíprocamente, se computan como "adversos" los votos de mayoría en casos desfavorables más los votos de minoría en fallos favorables.

Con este método lo primero que hicimos fue calcular un porcentaje de oficialismo "global" para cada juez, que cubriera su actuación en la Corte, aunque enseguida surgió la idea de desglosar por gobiernos y ver si no había variaciones. Esperablemente, las hay. Veamos.


El ranking de afinidades electivas Corte-Gobierno

Aquí ponemos el gráfico en cuestión con los porcentajes de cada juez, teniendo en cuenta sus intervenciones en los tres grandes ciclos políticos: era Alfonsín 1983-1989 (ALF), era Menem 1989-1999 (MEN), y era Kirchner (2003-2014). Los datos base del gráfico están en esta planilla.


% de conformidad/gbno de cada juez (durante el ciclo político entre paréntesis)
- click sobre la imagen para verla grande- 

Como se ve, el ciclo menemista (verde) es bipolar, ubicando plazas tanto en el tope como en el fondo de la tabla y haciendo honor a su fama de Corte partida (esto es cierto en CPPs, no tanto en la foto panorámica). En cambio, tanto el alfonsinismo (rojo) como el kirchnerismo (azul) tuvieron cortes con mas homogeneidad relativa entre sus integrantes, con la excepción notable de Fayt en la era K. Todo esto debe leerse, claro, recordando la evolución expuesta en "el gráfico que lo resume todo" del post anterior.

Se ven jueces "repitentes" que cubren dos o más "ciclos": en esta lista están Fayt y Petracchi (en los 3) y Belluscio (en 2). Hay otros más, que no he incluido porque acoté la lista a jueces que tuvieron diez o más votos de CPPs en cada ciclo.

Con esta limitación quedaron afuera del gráfico las intervenciones de Belluscio y de Boggiano en la primera parte del ciclo K -por si acaso, ahí ambos registraron 6 favorables y 3 adversos; nótese la ironía de que el destituido Boggiano tuvo en su corta convivencia con el gobierno K un porcentaje de conformidad (66 %) superior al que había tenido con Menem, y superior al que tendría al cabo cualquier otro de los designados post 2003-.


Aclaración "de letra grande"

Reiteramos aquí algo dicho ya varias veces en este blog. Rompe un poco los juguetes, será fastidiosa para mis amigos politólogos, y devalúa la importancia del post, pero es imprescindible, así que aca vá subrayada y en negritas: la sección de "casos políticamente perfilados" no es la parte mayoritaria, ni la más importante, ni la más interesante, de lo que ocurre en una Corte Suprema. Casos importantísimos como Riachuelo Matanza, Halabi, FAL, Ekmekdjian c. Sofovich, Ponzetti de Balbín, B-Rod c. Google, Fiorentino, González de Delgado (nombro esos, hay mil más), no tienen una adscripción política esencial, definitoria.

Eso es relevante porque yo puedo discrepar con un juez en su comportamiento en el rubro de los "CPPs", y aún así opinar que es un gran juez por lo que hace en casos que están fuera de esa categoría. Y eso importa porque el "índice de oficialismo" aquí propuesto es una referencia de contexto sobre un juez, y no un "criterio de evaluación".

Como alguna vez le oí decir a Gargarella, por ejemplo, el problema central de la Corte de Menem no estaba tanto o solo en su alineamiento político, ya demostrado en el post anterior, sino en el amesetamiento e involución de la doctrina sobre libertades, derechos y garantías en casos no políticos. De igual forma, es impropio desestimar a la Corte de Alfonsín como una corte oficialista (ese fue su sesgo claro en CPPs) y obviar formidables avances mas allá del corralito de lo politizado (divorcio vincular es solo un ejemplo).


Aclaraciones de letra media: sobre el hardware y el software.

Refrito algo que escribí en los comments del post de ayer. Y es la idea de que para leer este gráfico (y hay un modo oficialista y también un modo opositor de leerlo hoy) no se puede obviar que el hardware de la Corte, los fierros judiciales, no tienen el mismo software, el mismo "sistema operativo" en 2014 que en 1984.

El soft de hoy (y esto le cabe tanto a CFK como a Macri y a Obama, porque el fenómeno también es transversal) es mas exigente; más denso y demandante por la constitucionalización del derecho, por la incorporación de tratados, por la vinculatoriedad de jurisprudencia de tribunales internacionales, por la reducción del ámbito de las "cuestiones políticas no judiciables", por el elevamiento del nivel de escrutinio en el control de constitucionalidad, por la apertura a la legitimación. Todo esto "técnico" sinergiza y es respuesta a otras tesis de dinámica "política" pero no coyuntural, sino estructural (ver "La contrademocracia" de Rosanvallon, citado frecuentemente tanto por Wainfeld como por Lorenzetti).

Consistente con esta hipótesis es que el ascenso de inconstitucionalidades y cautelares se verifica tanto en CPPs como en casos que no son CPPs.


Aclaraciones de letra chica

Mas bien de carácter metodológico, apuntando que:
  • Los números deben tomarse por su valor referencial, y mas allá de transcribirlos "con decimales", no asumimos que deban ser leídos como un coeficiente exacto. Digamos que podemos conceder un margen de variabilidad del orden del 5%-10% (esto es porque los coeficientes podrían mutar según la lista de casos que se elijan como CPPs, un inventario que hemos hecho según nuestro mejor criterio, pero que admitiría variaciones y diversas configuraciones). 
  • Si un juez no votó, el caso no se considera para su cuenta personal (ni como voto oficialista, ni como voto opositor). Eso puede traer alguna filtración, porque a veces un juez que no acuerda con la mayoría decide no votar y el fallo sale sin su firma. O la mayoría aprovecha alguna ausencia/licencia del minoritario para largar un fallo sin que se registre la disidencia. Ambas cosas han pasado. De todas formas, estamos hablando de casos importantes, en los que por principio los jueces suelen votar para registrar sus disidencias. 
  • Por otro lado, un voto minoritario en un fallo adverso al gobierno no siempre y necesariamente es un voto favorable (puede, por ejemplo, tratarse de una minoría que propiciaba rechazar un recurso, mientras que la mayoría entró en el fondo y confirmó la sentencia; estas secuencias hipotéticas confluyen en resultados equivalentes). Lo mismo se aplica por carácter transitivo a votos minoritarios en fallos propicios al gobierno, que no necesariamente han de ser fallos "adversos". En la medida que nos fue posible normalizamos estos registros de minorías "ficticias" computándolos como mayorías.

lunes, marzo 02, 2015

La Corte frente al Gobierno, 1984-2014.

¿Entre 0 y 100, cuán común es que la Corte falle -o haya fallado- "a favor" o "en contra" del gobierno?

Digresión I (aritmética): la pregunta es incompleta porque no importa sólo el porcentaje, sino también el denominador de la fracción. A un equipo que convierta el 100% de las chances de gol que tiene no le va a ser fácil ganar si genera una chance por partido. Otro puede convertir el 30% de las chances, pero si genera nueve por partido va a ganar casi siempre. Por tal razón no querremos desasociar la "frecuencia" del "número total" de casos.

Digresión II (valorativa): algunos pueden pensar que el valor ideal de la tendencia debería ser cero. Otros piensan que el ideal será el mayor valor posible: una Corte será mejor cuantas más veces falle en contra del gobierno "de turno". Está claro que ambas ideas son falsas. No juzgamos la actuación del línea por cuántos offsides cantó, sino por cuántos offsides cobró mal y cuantos jugadores habilitó bien.

Por eso es que dejamos "entre paréntesis" la valoración, pero no podemos evadir la idea previa a esa valoración: tratar de cuantificar en qué medida las cortes han fallado "a favor" o "en contra". Ver si es verdad la idea de que la Corte de Alfonsín fue una corte independiente, que la de Menem fue una Corte dependiente, que la Corte post 2004 volvió a ser independiente. O preguntarnos, por ejemplo, si la Corte actual está registrando niveles superiores o inferiores con respecto a las tendencias históricas. Es un estudio que no se ha hecho. Aquí lo hicimos tomando fallos desde 1984, y este es un adelanto de algo que ya compilaremos bien en formato paper. Los apurados pueden saltarse los preliminares metodológicos e ir al gráfico que lo resume todo, total igual después van a tener que volver. Por tratarse de un work in progress, se aceptan sugerencias por público y por privado.


Preliminares "metodológicos"

La única forma de hacerlo es con datos agregados, pero su captación es trabajosa y requiere decisiones de interpretación (lo cual no significa que sean decisiones meramente subjetivas). Para verificar la influencia política de un tribunal se necesita determinar un inventario que nos determine:

  • cuáles son los casos políticamente perfilados (en adelante, CPPs) que resolvió. Esto es complejo y admite diversas configuraciones, así que al final nos extendemos un poco sobre el concepto CPP. Está claro que Ley de Medios o Reforma del Consejo de la Magistratura son CPPs. En otros casos la identificación de un CPP es más sutil, y podría dar lugar a discusiones. Contribuye a ello que muchos CPPs no han tenido repercusión mediática (ejemplo reciente: el caso "El Brujo", sobre restricciones a las importaciones, que anotamos favorable al gobierno). Pero las discusiones serían puntuales y aun con discrepancias de asignación no deberían dar lugar a cambios notables en los números que marcan tendencia, ya que nos manejamos con muchos puntos de datos (el estudio tiene pretensión de exhaustividad, no es "muestral").
  • si en esos casos votó "a favor" o "en contra" de la postura del gobierno. Esto suele ser más fácil, aunque en algunos casos puede haber sutilezas. Para simplificar, hemos optado por una tabulación "binaria" (podríamos usar otras, por ejemplo, distinguiendo niveles relativos de favorabilidad o adversidad). Cabe aclarar que a veces el Estado puede haber perdido el juicio, pero eso no impide que se deba considerarlo como un caso fallado a su favor: es lo que hicimos con el fallo de la Corte en "Chocobar", donde básicamente aceptó que debía haber actualización previsional pero dejó en libertad al Gobierno de Menem sobre cuándo y cómo hacerlo.

Concedemos que hay capas de sentido que escapan a la parametrización "a favor" o "en contra". Si la Corte falló en contra de un gobierno, pero le dio largas al asunto, en verdad lo pudo estar beneficiando. Si la Corte falló a favor de un Gobierno, pero le dio largas al asunto sabiendo que habia cautelar en contra, en verdad pudo haberlo perjudicado. O captar casos en que mas allá de haber registrado un fallo puntual adverso, la doctrina de la Corte no fue obstáculo para una política del gobierno. Podríamos citar ejemplos en ambos sentidos. Pero dejamos dicho que nuestro estudio se limita a contar simplemente en modo binario, y dejamos dicho también que esa limitación no impide que el resultado del inventario agregado sea -pensamos- muy relevante y útil para marcar el panorama y contexto en el que se inscribe cada coyuntura.


El gráfico que lo resume todo

Veamos la siguiente serie en la que adoptamos un sistema de promedios móviles bienales para agrupar registros en ciclos de 24 meses y tener referencias temporales mas amplias (de esa forma se evitan "saltos" casuales que veríamos si lo hiciéramos puramente anualizado).


Al reportar promedios móviles bienales, el primer año de la serie es 1985 (agrupando 84-85).
El plano general muestra cómo el delta del río se ensancha hacia ambas orillas a medida que fluye al este.


Algunas lecturas interpretativas

Mis primeras advertencias, muy elementales, sirven para trazar una bisectriz entre dos escenarios extremos. En primer lugar, es cierto que el kirchnerismo fue el más afectado por invalidaciones. Pero cabe poner esto en contexto: la primera fase del kirchnerismo tuvo una Corte relativamente "favorable" (en particular, avalando temas derivados de pesificación, corralito, etc., así como el juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura). Y aún en la segunda fase hay un reparto híbrido, en plan ducha escocesa, no un tribunal que sea sistemática y monocordemente adverso al momento de fallar CPPs (lo dijimos hace poco al hacer nuestro resumen de fallos de 2014).

Esto se ve en un segundo gráfico: si calculamos el promedio de eventos por año, incluso se da la paradoja de que ninguna Corte le falló "a favor" tanto como lo hizo la Corte actual con CFK, y aún así es la primera presidencia que registra "déficit" operativo en este rubro, el primer gobierno de la historia que recibió más fallos en contra que a favor. 



Lo cual nos remite a algo que exige que levantemos un poco la mirada del infighting político. Si en las épocas contemporáneas crecen tanto los CPPs fallados "a favor" como los fallados "en contra", nuestra explicación se conecta con un doble orden de razones. En primer lugar, se ha venido ampliando considerablemente el espacio de lo justiciable (podría hipotetizar que también confluyen razones técnicas como la constitucionalización del derecho, la influencia de los tratados, y también que el Estado recibe más demandas políticas, que ha emitido más leyes, etc.; todo suma). En segundo lugar, se ha venido ampliando la proporción de casos justiciables que quedan "políticamente perfilados". En esta dinámica importan más las tendencias de largo plazo (especialmente las hipótesis Rosanvallon) que las de corto plazo (como las hipótesis Helmke).

Recién dentro de una década sabremos en qué medida la expansión de lo judiciable que se observa en la última década es un fenómeno puntual o "agonal" (explicado sólo y únicamente por secuencias "de orígen político": la Corte salió a pelear al Gobierno y viceversa) y en qué medida es -como sospecho- un fenómeno más "estructural".


Epílogo: algo más sobre los CPPs

Definición: son casos políticamente perfilados los que tienen relación explícita o implícita con un tema de agenda pública cuya resolución involucra directa o indirectamente al gobierno nacional.

Los casos políticamente perfilados son escasísimos en la agenda de la Corte, dentro de su carga de trabajo, pero son el foco de atención principal en la agenda periodística. Nuestro estudio ha contabilizado 118 casos en 30 años. Pero de todos modos cabe advertir su notable crecimiento: si se suman los eventos registrados en el alfonsinismo, vemos un promedio de 2,50 CPPs resueltos por año, mientras que en el último kirchnerismo esa cifra llega a 6 casos por año.

No toda condena al Estado es un caso "políticamente perfilado". Y muchas veces el Estado no es "parte" en la cuestión, pero puede estar interesado en su resolución. Por ejemplo, se consideran casos políticamente perfilados los que involucraron pesificación de deudas entre particulares, porque se asume que el Gobierno Nacional estaba interesado en la resolución del tema conforme al sistema de pesificación asimétrica. De igual forma, se consideran CPPs los casos que afectan a un aliado del Gobierno, como la denegatoria de la reelección a Reutemann en 1994, o a Zamora en 2014. Hay líneas sutiles para la discusión, como el de considerar si el fallo que favoreció al Bambino Veira era un CPP porque Menem tenía afinidad con el imputado. Al considerar ese caso, se ha decidido que no era un CPP (no era un "tema de agenda" del gobierno la situación procesal de Veira).

Hay muchísimos casos importantes que no encuadran en la categoría de CPP: inconstitucionalidad de la incriminación de tenencia de drogas para tenencia personal, doctrina sobre aborto no punible, casos ambientales, casos de garantías penales, están en la lista de casos importantes (a veces MUY importantes) que no son CPP.

Es posible argumentar que no todos los CPPs deberían "pesar" lo mismo, y que algunos son más importantes que otros (no es lo mismo Ley de Medios que la extradición de Apablaza). Surge entonces la tentación de incluir un "ponderador". Lo he hecho y los valores tendenciales dan resultados muy parecidos a los resultados "puros". Por esa razón, preferí no incluir el "ponderador" que introduce un "ruido" adicional de subjetividad.

A partir de estos datos es posible calcular una suerte de "índice de oficialismo" en los jueces, determinado en función de las votaciones que emitieron en CPPs. Eso está tabulado y graficado en este nuevo post.


lunes, febrero 23, 2015

Difusión | Miércoles 25F: presentación de "Historia de la Corte Suprema Argentina"


Sin exagerar ni un poco, el mejor libro que se ha editado en su categoría y tema: hace un par de meses hicimos aca una breve reseña de la monumental "Historia de la Corte Suprema Argentina" -obra colectiva dirigida por Alfonso Santiago, editada por Marcial Pons en tres tomos a fines del año pasado-.

Para los que les interese el tema, y el trabajo, estamos invitando a su presentación formal, que harán Alberto Bianchi (que escribió un par de capítulos), Victor Tau Anzoátegui y Alfonso Santiago este miércoles, en la sede de Cerrito 1250 de la Universidad Austral, a las 19.00 hs.  



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viernes, febrero 20, 2015

Resumen 2014: Normativa Nacional

Cumplida la antología de fallos de la Corte, avanzamos a otro punto usual de los anuarios retrospectivos. Aquí, una selección de la normativa más relevante sancionada en 2014 (lo hemos hecho en 2013, 2012).

Año legislativo denso, el año en que cruzamos la frontera de la ley 27.000, con dos piezas hiperimportantes (dos "Códigos" nuevos, uno común y otro federal), un Digesto Jurídico del que fuimos muy críticos, y muchas cosas que son interesantes, incluyendo una reforma constitucional implícita.

La hoja de ruta de este post es la siguiente: Códigos / Leyes Nuevas / Reformas y Modificaciones / Leyes Regulatorias / Régimenes de Fomento y Promoción / Tratados Internacionales / Tratados de Extradición. Obviamente, como se dijo, es una selección, en cada rubro hay más registros que los que aquí juzgamos más importantes. Cerramos con la sección de decretos reglamentarios aplazados (de leyes anteriores a 2014). En todos los casos incluimos el link respectivo a infoleg.


Myra Bradwell (1832-1894), la primera mujer abogada de los EE.UU. (y, probablemente, de América). Un fallo de la Corte avaló la denegatoria de su matriculación en Illinois (previsiblemente, el caso es Bradwell v. Illinois de 1873) . Recién en 1971 (Reed v. Reed) y en 1973 (Craig v. Boren) la Corte fijó un estandar más exigente para las clasificaciones por razones de sexo.  En nuestra Corte el primer caso en donde se trató este tema fue "Lanteri Renshaw, Julieta" de 1929, donde se denegó el pedido de la actora de enrolarse en un regimiento (suena bizarro, pero el punto era este: tener su libreta de enrolamiento le permitiría ejercer en plenitud sus derechos políticos). La doctora (en medicina) Julia Magdalena Ángela Lanteri había nacido en Italia en 1873, y se había casado a los 37 años con un joven americano apellidado Renshaw, que tenía 23. Ignoro en qué momento Julia pasó a llamarse Julieta. Pero es la misma persona que en litigio con su inquilino pidió la inconstitucionalidad de la ley de congelamiento de alquileres, en el muy conocido caso "Ercolano c. Lanteri de Renshaw" de 1922 (espoiler: ganó el inquilino, que en este caso era el actor). Muere el 23 de febrero de 1932 cuando caminaba por Diagonal Norte y Suipacha y la atropelló un auto que se subió a la vereda. Contamos algo de la historia de Julieta en este post de 2005. El tema de discriminación por razones de sexo tuvo su doctrina argentina consolidada recién en 2000 en el caso "González de Delgado", en el que la madre de un postulante a ingresar al Colegio Montserrat pidió que se mantuviera la histórica limitación a las mujeres. La Corte avaló el régimen mixto que había impuesto en 1997 la Universidad Nacional de Córdoba.  Casi no se como fue que llegamos a esto, pero sí se por qué lo escribimos en este post.


Códigos

Ley 26.994. Código Civil y Comercial. La Ley 27.077 luego adelantó su entrada en vigencia fijándola para el 1º de agosto de 2015.

Ley 27.063. Código Procesal Penal.


Leyes Nuevas

Ley 26.932. Ratificación del Convenio de Expropiación de Repsol YPF.

Ley 26.934. Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Son "consumos problemáticos" los derivados de "adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o ilegales- o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud". Incluye la incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) de la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático.

Ley 26.939. Digesto Jurídico Argentino.

Ley 26.940. Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Complementada por la ley 26.941 de modificación del Régimen de Sanciones por Infracciones Laborales. Reglamentada por Decr. 1714/14.

Ley 26.944. Ley de Responsabilidad del Estado.

Ley 26.951. Registro No Llame. Reglamentada por Decr. 2501/14.

Ley 26.968. Prohibición de venta a menores de edad de pegamentos y solventes orgánicos volátiles susceptibles de ser inhalados.

Ley 26.970. De regularización de deudas previsionales.

Ley 26.993. Sistema Nacional de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo. Reglamentado por Decreto 202/15.

Ley 27.037. Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

Ley 27.054. Pacto Federal Legislativo de Salud.

Ley 27.096. Unificación del Fuero en lo Penal Económico con el Fuero en lo Penal Tributario.

Ley 27.120. Elección de Parlamentarios del Mercosur.


Reformas y modificaciones

Ley 26.991. De la Ley de Abastecimiento 20.680 (texto ordenado actualizado aquí). Cambio importante del sistema que se redenomina "Regulación de las relaciones de Producción y Consumo". De reglamentación reciente en sendas piezas Decreto 202/15Decreto 203/15.

Ley 27.045. De varios artículos de la Ley Federal de Educación 26.026 (obligatoriedad de educación inicial de niños de 4 años).

Ley 27.109. De la Ley de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte. Reforma varios artículos introduciendo la sanción por incumplimiento de localización o paradero del atleta.

Ley 27.073. Del art. 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (el aguinaldo de diciembre debe pagarse antes del día 18).

Ley 27.079. Del art. 252 del Código Penal (funcionario público que abandona su cargo sin habersele aceptado la renuncia).




Leyes de Fomento y Promoción

Ley 27.067. De las Artes Gráficas.

Ley 27. 098. De los clubes de Barrio y de pueblo.


Tratados Internacionales

Ley 26.960. Convención de Nueva York para reducir los casos de Apatridia.

Ley 26.971. Tratado Internacional del Comercio de Armas de Nueva York.

Ley 26.973. Acuerdo complementario de Asistencia Jurídica mutua en Asuntos Penales entre los Estados del Mercosur.

Ley 26.976. Convenio Internacional para la Represión de los actos de Terrorismo Nuclear.

Ley 26.980. Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.

Ley 27.005. Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Ley 27.027. Aprueba el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur.

Ley 27.044. Otorga jerarquía constitucional a la Convencion de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (he aquí la prometida reforma constitucional implícita).


Reglamentaciones de leyes anteriores a 2014

Decr. 140/14. Decreto reglamentario del capítulo VIII de la ley 24.660, sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Derecho a la educación pública.

Decr. 465/14. Reglamentación de la Ley 26.827 sobre Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Decr. 467/14. Reglamentación de la Ley de Servicio Doméstico

Decr. 750/14. De los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido.

Decr. 472/14. Reglamentación de la Ley 26.773 de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Decr. 1058/14. Reglamentación del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina.

Decr. 111/15. Prevención y Sanción de la Trata de Personas. Aprobación de la reglamentación de las leyes 26.364 y 26.842. Que corresponde ya al ciclo 2015, desde luego.



jueves, febrero 05, 2015

33 son mejores: repertorio y síntesis de los fallos más importantes de la Corte en 2014


Tratando de seguir la tradición (hicimos una lista de 50 fallos de la Corte en 2012 y 25 fallos de la Corte en 2013, acá van nuestro resumen de 2014. Es largo y para leerlo con paciencia, pero es lo que tendrían que contarle a alguien que se durmió hace un año y despierta hoy. Después vamos a ver si lo pasamos a un formato ebook o similar.




Aclaraciones.
  • La importancia relativa de los fallos se tabula en nuestra patentada escala de estrellas del uno al tres, explicada al pie de este post. 
  • Los fallos están listados cronológicamente en orden de aparición. 
  • Al seleccionar nos quedaron algunos en la vereda, pero en algún momento había que cerrar la lista. Se aceptan sugerencias sobre omisiones.
  • Se incluyen en cada fallo el link para verlo en formato pdf, y en algunos hay links externos a comentarios.
  • Se indica el "resultado" que tuvo el caso en términos de mayoría-minoría y se indican las transiciones que fueron bajando el número de jueces de la Corte. Verán que casi no hay fallos de mayoría "estrecha". Cae el mito de la Corte "dividida" (y, consecuentemente, el mito de que el próximo integrante será decisivo).

Cuentaporotismo "estadístico". En términos estadísticos hemos hecho hace poco una mirada cuanti sobre la Corte en este post (causas resueltas) y este post (arbitrariedad y planchas). 


Cuentaporotismo "político". Una mirada de buena fe a lo actuado en 2014 contraría esa "leyenda negra" de una Corte que adversa sistemáticamente al gobierno, que recibió buenas noticias este año (como los casos 5, 15, 23 y 29 de esta lista). Lo más importante es que la enorme mayoría de los casos de la Corte está al margen de ese obsesivo "poroteo" a favor/en contra. Esto es especialmente cierto si se toman los casos de "tres estrellas": "B-Rod c. Google & Yahoo", "Sisneros", "CIPPEC", "Intendente Municipal de Capital de La Rioja", "Kersich", de los cuales uno solo interpela al gobierno nacional. Trascendiendo la coyuntura, diré que eso no es sólo una "anomalía" de 2014, sino que es una constante, y eso me lleva a mirar con ojos esquivos las interpretaciones obsesivamente simplificadas y agonales de la función de la Corte (tanto en su versión redentora como en su versión conspirativa). Hay un montón de vida fuera de la agenda de los diarios de la semana. Como dice la Revista Panamá, no todo es política.

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1. "Palazzani", 4/2/2014 (4-0).  La Corte admitió y dio traslado a la demanda promovida por un particular por daño ambiental contra la Provincia de Mendoza para que cese en las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior. Este fallo repuso en la agenda de la Corte un conflicto entre la provincia cuyana y la Provincia de La Pampa que fue objeto de la sentencia dad en 1987 (días antes de esta resolución de 2014 habíamos dejado dicho que en esa sentencia no había cosa juzgada). Más tarde, el 21/10/2014, la Corte admitió la queja interprovincial presentada por la Provincia de La Pampa sobre el mismo tema.

2.  “Artear c/ Estado Nacional”, 11/02/2014 (4-3) Fallo que sigue la doctrina de no discriminación en la asignación de publicidad oficial ya sentado en “Editorial Río Negro” (2007, comentado aquí) y "Editorial Perfil" (2011, comentado aquí). Se condena al Estado Nacional a que disponga la elaboración y presentación de un esquema de distribución de publicidad oficial que comprenda a las emisoras de análogas características a la actora (de Canal 13 hablamos) que se ajuste fielmente a las pautas de proporcionalidad y equidad fijadas. (Petracchi y Argibay, en disidencia, declaran inadmisible el recurso extraordinario, lo que implicaba también confirmar la sentencia; la disidencia de Zaffaroni no era sobre el fondo sino que apuntaba a que el caso requería previa intervención de la Procuradora General de la Nación).

3. "Biosystems". 11/02/2014 (7-0). Por remisión a un dictamen de Laura Monti (link), la Corte acepta que el plazo de caducidad de la instancia judicial en el contencioso no opera si es que la Administración hizo "silencio", y no denegó. Caso muy técnico y ejemplo del gambito "hago interpretación conforme en lugar de declarar la inconstitucionalidad de algo" con la moraleja , explicado por Lahitou acá en su post "larga vida al reclamo administrativo previo". Nótese que es el único fallo de esta extensa lista que sale con la firma "en bloque" de los siete.

4.  “Ami Cable Holding LDT”, 25/02/2014 (6-0).    Anula una cautelar dispuesta por un juez de primera instancia de Mendoza, en una causa iniciada por Supercanal (Vila) contra Cablevisión, por la que se había dispuesto la designación de un interventor coadministrador y un allanamiento con Gendarmería en 2013. La Corte dijo que el juez Walter Bento había hecho "una creación ex nihilo del título para fundar su competencia e irrumpir en la ajena", actuando con una “ostensible ausencia de jurisdicción”, porque la causa promovida pretendía “satisfacer un objeto que contiene al que se ventila ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, consistente en impugnar y privar de validez la desconcentración empresaria entre Cablevisión SA y Multicanal”.  

5. “Claren Corporation”, 6/03/2014 (4-0).    Rechaza un pedido de cumplimiento (exequátur) de una sentencia dictada por Griesa a favor de los holdouts. El fallo de Nueva York, dijo la Corte argentina, no satisface el requisito de orden público previsto en el art. 517, inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la pretensión del accionante implicaría convalidar que éste, a través de una acción individual promovida ante un tribunal extranjero, eludirá el proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional-

6. “Loyo Fraire”, 6/03/2014 (5-2).    Importante fallo sobre excarcelaciones. La Corte -por remisión a un dictamen de Procuración (de Casal, link)- avala el criterio de que para denegar una excarcelación no basta limitarse a la remisión mecánica de las penas del delito, si no se analiza la incidencia del conjunto de circunstancias-condiciones personales y comportamiento que tuvo en el marco del proceso- en relación con la situación particular del imputado que sean relevantes para controvertir la presunción de fuga (la que no puede tener carácter irrevocable, bajo los criterios de la Corte Interamericana). La disidencia de Petracchi y Argibay es desestimación por art. 280.

7. "Mera c/ DGI", 19/03/2014 (4-0).   Otra vez, en otro ámbito, se tumban presunciones irrevocables. El art. 2° de la llamada “ley antievasión” (ley 25.345) prohíbe al contribuyente computar como deducciones o  créditos fiscales a los pagos no bancarizados aun cuando aquéllos "acreditaren la veracidad de las operaciones". La Corte consideró que esa ficción legal “pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible” y la declaró inconstitucional. Las presunciones, dice el fallo, "requieren un uso inteligente, concreto y racional" y su utilización debe limitarse "a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen".

8. "CIPPEC c/ Ministerio de Desarrollo Social”, 26/03/2014  (6-0).  La Corte ordenó al Ministerio de Desarrollo Social brindar información sobre los montos y beneficiarios de planes sociales que se tramitaron en su órbita durante los años 2006 y 2007. Deja dicho que la legitimación para presentar solicitudes de acceso a la información pública resulta suficiente con la sola condición de integrante de la comunidad para justificar la solicitud y que en la ponderación de los derechos debe prevalecer el principio de máxima divulgación de la información pública. En obiter dicta, la Corte señala la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule el acceso a la información pública. De la línea este fallo salen dos secuelas relevantes: “Gil Lavedra”, del 14/10/2014, ordenando la entrega de información que le había requerido a la IGJ el Diputado Nacional, y “Oehler c/ Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy”, fallo del 21/10/2014 (3-0) que es la explícita aplicación del criterio de “CIPPEC” a normativas provinciales.

9. “Camaronera Patagónica", 15/04/2014 (4-2).   Un día, la Corte falló contra las retenciones. Eran en verdad retenciones pesqueras y la invalidación versa sobre un breve período de 2002. Mas allá de lo acotado de su efecto, sienta principios importantes: dice que el derecho de exportación es un tributo, que tiene reserva de ley pero puede haber delegación, que las retenciones no tienen únicamente un fin "fiscal" (que el Estado tenga recursos) sino que puede asumir objetivos de política económica. Analizamos someramente el fallo en este post. Detalle: aún los que la sentencia anota como disidentes (Petracchi y Argibay) propiciaban declarar la invalidez de las resoluciones impugnadas.

10. “Comisión Nacional de Valores c/ Standard & Poor's Ratings LLC. Suc. Argentina”, 15/04/2014 (4-3) La Corte confirma multas aplicadas por la CNV a la calificadora de riesgo. Duro lenguaje (“contrariamente a lo afirmado con insistencia por Standard & Poor's los títulos en cuestión no contaban con garantía alguna de sus casas matrices”) y reivindicación de la transparencia en los mercados. Las disidencias declaraban inadmisible el recurso por 280, con lo cual el efecto práctico era también la confirmación de las multas. Una de ellas era Argibay, y esta es el último fallo relevante que firmó.

11.  “C., M. E. y otros c/ EN – INCUCAI”, 06/05/2014 (6-0).  Con remisión a la opinión de PGN (Laura Monti, link), la Corte  declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Incucai que obliga a la donación de "células madre" (células progenitoras hematopoyéticas,cCPH) del cordón umbilical. “La compulsividad que se prevé en el acto dictado por el INCUCAI, en tanto no permite la posibilidad de ‘preservar sin donar’, constituye un exceso en la reglamentación de un derecho”, decía el dictamen, que también avaló que los padres sí puedan preservar células madre para el uso propio (autólogo) en bancos privados.

12. “Pedraza, Héctor Hugo c/ A.N.S.E.S.”,  06/05/2014 (6-0).   Un "acelerador" de los juicios previsionales atascados, según este comentario de Adrián Ventura en LN. La Corte le reclama a la ANSES "un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como tribunal supremo" (doctrinas "Badaro" y "Eliff") en materia de movilidad previsional y declara de oficio la inconstitucionalidad de la intervención de la Cámara Federal de la Seguridad Social en las sentencias dictadas por los jueces federales con asiento en las provincias. Junto con este fallo, la Corte firmó en la misma fecha la Acordada 4/2014 a fin de disponer las medidas apropiadas para que se realice de manera ordenada y rápida el desplazamiento de la competencia dispuesto, formulando diversos requerimientos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Seguridad Social.


10 de mayo de 2014: muerte de Carmen Argibay. 
La Corte funciona a partir de entonces con 6 miembros. 


13.  “Sisnero c/ Tadelva”, 20/05/2014 (5-0). Un fallo de igualdad en el acceso al trabajo. Mirtha Sisnero quería ser colectivera de micros urbanos en Salta -había incluso obtenido la licencia profesional, su historia está contada en esta crónica de Mariana Carabajal en P12-, y la empresa concesionaria era específica en sus contrataciones: sólo emplea hombres. "Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos", había dicho un directivo de la empresa a la que postuló. La Corte revoca una sentencia salteña que había desestimado el planteo en un fallo que impone aplicar cargas probatorias específicas a quienes utilizan un estándar diferenciador, un principio ya sentado en "Pellicori c. Colegio Público de Abogados" de 2011, y que proyecta en este caso a casos de discriminación por género. Lo comentamos brevemente aquí. y dejamos recomendado este paper de Puga y Otero sobre el encuadre jurídico del caso.

14. "Arévalo", 27/05/2014 (5-0). Aval a la reincidencia. "El planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia debe ser desechado, pues ese instituto tiene sustento en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito" (la Corte se remite lacónicamente al fallo “Gómez Dávalos” de 1986). Excede el alcance de este post explicar por qué (y bajo qué condiciones) me parece bien el agravamiento por reincidencia. Dicho esto, era dable reclamarle a la Corte un refresh de sus fundamentos, y no una mera remisión.

15.  "Domingo Soldano", 15/07/2014 (4-0). Aval a los "cargos tarifarios", en tiempos de quita de subsidios. "La novedad de esta Corte que se presenta con credenciales repúblicanas es que ha declarado que las audiencias públicas que prevé la normativa gasífera no son una garantía pensada para el usuario (que es quién debe pagar) sino que esta pensada para cuando se debate la remuneración del concesionario. Con este muy criticable argumento, que sólo ve una cara de la moneda, la Corte entiende que en la medida que el aumento tarifario sea dispuesto por el Estado, y se destine a obras que gestiona el Estado, pues el usuario no tiene derecho a opinar", dijo JP Lahitou en este comentario.

16.  “Asociación de Bancos de la Argentina c/ Provincia de Buenos Aires” , 15/07/2014 (5-0).  La Corte declara la inconstitucionalidad de la potestad reconocida por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires a la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires (actual ARBA) de ordenar embargos y otras medidas cautelares no se extiende ni puede interpretarse que se extienda a otras provincias o a la CABA porque esa es una atribución extraña a la autoridad administrativa local. En el fallo la Corte subraya además que la ley 22.172 se refiere exclusivamente a medidas cautelares dictadas por tribunales judiciales y no contempla requisitorias administrativas de las características previstas por el art. 13 bis, quinto párrafo del citado código.




17.  “Irigoyen, Juan Carlos Hipólito c/ Fundación Wallenberg y otro s/daños y perjuicios”, 05/08/2014 (5-0).  La Fundación Wallenberg, que  había acusado a un funcionario de Cancillería de ser “cómplice del asesinato de cien judíos argentinos en el Holocausto”, había sido condenada a pagar indemnización por daño moral en un juicio promovido por el nieto del diplomático. La Corte aplicó la doctrina “Campillay” para eximir de responsabilidad a la Fundación, considerando que había basado su denuncia en diversas fuentes que citó. "El debate histórico está protegido por la libertad de expresión", dijo F. de Zavalía en este comentario.

18.  “Duarte”, 05/08/2014 (4-0).  Pasando en limpio la doctrina de la Corte IDH en el caso  "Mohamed vs. Argentina" de 2012, la Corte fija doctrina sobre el "doble conforme" aclarando que el recurso del condenado debe ser un recurso amplio, y no podía ser satisfecha por el "Recurso Extraordinario Federal". Esto incide especialmente en casos donde la acusación tuvo resultados "distintos" en dos instancias (condena y absolución, o al  revés). El ajuste procesal pretoriano de la Corte es derivar ese recurso de "desempate", no extraordinario, al mismo "nivel" de Casación, lógicamente en una decisión que van a tomar otros jueces (otra sala), dando origen a un atípico recurso "horizontal". El caso, que comentamos en este post, tiene dos secuelas importantes en casos penales de alto perfil. El mismo criterio se aplicaría a las condenas contra los integrantes del grupo "Callejeros" en la causa derivada del estrago de “República Cromañón”, en una serie de fallos de la misma fecha (5/8) que remiten a “Duarte”. Luego, el mismo principio se aplicaría en “Carrascosa”, del 27/11/2014.

19.  “Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A.” 23/09/2014 (4-0).  Se revoca una cautelar que ordenaba no aumentar el abono de la empresa, dispuesta a partir de un pedido que instó el Intendente de Berazategui alegando que ésta había incumplido determinadas resoluciones de la Secretaría de Comercio. La Corte sienta el criterio de que las autoridades locales sólo tienen competencia para el control del cumplimiento de la ley de defensa del consumidor, y no para normativa de la competencia. Preocupada por la proliferación de cautelares, razono que en ese escenario "las empresas también estarían afectadas en la previsibilidad de sus acciones, porque tendrían que fijar sus precios en función de las cautelares que se presenten en cada localidad del país". Así, la Corte estimó "necesaria" la "creación de un Registro de Acciones Colectivas en el que deban inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales del país", para "evitar el escándalo jurídico que podría representar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas". Ese registro se terminó instituyendo luego por Acordada 32/2014 del 1/10/2014, y se espera que haya una progresiva adhesión nacional.

20. “Kemelmajer de Carlucci c/ Lanata”, 30/09/2014 (5-0).  Con Petracchi, Highton y Lorenzetti excusados, Fayt, Maqueda y conjueces se remiten a un dictamen de Righi de 2012 (link) para aplicar la doctrina de la “real malicia” a favor de Lanata y revocar una condena por Daños y Perjuicios por información errónea (un informe acusaba al esposo de KdC de tráfico de influencias) que se había difundido en 2003 en “Día D”. Aún asumiendo que el relato del informe pudo haber sido parcial, y que dejó de lado elementos accesibles que hubieran podido contrarrestar un posible juicio negativo que el televidente pudo haberse formado de la actora, no hubo omisión deliberada de datos conocidos ("real malicia") u omisión temeraria. Se postula y aplica, como en "Patitó" de 2008 (y a diferencia del controvertido "Canicoba" de 2013, donde se le dio la razón al juez), un estándar propio de "personalidades públicas", según el cual el afectado tiene el deber de soportar la lesión con el fin de asegurar una de las condiciones fundamentales del gobierno republicano: la circulación libre de información sobre la cosa pública".

21. “Frois”, 07/10/2014 (4-0). Un “Llerena” para procesos de destitución: quien intervino en algún punto de un proceso (en el caso, se había destituido a un juez provincial) no puede resolver sobre su impugnación (se trataba de los jueces de la CS de Santa Fe, que habiendo intervenido en el Jury rechazaron luego el recurso). Se consolida la doctrina de la revisión judicial de los procesos de enjuiciamiento, con aplicación de garantías propias de juicios penales. Este fue el último fallo importante firmado por Enrique Petracchi.

22. “Pilquiman, Crecencio el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural”, 07/10/2014 (5-0) Pilquiman, miembro de una comunidad indígena, había demandado al Instituto Autárquico de Colonización (IAC) de Chubut por haber adjudicado en venta a un particular una superficie aproximada de 2500 hectáreas en donde se encuentra un cementerio de la comunidad indígena. Revocando una sentencia del TSJ Chubut, la Corte dijo que no puede denegarse a las comunidades la tutela judicial de sus derechos de consulta y participación respecto del territorio y los recursos naturales, contemplados en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Recomendamos el comentario de Silvina Ramírez en Infojus.



12 de octubre de 2014: muerte de Enrique Petracchi. 
La Corte funciona a partir de entonces con cinco miembros. 
Desde esa fecha, y hasta que se designe un nuevo juez, pueden salir fallos con tres votos.  


23. “Moyano Nores”, 28/10/2014 (3-0).  Primer fallo sobre control de cambios, pelota a la tribuna. El actor inició demanda a fin de obtener autorización para adquirir mensualmente dólares para cancelar préstamos hipotecarios que había celebrado en esa moneda. La Corte, en virtud de la nueva normativa que rige la cuestión (la posibilidad de comprar moneda extranjera para ahorro, desde enero de 2014), declaró inoficioso pronunciarse: el actor "se encontraría en condiciones de adquirir los dólares suficientes para la cancelación mensual de los intereses de los mutuos a los que aludió al promover la acción de amparo y, eventualmente, en caso de no satisfacer el accionante los, recaudos previstos en tales disposiciones, la validez o invalidez constitucional de la referida reglamentación de acuerdo con las impugnaciones que eventualmente aquél pudiera formular, extremos sobre los que no corresponde que la Corte se pronuncie en los presentes autos, máxime al no haber sido esas cuestiones objeto de debate entre las partes ni de pronunciamiento de los jueces de las anteriores instancias".

24. “Villavicencio”, 28/10/2014 (3-1).  La Corte, por mayoría, confirmó el fallo que había declarado procedente la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, bajo expresa condición de la garantía de que no le será impuesta ni ejecutada la pena de muerte bajo ningún concepto. Zaffaroni, en disidencia, consideró que correspondía suspender en un plazo por treinta días la decisión sobre la procedencia de la extradición para someter al requerido a proceso por el cargo de "asesinato en segundo grado", a fin de que el país requirente esclarezca si la pena de "cadena perpetua" que eventualmente se le impondría admite alguna posibilidad de libertad, ya que si se tratase de una pena privativa de libertad realmente perpetua, resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

25.  “AEDBA”. 28/10/2014 (3-1).  Se deja sin efecto una resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que, a pedido del Estado Nacional, había levantado la medida cautelar de “no innovar” que les permitía a los diarios computar como crédito fiscal los aportes patronales, un benefició dado a término por un decreto cuya vigencia caducó el 31 de julio de 2003 (nota de color: la concedió un juez que luego fue designado funcionario del gobierno nacional). La Corte razonó que la caducidad del beneficio había sido discriminatoria (dijo que que "la política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión") y recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA estableció que los Estados no deben utilizar la aplicación de normas tributarias y de impuestos como medio de presión directa e indirecta dirigida a silenciar la labor periodística. Esos principios son correctos, pero el fallo tiene conceptualmente varios problemas, que exceden esta reseña sintética (p.ej.: con ese criterio todos los rubros que no tienen rebaja de IVA, como si tienen los diarios, podían alegar que son discriminados).

26. “Rodriguez, María Belén c/ Google Inc y otro y otros s/daños y perjuicios”, 28/10/2014 (3-2)     Catalogado oficialmente en la Corte bajo el tag "medios de comunicación", B-Rod fue el caso más importante del año, y el único que tuvo su instancia de (muy interesantes) audiencias públicas en la Corte (sobre el declive de las audiencias en la Corte nos explayamos aquí). En un voto que dio mil vueltas en el cuarto piso, la Corte se jugó por dejar a salvo la responsabilidad de los buscadores toda vez que la ilicitud de un contenido sea "manifiesta" (de lo contrario, los contenidos sólo pueden retirarse por orden de una autoridad judicial o administrativa competente). La mayoría no simpatiza con los filtros -la analoga a la censura- y que toda forma de filtrado excluyente de contenidos ("a futuro") tiene una presunción adversa de inconstitucionalidad, un principio que "sólo podría ceder frente a supuestos absolutamente excepcionales". Lorenzetti y Maqueda, a mitad de camino entre el voto concurrente y la disidencia parcial, hablan de la existencia una acción ("hábeas internet" parece ser su etiquetado más probable) para que los "motores de búsqueda" sean obligados a prevenir futuros "eventos dañosos" . Lo comentamos en este post.

27.  “Intendente Municipal Capital c/ s/amparo”, 11/11/2014 (4-0).   Abriendo el juego a la inconstitucionalidad por omisión, la Corte exhorta a que la provincia de la Rioja sancione una ley de coparticipación local. Importantísimo fallo que comentamos en este post.

28. "Quiroga", 11/11/2014 (4-0).  Siguiendo la línea de "Badaro" y "Eliff", la Corte revoca la sentencia en relación a la interpretación del organismo previsional que únicamente supedita el monto de la PBU a las posibilidades presupuestarias reconocidas por la autoridad de aplicación, aunque "condicionó ese aumento ... a que la diferencia entre el monto que se pagó y lo que se debió haber pagado, implique para el jubilado una merma significativa" (frase del comentario de AV y Silvia Stang para La Nación).

29.  “Whirlpool Puntana”, 11/11/2014 (3-0).  Otro fallo sobre retenciones, ahora en el contexto del Mercosur. La cuestión a resolver por la Corte radicó en determinar si los derechos de exportación instituidos mediante resolución del Ministerio de Economía se encontraban en pugna con las disposiciones del Tratado de Asunción. La Corte concluyó, correctamente, que mas allá de la retórica de "libre tránsito" el Tratado de Asunción no impone prohibición de imponer derechos de exportación intra-zona. Algunos imaginaron este fallo como una suerte de partida de defunción del Mercosur, y la verdad es que para nosotros es un sinceramiento: el Mercosur siempre fue eso (y en parte, sus limitaciones son también la condición de posibilidad de su existencia). Comentado por Lahitou en Bastión. Como nota de color, he aquí un comentario laudatorio de Ricardo Echegaray publicado en Ámbito.

30.  “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses”, 2/12/2014 (3-1) A propósito de un amparo por el servicio público de la ciudad de Nueve de Julio (contaminada con arsénico), la Corte "rescata" dos "piezas perdidas" de su Anteproyecto de Código: derecho al agua y acción colectiva. Con algunas precisiones procesales que especifican el contorno de la acción colectiva, la Corte mantiene la cautelar que ordena a Aguas Bonaerenses asegurar un suministro de agua potable a Nueve de Julio. Sobre el fondo, la Corte dice que debe reconocerse la tutela judicial del derecho al agua potable como bien público fundamental y condición previa para la realización de otros derechos humanos.

31. “Codina”, 11/12/20114 (3-2).  Fallo cortísimo que ratifica dos conceptos de la Corte: inconstitucionalidad de oficio ("Banco Comercial Finanzas" de 2004 y "Rodríguez Pereyra", de 2012) y libertad gremial ("ATE" de 2008, "Rossi" de 2009). La solución adoptada fue que la indemnización agravada establecida en el art. 52 de la ley 23.551 para los supuestos de violación de la garantía de estabilidad que ampara a los dirigentes sindicales abarca también a aquellos que están enrolados en sindicatos que no tienen "personería gremial". Las disidencias son 280s.

32. “Camara Minera de Jujuy y Provincia de Jujuy c. Estado Nacional”, 30/12/2014 (5-0).  Con un palito para el Ejecutivo que no reglamentó una ley sancionada hace cuatro años, la Corte deja sin efecto la cautelar dictada por un Juzgado de Jujuy contra la ley de protección de glaciares. Este fue el último fallo importante firmado por Raúl Zaffaroni.

33. "Villarreal c/ Máxima AFJP”, 30/12/2014, (3-1).  La Corte por mayoría declaró la inconstitucionalidad de la tranferencia al ANSES de los importes ingresados al régimen de capitalización bajo la figura de "imposiciones voluntarias" y/o "depósitos convenidos". El impacto de ello sobre el sistema de transferencias de AFJPs a ANSES es muy acotado, porque fueron pocos los afiliados que hicieron aportes voluntarios a la previsión privatizada. La disidencia es de Highton.


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Nota sobre el Sistema de calificación SADER®. Las estrellas no pretenden evaluar "calidad" o "corrección" del resultado. Se consideran dos variables: el interés "técnico-jurídico" (TJ) y el interés "sistémico, institucional o político" (SIP) y en función de ellas se atribuyen de una a tres estrellas.

Caso que presenta interés TJ o SIP (pero no ambos)
Caso de interés TJ y SIP
Caso de formidable interés TJ y SIP

--- Las fotos de este post (carteles a la vera de la "Ruta del Desierto" en La Pampa) son del excelente blog de viajes de Sir Chandler
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