saberderecho.com

Algo sobre teorías y prácticas del derecho

domingo, agosto 21, 2016

¿Qué es una audiencia pública?

Ya hemos hecho nuestro análisis del fallo CEPIS y prometimos como bonus track un apartado dedicado a explicar cómo debe hacerse lo que allí no se hizo. Es decir, la audiencia pública previa, que ya sabemos que es una condición de validez (no la única, ya que hay otras relacionadas con la razonabilidad de cuantías) de los procesos de redeterminación de tarifas.

Hablaremos entonces de eso en abstracto, y luego ya en concreto de la audiencia que se viene por el aumento en gas.

Qué cosa es una audiencia pública: doctrina y jurisprudencia

Recordamos lo que dice Gordillo en un capítulo de su "Tratado de Derecho Administrativo" que está dedicado a las Audiencias Públicas:

Cabe distinguir la “pública audiencia” o sesión pública para enfatizar que en la audiencia pública no se trata de celebrar una sesión con asistencia pasiva del público, periodismo, etc., como lo son las del Senado cuando trata el acuerdo para designar a un magistrado (conf. art. 99, inc. 4° de la Constitución), las del plenario del Consejo de la Magistratura o las de las comisiones parlamentarias, sino en la cual el público es parte interesada y activa, con derechos de naturaleza procedimental a respetar dentro de la concepción del debido proceso constitucional; con derecho de ofrecer, producir prueba y controlar la que se produce, alegar, etc.
Y recordamos también que en CEPIS la Corte (cons 18 voto mayoria) las sustentó en un doble orden de razones, diremos, deontológicas y pragmáticas:
La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información "adecuada y veraz" (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se adoptan. 

Dos condiciones de cumplimiento imprescindible

El considerando siguiente habla de dos condiciones "de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente se persigue es profundizar el fiel ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y no acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal de instituciones nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente aumentan sus credenciales democráticas y que solo pretenden legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad".

Esto es relevante porque en algún momento de la saga el Gobierno anunció que iba a hacer una "audiencia pública informativa", lo que implicaba que no habría participación activa del ciudadano, y no sería pública en el sentido expuesto. Iba a ser, en realidad, una conferencia de prensa con un nombre macanero y pomposo.

Bailando tango. Paso o "corte" llamado tijera, Buenos Aires 1903.
@AGNArgentina - Inventario 295456.

Veamos esas dos anunciadas condiciones.

En primer lugar está la de que el Estado tiene que mostrar allí lealmente todas sus "cartas" (elementos de información, con máxima desagregación estadística, indicación de fuentes) para cumplir con el derecho de los usuarios a recibir "información adecuada, veraz e imparcial".

La capacidad de acceder a una información con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos.

La segunda condición es el plus deliberativo que adscribe a la audiencia, ya que el Estado -que es el único que va a tomar la decisión, ya que no tiene naturaleza asamblearia- debe justificar sus actos administrativos generales con sustento y correlación con lo ventilado en la audiencia. En términos de derecho procesal, hablaríamos de "congruencia" entre los elementos arrimados a la audiencia y la decisión.

Me tomo entonces el trabajo de auscultar dos párrafos finales del considerando 19, resaltando en amarillo lo que parecen ser advertencias para los audiencistas y en verde lo que parecen ser advertencias para el gobierno:

La segunda condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio  responsable de ideas en igualdad de condiciones y mantenga en todo momento el imprescindible respeto por el disenso, bajo el connatural presupuesto de que constituye un foro de discusión por un tiempo predeterminado en función de las circunstancias del caso y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública.  
Y por último, este derecho compromete, precisamente, ese momento decisorio, pues todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y el modo en que ellas inciden en las medidas que se adoptan

Este párrafo está también en el considerando 15 del voto de Maqueda y es similar a lo que dice Rosatti en sus cons. 16 y 17. Ambos incluyen antes de eso una referencia histórica a la Convención Constituyente de 1994 en la que participaron como convencionales, mostrando que el despacho original hablaba de una audiencia que se establecía en la condición de "consultiva", palabra que fue suprimida luego de un debate en el que una amplia mayoría expresó que ese término era cercenante y limitativo.

En su voto, Rosatti dice algunas cosas mas en su considerando 16, que incluye cita deliberativista de Nino, caracterizando a la audiencia como:

un mecanismo participativo "abierto" (desde el punto de vista de los partícipes), "amplio" (desde el punto de vista temático) y "deliberativo" (desde el punto de vista actitudinal), requisitos que no se congregan en cualquiera otra modalidad participativa.
(...)
Desde el punto de vista gnoseológico la audiencia pública es el procedimiento que permite exponer, intercambiar y refutar opiniones técnicas y, como consecuencia, ratificar las percepciones iniciales de sus partícipes o bien modificarlas como consecuencia del debate. Es el mecanismo apto no solo para salir de la ignorancia sino también para construir alternativas que permitan formular una síntesis que dé cabida a la mayor cantidad posible de opiniones diferentes pero no contradictorias.
Desde el punto de vista democrático la audiencia expresa  la concreción práctica de la deliberación pública, exigencia imprescindible para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en materia de servicios públicos. Se trata de un recaudo que, aunque procesal en su origen, es sustantivo por su consecuencia, en tanto formador de ciudadanía. En efecto, la participación deliberativa es lo que diferencia al usuario del mero administrado y es también lo que impregna de legitimidad a la decisión de la autoridad de aplicación. Finalmente, y no en menor grado, en la medida en que vincula fuertemente a la participación con la construcción de las decisiones públicas, la práctica de las audiencias contribuye a fortalecer "el valor epistemológico de la democracia" (Nino, Carlos Santiago, "La paradoja de la irrelevancia moral del gobierno y el valor epistemológico de la democracia", en AA. VV., "En torno a la democracia", Ed. Rubinzal-Culzoni, 1990, pág. 97 y ss.).

La audiencia pública que se viene

Luego del fallo adverso de la Corte, el gobierno dispuso la convocatoria a Audiencias Públicas para determinar el precio del gas (Res. 3953/2016 ENARGAS), fijandola para el lunes 12 de septiembre de 2016 a las 9:00 horas.

Esta audiencia está convocada correctamente siguiendo los parámetros del Reglamento de Audiencias Públicas para el gas dado en la Resolución 3158/2005.

Entonces,

  • Podrán participar en la audiencia pública "toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva" sobre el aumento de la tarifa.
  • Los interesados pueden inscribirse hasta dos días antes de fecha de la audiencia y para ello deben presentar un informe por escrito que refleje el contenido de la exposición a realizar.
  • Las personas que asistan sin inscripción previa podrán participar únicamente mediante la formulación de preguntas por escrito.
  • Cada participante tiene derecho a por lo menos 5 minutos de exposición, aunque el Enargas puede establecer un tiempo máximo de intervención y exigir la unificación de exposiciones de tenor y contenido similar, lo que tiene sentido para evitar el filibusterismo y la prolongación de la audiencia ad infinitum.
  • Luego de la audiencia, el Enargas tiene diez días para hacer un informe de cierre con el reporte sumario de las intervenciones e incidencias de la audiencia. Este informe es la base para el dictamen final que deberá emitirse luego dentro de los 30 días siguientes.

Entiendo que la convocatoria, correcta en lo formal, es todavía insuficiente en sus elementos informativos. En primer lugar, parece engorroso que los interesados tengan que ir a ver el expediente. Una alternativa muy razonable sería digitalizarlo entero, o al menos en sus partes sustanciales, para permitir la consulta a distancia y offline. 

Aún así, el Enargas debería hacer un informe ejecutivo de cuál es la medida que se propicia, vale decir, exponer sumariamente una maqueta del nuevo cuadro tarifario -¿va a replicar lo que se anuló, o va a proponer alguna otra cosa?- o un menú de propuestas que está postulando para implementar el reajuste, explicando de un modo accesible cuáles son los elementos, parámetros y valores que nutren sus planillas de cálculo. 

Sin toda esta información, todo el que concurra a la audiencia estará opinando "al voleo", y lo que ocurra no servirá como insumo idóneo para la decisión final.

Ese importante punto, hoy por hoy, está ausente. 


Audiencias 2.0

Funcionando todo como si se estuviera discutiendo un aumento en el área metropolitana, la Audiencia se hace en un solo punto del país: concretamente, en la "Usina del Arte", y hay que inscribirse en el Enargas (Suipacha 636, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.), que son los mismos horarios en que se puede revisar el expediente.

Esto representa un obstáculo insalvable a la participación de al menos la mitad de los involucrados en el proceso, que son usuarios del interior del país. Al respecto, la operatoria práctica de las Audiencias podría haber tenido en cuenta ello y realizar audiencias simultáneas (por teleconferencia) o sucesivas en distintos puntos del país: no será necesario exigir que se hagan en tres mil ciudades, pero si al menos una regionalización discreta que permita también tomar registro de eventuales impactos diferenciales según el lugar de que se trate, algo que es muy obvio en el caso de la necesidad del gas domiciliario.

Paliativo: la convocatoria del gobierno dispone "Instruir al Departamento de Tecnología de la Información ... a habilitar una herramienta informática para facilitar la participación virtual de los usuarios e interesados en las materias objeto de la Audiencia Pública, debiendo las presentaciones realizadas por este medio ser debidamente consideradas en oportunidad del informe de cierre previsto en el Artículo 21 del Procedimiento de Audiencia Pública". Se aclara que la participación de los interesados por esta vía se extenderá hasta el día y hora de finalización de la Audiencia Pública.

Concediendo que el rebusque digital puede funcionar como supletorio de la regionalización física del procedimiento previo, es algo cuya factibilidad e incidencia recién veremos al momento de realizarse la audiencia. Deseable sería que no estuviera sujeto a requisitos de conectividad excluyentes, y que se arbitren los medios para que los interesados puedan participar vía skype, google hangouts y las plataformas de video digital domésticas más populares.

Sobre este tema, es cierto, el retraso de tarifas trajo consigo también el adormecimiento de la práctica de las audiencias. No hay, de hecho, registros recientes de audiencias públicas de alta visibilidad a nivel nacional (sí las ha habido, en temáticas varias, a nivel comunal y provincial). Una muestra cabal de ello es la audiencia pública de 2005 para tarifas de gas que el gobierno invocaba como antecedente validante de la última suba fue especialmente desangelada y que según esta crónica de Diego Cabot el evento no convocó a más de 50 personas (!).

Evidentemente, luego de su su virtual desaparición del vocabulario usual de puntos decisorios, su estelar regreso va a generar no solo problemas de logística, sino también de concepto., y el gobierno debería advertir que no debe tomárselo como algo ritualista y sanatero, sino una oportunidad para ver en qué medida puede y debe afinar el lápiz.

viernes, agosto 19, 2016

La Corte y las tarifas, diez cosas que tenemos que saber


Una encuesta que hicimos (simplemente de ambiente, no asumo representatividad) nos había dado este descalce entre el debería y el pronóstico. Forzado a elegir entre extremos, el 62 % propiciaba una solución anulatoria, pero sólo el 32 % creía que eso sería lo que haría la Corte.

Aquí en su momento especulábamos que iba a haber "un surco de hipotenusa moncloa entre el cateto del tarifazo y el cateto del anulazo", cosa que finalmente en cierto sentido sucedió, pero no como lo imaginabamos.


Veamos un rapido punteo, entonces, del voto mayoritario de "CEPIS" (60 páginas -aca en pdf-, no hay disidencias, solo luego verán pequeñas variaciones en sendos votos concurrentes de Maqueda y de Rosatti por separado) que con otros matices y fundamentos sigue la línea del compacto dictamen de Procuración conocido ayer.

El CIJ hizo una nota de difusión extensa sobre el caso "CEPIS", del cual partimos para hacer foco en lo que nos parece más destacable, en un fallo que adelantamos, que estará sin duda en el top five de la década no solo por impacto político sino también por algunas muy específicas precisiones técnicas.

1. Para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio.
2. La Audiencia pública previa es necesaria también para la fijación del precio del gas en "boca de pozo".
3. La ley de emergencia que otorga facultades temporarias no puede habilitar subas que serán permanentes. Y las audiencias del 2005 no sirven para justificar el aumento de 2016.
4. El aumento se anula respecto de los usuarios residenciales.
5. El aumento no se anula para los usuarios no residenciales... que podrán hacer igualmente su reclamo.
6. Se mantiene la tarifa social.
7. Acción de clase, su hora más gloriosa
8. Defensor del Pueblo: a cubrir la vacante.
9. Tarifas: de judicialización contingente y subsidiaria, su fijación es potestad del Ejecutivo (sujeta a controles).
10. Criterios aplicables a reajustes de tarifas: razonabilidad, gradualidad y universalidad del servicio básico.
El tono de nuestro post será más bien de reporte, recomendamos leer lo que dice Gargarella con algunos acuerdos y algunos problemas.

Vamos por partes.


jueves, agosto 18, 2016

Sobre la constitucionalidad de una reforma de la constitución por ley

Fusionando varios proyectos presentados por varios legisladores provinciales a lo largo de varios períodos legislativos, la Legislatura bonaerense puso límites a la reelección indefinida de senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares (el abuso de la reelección en el cargo de consejero escolar, he ahí un tema subestimado por la literatura de la ciencia política global).

Mapuches tomando mate mientras se asa la carne, c. 1890
@AGNArgentina - Inventario 303579.

Aquí la pregunta pertinente no es si nos parece bien esto (diré que estoy "a favor" en forma más intuitiva que razonada) el problema es si la legislatura es competente para introducir prohibiciones o restricciones a la eligibilidad no enunciadas específicamente en la Constitución.

Nos referimos, claro a la Constitución Provincial, que no incluye una previsión expresa que establezca o habilite al legislador restringir la posibilidad de reelecciones en ninguno de los casos contemplados.

Esto significa que el legislador está incluyendo, por ley, un contenido materialmente constitucional (establecer una restricción a la eligibilidad) sin recurrir al proceso de reforma constitucional.

La tentación es fuerte porque la restricción a las reelecciones es una cuestión que tiene una plausible aquiescencia extendida, con cargos que aparentemente "se perpetúan" (inserte aquí ejemplos de prescripción veinteañal y treintañal que mas convengan a su color político de Quindimil a Posse). Y esto es también una lástima, porque a diferencia de la nacional, la Constitución Bonaerense admite un procedimiento de reforma por enmienda que no exige de una trabajosa convención reformadora, y que se podría plebiscitar con resultado favorable en las elecciones de medio término para hacer las cosas comme il faut.

El problema es que estirar el marco de lo reglamentable por ley es un camino de ida. Es sentar un precedente que perfora la rigidez constitucional, y hace que legislaturas con mayorías transitorias puedan cambiar reglas del juego que les parezcan pertinentes y progresistas.

Aparecen así razonamientos del tipo: si la Constitución ha limitado la reelección del gobernador, es obvio que debe limitarse la de los intendentes, lo cual es da de patadas con el hecho de que si en un caso se puso y en otro no, es porque para admitir la restricción era necesario ponerlo.

La lógica de este tipo de precedentes que hoy nos resultan aprobables mañana podrán ser usados para algo que no nos guste, y no tendremos ya un argumento constitucional. Y la agregación de precedentes provinciales en donde se reforman implícitamente constituciones por ley puede sentar la base para embates legislativos contra la Constitución Nacional. Y eso, visible, improbable, o no, es siempre un riesgo.

A propósito de ello: en ningún escenario imagino al Congreso Nacional limitando la reelección de diputados y senadores de la Nación. La razón por la cual eso no está en el marco de lo imaginable, y en cambio se propicia para el caso de una provincia, es que muchos (empezando por muchos constitucionalistas emotivamente unitarios) no se toman en serio la fuerza normativa de las constituciones provinciales, y por ende aceptan rebusques para que se reformen por vías impropias.

Posdata: en tema municipios hay un pequeño elefantito en la habitación, algún día deberá hablarse de ello. La Constitución asegura autonomía institucional a los Municipios. Esto significa la posibilidad de que los municipios se dicten, dentro de un marco provincial, y por un proceso especial, sus propias cartas orgánicas. Esta disposición introducida en 1994 está un poco en desfase con las provincias que -como PBA- se ciñen a un régimen de "Ley Orgánica" única para todas las municipalidades, y adoptan un régimen que les deja casi prácticamente nulo margen de auto-organización institucional. 

jueves, agosto 11, 2016

Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina (2016)

Se dirá desde el principio: aquí no podemos ser del todo neutrales ya que somos parte del colectivo extendido (46 autores/as, mas Roberto Gargarella y Sebastián Guidi en doble rol de autores y coordinadores) que escribe en esta obra, mas allá de que nuestra cuotaparte es pequeña.

Dice una parte del prólogo:

Nuestra intención fue la de presentar un panorama completo de los aspectos regulados por la Constitución Nacional. La instrucción que nos dimos fue compleja pero precisa: debíamos elaborar una obra que fuera de utilidad para toda la comunidad jurídica, que pudiera ayudar a resolver problemas efectivos, y que al mismo tiempo sostuviera nuestro compromiso con el ideal de una democracia igualitaria, basada en una discusión pública inclusiva. Cada artículo pretende ser una expresión de esos valores y compromisos compartidos.

El libro es vasto (dos tomos de mas de mil páginas cada uno, 85 secciones), y tiene pretensión de completitud. La idea de la obra es armar un producto que fuera a la vez descriptivo del "estado del arte" relevante para la práctica constitucional (y subconstitucional), y analítico-constructivo de sus fundamentos y fronteras teóricas. Está organizado en "artículos", que tienen esa visión descriptiva de doctrina y jurisprudencia; y "columnas", que avanzan en proposiciones normativas o críticas.

Aparecen así desarrollados:

  • Tópicos muy puntuales: por ejemplo, los aportes de Gargarella sobre Justicia dialógica, o su análisis sobre si puede "autoconvocarse" el Congreso a sesiones extraordinarias), 
  • Tópicos transversales (Federalismo de Damián Azrak; Razonabilidad de  Gabriel Bouzat. Igualdad, de Laura Clérico, Martín Aldao y Liliana Ronconi), 
  • Análisis sobre artículos o incisos (la lectura laicisista de Marcelo Alegre del art. 2º; el análisis de Gargarella sobre el art. 22 -"el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes"; el mío, sobre la "cláusula comercial" del art. 75 inc. 13 y lo que implica en el deslinde de competencias Nación / Provincias; el de Nicolás Tauber sobre Estado de Sitio, el de "derechos no enumerados" de Sebastián Elías)
  • Otros que trascienden cláusulas o tocan temas específicos (Derechos de las víctimas de delitos, por María Luisa Piqué; procesos colectivos por Gustavo Maurino; Rama Alvarez Ugarte sobre pluralismo; Grosman sobre Defensa de la Competencia, Victoria Ricciardi sobre Derecho a la vivienda)


Asumiendo que me caben las generales de la ley por lo ya dicho, diremos que "Comentarios de la Constitución" aparece como una obra de referencia ampliatoria que está, creo, en ese lugar en el que ponemos a los cuatro tomos de la Constitución Comentada de Sabsay-Manili (la obra que contamos tiene al final un índice por artículo para organizar la búsqueda de ese modo); o al Tratado de los Derechos Constitucionales de Legarre - Grosman - Rivera -  Elías (tres tomos; también participamos ahí). Es acaso por diseño y por peso específico un compendio con el que se puede "estudiar" (pienso en estudiantes de grado), con el que se puede "ejercer" (esto es, de valor práctico para el abogado, para magistrado, etc.), y "volver" a estudiar (pienso en la profundización de los niveles de posgrado, en alguien que quiera trabajar una tesis), con diferentes combinaciones de estas cepas según el artículo.

En el contenido hay un etcétera largo que excede por cierto nuestro recorte arbitrario; acá pueden ver el > índice completo < que es también un recordatorio del amplio espectro que cubre hoy el derecho constitucional realmente existente.

Oficialmente el libro salió creo hace un par de meses, editó La Ley aka Thompson Reuters, así que seguramente está en status de conseguible en librerías del ramo y online (hay una versión digital tb).


lunes, agosto 08, 2016

Queso o manteca -- y la problemática regulación del abastecimiento.

Leíamos la semana pasada en esta nota:

“Hay una decisión empresarial de hacer más queso porque les permite un mayor margen de rentabilidad”, aseguró el funcionario, con escaso rigor técnico, ya que la materia prima para elaborar manteca proviene casi en su totalidad de la grasa que se retira del procesamiento de leche descremada en polvo que se utiliza para la industria y en mucho menor medida de lo que se quite a quesos magros. Respecto de qué puede hacer el gobierno para corregir esta situación, Buryaile dijo: “Hay decisiones empresariales en las que no nos podemos meter”.
Ignoro si hay o no tradeoff entre quesos y mantecas como habría entre cañones y mantequilla en el ejemplo de manual de economia 101. Pero asumo que hay una batería de cosas que se podrían hacer bajo la ley vigente. Y al mismo tiempo, no ignoro que algunas de esas cosas pueden no estar bien hechas.


Afiche del gobierno contra la especulación, 1946.
Archivo Intermedio --- @AGNArgentina
Por eso el tema nos hizo acordar de un enorme libro que salió el año pasado, y que merece que le hagamos una reseña informativa. Se trata del "Tratado de la regulación para el abastecimiento", un grueso volumen de 950 páginas (Ábaco) que lleva el subtítulo de "Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción", escrito por Santiago Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade. Es un fantástico recordatorio de la gran cantidad de capas geológicas de instrumentos regulatorios usados y sin usarse (recordamos el escándalo que suscitaba la determinación del precio del papel prensa, que finalmente no tuvo trascendencia o impacto alguno).

Necesariamente, no es un libro "jurídico" (de fallos, hermenéutica, reglamentos, etc.) sino también de law & economics, lo que está bien y es necesario. En ese marco, señalo que hay a mi juicio una candidez hayekiana-hazlittiana sobre la eficiencia de los mercados en determinar precios y niveles de oferta y demanda óptimos de forma automática. Hay ahí un riesgo: eso carga los dados y sesga el análisis jurídico ulterior, porque en la práctica se seguirá de ello la presunción de inconstitucionalidad de toda norma que entorpezca la espontaneidad del mercado. En todo caso, al molde constitucional le cabe "adentro" un vasto abanico de políticas legislativas (creo que Alfredo Palacios decía incluso que la República perfectamente adoptar un régimen socialista sin modificar "ningún artículo" de la Constitución de 1853/60), o como dijo alguien una vez en un fallo, Fourteenth Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer’s Social Statistics.

Luego, y para no exagerar el punto, reporto que los autores conceden, por ejemplo, que los subsidios pueden ser razonables para lograr el abastecimiento, de forma coyuntural, no permanente, en condiciones de igualdad, etc. Tal vez sea necesario, igualmente, tener en cuenta eso para no incurrir en el prejuicio inverso: presumir a libro cerrado que "toda" intervención legal autoproclamadamente correctiva es razonable, adecuada y proporcional.

Recapitulando, sabemos que hay varias vallas que deben pasar los instrumentos regulatorios: algunas son procedimentales -los derechos deben regularse por ley, no por reglamento; las sanciones deben tener también ese origen, principio al que llamamos "reserva de ley"- y otras sustantivas -razonabilidad, no beneficio ni perjuicio arbitrario; no confiscatoriedad-. El régimen anterior de "Ley de Abastecimiento" nº 20.680 -sobre cuya "vigencia" se discutió mucho a la luz del decreto desregulatorio del 91-, tuvo aplicación muy poco consistente y eso disimuló sus defectos constitucionales; la nueva "Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo" (nº 26.991, de 2014) corrigió algunas de esas demasías (se nota ya en el rebranding del nuevo nombre, y en detalles como la supresión de facultades expropiatorias, etc.) aunque no puede evitar pisar los flejes de la delegación legislativa permanente. Aquí hay de todos modos cierto punto ciego, porque no hay todavía una clara visión jurisprudencial de donde encontrar el límite entre la delegación de facultades legislativas y la delegación de facultades meramente de aplicación o de reglamentación de la ley (recomiendo el "Tratado de la Delegación" de Alfonso Santiago, un libro que tiene ya diez años, para ahondar en esta materia).

El libro pasa informada revista a todas estas consideraciones y sus instrumentos -medidas de control de precios, medidas de control de producción, régimen infraccional, etc.- con un ojo muy crítico y exigente, y recomiendo leerlo y tenerlo como GPS de todos los obstáculos y objeciones presentables.  En el camino hay ideas laterales muy lúcidamente captadas. Alguna vez hablamos de la necesidad de pensar en serio el "derecho premial", y recordamos eso cuando los autores confrontan la idea de que los subsidios integran la actividad de "fomento", y dado que no implican reglamentación, y que tienden a ampliar derechos, no están sujetos a (valga el juego de palabras) las restricciones que se aplican a la aplicación de restricciones. Su tesis, absolutamente correcta en lo conceptual, es que las medidas no coercitivas cuya función es redireccionar conductas deben "mirarse" como reglamentaciones implícitas. Es decir: acaso pensar que si hay reserva de ley para el palo, también podría haberla para la zanahoria.

Al final del día, volvemos a repensar si, en definitiva, hay espacio o no para una regulación que cumpla funciones virtuosas para el bien común, si es que aparece necesario corregir ex ante o ex durante fallas de los mercados. Mi opinión es que el derecho no está vedado de incidir en decisiones empresariales, mas allá de que siempre habrá un problema de modos y medios y medidas. El paradigma del "abastecimiento" ciertamente es obsoleto, cortoplacista, y de trabajosa compatibilidad con los estándares de solvencia del Estado de Derecho. Descartando el decisionismo impulsado por tracción a DNUs y las dinámicas de "orden verbal no documentada"; vemos modelos parciales y relegados que pueden incidir legítimamente en las "decisiones empresariales": el derecho de la competencia, el derecho del consumidor, el derecho del fomento enmarcado en un esquema de leyes formales, y un sistema que no se prive de aplicar mecanismos de intervención en una legislación delegada de "riendas cortas". Curiosamente, el sistema que con sus bemoles mejor funcionó y hasta sobrevivió al cambio de gobierno no fue el represivo/ordenatorio, sino uno de "acuerdos", el sistema de "Precios Cuidados", un dispositivo de anclaje normativo atípico. Luego habrá otra discusión: la vocación política que pueda tener alguien para promover tal complejo de regulación 2.0, y la vocación y pericia técnica necesaria para llevarlo adelante adecuadamente.

---- El libro tendrá una nueva presentación, a cargo de los autores, junto con Alberto Bianchi y Estela Sacristán, en las Jornadas de Derecho Público de la Universidad Nacional de Córdoba, el próximo 25 de agosto. ---

lunes, julio 18, 2016

Lo que dice el Comité DDHH de ONU sobre Argentina

La semana pasada aprecieron las conclusiones preliminares de la revisión períodica que le tocó a Argentina en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El informe puede descargarse en este enlace (.docx) y aquí hacemos una rápida sintes, precedida de algo de contexto para que se sepa de qué estamos hablando. 

Contexto

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Ese Pacto no tiene un "Tribunal" como lo tiene la Convención Americana en Costa Rica, sino un sistema de supervisión periódica a los Estados parte, donde aparecen "filtrados" algunos casos particulares como representativos de una cuestión grande, pero la óptica es más general. Este sistema es característico de los pactos de la ONU (acá pueden verse los Pactos a los que adhirió Argentina y las diversas revisiones expedidas).

Sin ejecutoriedad directa, lo que dice el Comité es fuente de las "condiciones de vigencia" de un tratado que tiene rango constitucional para nosotros (art. 75 inc. 22 CN). Diremos con lenguaje coloquial: es una "guía de interpretación", expresión ambigua que supera la baja intensidad del soft law y brinda cierto "margen de apreciación" para implementar al Estado parte.

Es importante acotar que además de informes de países, el Comité también se expide mediante "Observaciones Generales", hechas "en abstracto", a propósito de diversas cuestiones o derechos (aquí están listadas las 34 emitidas hasta ahora) marcando los consensos más o menos extendidos sobre aspectos jurídicos relevantes de la cuestión.

sábado, julio 16, 2016

Tres jueces debaten el caso de Chris Froome

Hechos del caso


Junto con la versión audiovisual de arriba, hacemos una rápida síntesis en prosa de lo que pasó (es imprescindible leerlo porque no todo se vio en la transmisión).

El Tour de France es una carrera de tres semanas que tiene sus fases mas decisivas -de cara a la clasificación general- en un puñado de unas seis o siete de etapas: las contrarreloj y las de montaña. Hay varias etapas "míticas" de montaña: Tourmalet, Galibier, Alpe d'Huez; la que nos ocupa es una de las que están en ese rango absoluto de importancia, el Mont Ventoux de Provenza, que en este 2016 se debió correr en una versión "amputada" por prevención meteorológica (incidencia del viento Mistral en la cumbre).

El caso sub judice sucedió esa montaña, en la 12ª etapa del Tour, en el último kilómetro de carrera cuando todavía faltaban por llegar los favoritos (la etapa tenía ya su ganador, pero lo que nos interesa es lo que pasó con los ciclistas que estaban peleando la clasificación que suma los tiempos de todas las etapas).

Chris Froome -dominador de la prueba, pero líder sin gran margen, menos de un minuto sobre distintos competidores- había descolgado al colombiano Nairo Quintana -en teoría el adversario con mejores credenciales- y otros favoritos, y rodaba junto con otros dos ciclistas topten, Richie Porte y Bauke Mollema. En un kilómetro de montaña se pueden sacar muy buenas ventajas, acaso decisivas para la carrera, así que el trío iba a todo gas.

Ahí ocurre el hecho: una moto de la organización queda atascada por el público -por culpa del Mistral no se han podido poner vallas- pega un frenazo, y Porte se la lleva puesta. Detrás de el caen los otros dos: Mollema es el primero que se levanta, no tiene golpe ni rotura de bici, se reincorpora y será el primero del trío en llegar a meta.

Pero la rueda de Froome queda torcida y no puede volver a usar su bicicleta. Se comunica por cucaracha (pinganillo) con su equipo y le dicen que el auxilio tardará en llegar cinco minutos. Para no esperar en el lugar, atiende al llamado de la tierra en que nació, Kenia, y empieza a correr a pie. Primero lo hace cargando la bicicleta, durante cincuenta metros, y luego en running libre.

Andando al trote, es progresivamente superado por sus rivales en la general, a los que antes había descolgado, que lo pasan en bicicleta.

Luego de correr un buen trecho se le da una bici de la organización, pero los pedales no tienen trabas compatibles con sus zapatos así que tampoco la puede usar. Al rato sí llega el auxilio de su equipo -el camino en Ventoux es estrecho, y se dificulta mucho seguir de cerca a los corredores- y termina la etapa en su propia bicicleta de repuesto.

Al final, Froome cruza la meta a 1m 40s de Mollema, y 1m 14s detrás de Nairo Quintana, Valverde y su grupo de rezagados en la ascensión, a los que también frenó la moto, y que luego lo superaron.


Legislación aplicable

El caso debe resolverse conforme al reglamento de la Unión Ciclista Internacional y al Reglamento del Tour de France.


Alternativas del tribunal 

Se proponen tres alternativas.

  • Una es descalificar a Froome por haber realizado parte del recorrido a pie. 
  • La otra es no descalificarlo y dejar los tiempos tal como fueron registrados en la llegada. 
  • Finalmente, una tercera es la de dar a Froome y Porte -los caídos por culpa de la moto atascada- el mismo tiempo que hizo Mollema en meta.

Delibera sobre la cuestión el tribunal ad hoc convocado al efecto, conformado por los Jueces Lemond, Hinault e Induraín.


Juez Hinault: descalificación.


  1. Es ciclismo, no biatlón. Si en una competencia de remos se le rompe el remo, el palista no puede tirarse al río y terminar la regata a nado. Privado de usar la bicicleta, Froome sostuvo su carrera a pie con el objetivo deliberado de atenuar el impacto de su infortunio. 
  2. Decir que no existe una expresa estipulación en el reglamento que determine la exclusión es pedirle al reglamento que contemple hipótesis absurdas. El reglamento demanda una evaluación no solo legal, sino conceptual, al modo de Riggs v. Palmer, y es un principio general demasiado obvio para ser discutido que una carrera de bicicletas debe correrse en bicicleta.
  3. Recordemos que en el histórico caso de "Riggs v. Palmer", tantas veces utilizado por los teóricos del derecho como ejemplo, estaba en juego la herencia de un sujeto que había sido asesinado por su nieto. Independientemente del homicidio, se discutía si el mismo podía heredarlo, y la solución que daba la ley llevaba a admitirlo, pues no había -en aquel derecho- una causal de exclusión escrita. En cambio, el tribunal entendió que había un principio no escrito del derecho consistente en que nadie pueda beneficiarse de su propio crimen, y decidió que el nieto apurado no podía heredar a su abuelo.
  4. Sin embargo, creo que ni siquiera es necesario realizar una construcción abstracta que nos lleve a construir un principio no escrito, sino sólo una interpretación funcional de la normativa. En efecto, el reglamento expresamente prevé que en la llegada sólo se puede registrar a un corredor que esté sobre la bicicleta, empujando la bicicleta, o portando la bicicleta. Sería absurdo interpretar esta cláusula del reglamento "a contrario", y admitir por ello que todos los puntos precedentes, intermedios, del recorrido puedan hacerse sobre un cohete espacial, en patineta o sobre un segway, siempre que se esté "llegando" en bicicleta para cumplir con la normativa. 
  5. En cambio, la interpretación correcta del reglamento es la de asumir que esa simbiosis ciclista-bicicleta que se exige a la llegada es predicable no sólo para ese punto final sino para el recorrido entero, con la obvia y admisible excepción de los casos de cambio de bicicleta por rotura. 
  6. Nótese que lo que en todo caso debió hacer Froome es ponerse la bici al hombro -cosa que efectivamente hizo durante algunos metros, y es la norma: hay muchos registros de incidentes de carrera en que los ciclistas hacen tal cosa cuando no pueden seguir sobre ruedas- y desandar mientras tanto el recorrido de ese modo, si quería "aprovechar" de algún modo su tiempo de espera para seguir avanzando algo en el Ventoux.
  7. Es posible que pueda parecer excesiva la sanción que propicio, siendo incierta cuál fue la ventaja real que pudo haber obtenido Froome. Lo cierto es que cualquiera que fuera ella, chances hay de que se vuelva decisiva: un trayecto de 150 metros puede parecer escaso,  pero como sabe cualquier ciclista y aficionado en etapas de montaña es un trecho que tiene un margen absolutamente relevante como para definir una carrera. Bien lo sabe mi colega, el estimado Doctor Lemond, que le ganó el Tour de 1989 a Laurent Fignon por ocho segundos.
  8. En suma, tengo para mi que la sola idea de abandonar su máquina para reanudar el recorrido desde un punto deliberadamente más avanzado en el que la rotura se produjo es suficiente para declarar la mala fe del corredor, y el reglamento del ciclismo no contempla un repertorio aplicable de causales de justificación.
  9. Es, por cierto, un hecho que no fue su culpa. Como no lo es casi ninguna de las caídas en que los ciclistas, líderes o no líderes, se ven involucrados. Esta circunstancia aleatoria es parte del deporte y de las incidencias de carrera -me animo a decir que es parte de su atractivo, el deporte sería menos mirado si los ciclistas corrieran con rueditas- . Y es por completo irrelevante si el hecho es imputable a un espectador, a una mala maniobra de un rival, o, como en el caso, a un vehículo de la organización. Aunque la atribución de culpa en una caída pueda ser relevante para definir una sanción al responsable por intención o negligencia, los comisarios deportivos no tienen ninguna competencia asignada para acomodar tiempos de los perjudicados en función de ello.
  10. Hay una excepción, establecida en el art. 20 del reglamento del Tour, la llamada regla de los tres últimos kilómetros para dar el mismo tiempo a los afectados por una caída, siempre y cuando vayan en el mismo grupo en el momento del percance. Sin embargo, es una excepción, de carácter taxativo según el propio reglamento, que la declara inaplicable específicamente -entre otras- en la etapa 12ª en la que sucedió el hecho que nos ocupa. Como es conocido para todos los ciclistas, esta excepción está pensada para las etapas llanas en la que normalmente ocurre una llegada masiva, en pelotones de 80 ciclistas, lo que maximiza las chances de caídas en el embalaje final. Es por eso mismo que no se aplica la regla en finales que coronan en montaña, donde los pelotones se deshilachan y no ha llegada masiva, y por tal razón el reglamento no contempla tal beneficio para esas etapas.
  11. Por otro lado, observamos que el artículo 2.2.029 del reglamento UCI reconoce que "en caso de accidente o incidente que pueda afectar o falsear el desarrollo regular de la prueba en general o de una etapa en particular el director de la organización con el acuerdo del colegio de comisarios puede decidir en todo momento después de informar a los cronometradores algunas de las acciones siguientes: 1) Modificar el recorrido. 2) Determinar una neutralización temporal de la carrera o de la etapa. 3) Considerar la etapa como no disputada. 4) Anular una parte de la etapa, así como todos los resultados de las clasificaciones intermedias que pudiera haber y dar una nueva salida en las proximidades del lugar en las que aconteció el incidente. 5) Conservar los resultados. 6) Volver a dar una nueva salida teniendo en cuenta las diferencias registradas en el momento del incidente".
  12. Mas allá del amplísimo margen de discrecionalidad que la normativa otorga a las autoridades, entiendo que no procede considerar su aplicación, pues el accidente o incidente debe "afectar o falsear" el "desarrollo regular" de la prueba, y encuentro que con esos términos se está aludiendo a un hecho que pueda predicarse con condición de generalidad. Aún cuando pueda alegarse que no reclama, acaso, una afección "universal", a todo el pelotón, ciertamente ello no es compatible con un episodio que se involucró únicamente a tres ciclistas, y que no es mas que una caída común y corriente que ocurre cientos de veces a lo largo de la prueba.
  13. Además, llegado el caso, no es imposible descartar que un comportamiento diligente de Froome al circular hubiera podido evitar la colisión: al momento de producirse esta estaba circulando a aproximadamente 20 kms./h,  “Si se han tragado la moto es porque iban pegados, y llevan todo el Tour aprovechándose de su rebufo”, ha dicho a la prensa un director rival que prefiere no ser identificado, y creo que le asiste razón al menos como hipótesis.
  14. En el Giro de Italia de 2015, otro de los involucrados en este hecho, Richie Porte, pinchó una rueda y sin tener una auxilio a mano, le pidió a un ciclista connacional de otro equipo (Simon Clark) que le diera la rueda, lo que está prohibido por el artículo 12.1.040 /8.2 del Reglamento de competición. En aquella ocasión, ambos fueron sancionados por los comisarios con dos minutos de retraso. Como recuerda el Doctor Carlos Arribas, René Vietto es recordado por perder un Tour esperando en la cuneta una rueda de repuesto durante media hora, y se convirtió en una leyenda por ello, como Eugene Christophe reparando su bici rota en una forja porque el reglamento prohibía entonces cambiarla, como el maratoniano Dorando Pietri, privado de su victoria en los Juegos de Londres de 1904 porque le ayudaron cuando se cayó, y el reglamento lo prohibía. 
  15. Por otra parte, el reglamento tampoco contempla diferencia de tratamiento según se trate de algo que le ocurrió al líder o a un peón de equipo. Espero que ninguno de los colegas se deje llevar por una impropia consideración para con el líder Froome, que decidió cambiar de deporte en el medio de una carrera. Más allá de las consecuencias, dura lex sed lex.

Juez Indurain: corrección de tiempos

  1. En primer lugar, entiendo que no corresponde aplicar la descalificación propuesta por el Juez Hinault.
  2. Para poner el hecho en contexto, podemos hacer una estimación del tiempo y la distancia que corrió Froome. En la interpretación más gravosa de su infracción pudo haber recorrido 150 metros, durante casi un minuto. No fue una conducta apropiada y correcta, pero indudablemente es excusable en función de las circunstancias caóticas que contextuaron el hecho. Por una mera cuestión de proporciones, incurriría en un tremendo ritualismo este tribunal si determinara que corresponde dictar la descalificación directa por ese hecho en una vuelta de tres semanas que recorre 3.529.000 metros.
  3. En segundo lugar, viene a mi memoria el caso del atajo de ciclo cross de Lance Armstrong al evitar la caída de Joseba Beloki en 2003, véanlo.
  4. Tal como ahora, el reglamento de aquel Tour decía expresamente que los ciclistas deben atenerse al recorrido de las carreteras del Tour, sin tomar atajos. Es evidente que Armstrong tomó un atajo. Aquella vez la dirección del Tour decidió, correctamente, que Armstrong no había tomado ventaja de ese atajo, y que el mismo no fue una maniobra deliberada sino una maniobra justificada a la luz de preservar su propia integridad y la de su rival. Nótese que aplicando el criterio del Doctor Hinault, Armstrong debería haber sido descalificado.
  5. Asumir que Froome no debe ser descalificado no basta para resolver el caso. Como afirma el Doctor Pablo Palermo, las motos son consideradas elementos de carrera -y por ende será una contingencia aceptada cualquier incidente que susciten-, pero los espectadores no, motivo por el que en el reglamento hay un vacío legal que debe ser rellenado por el sentido común. Entiendo que, para ser más precisos, el sentido común reclama que un hecho que no puedo sino calificar de fortuito tenga la menor incidencia posible en el resultado estimable de la competencia. 
  6. Asumiendo que toda decisión será injusta o problemática, la equidad reclama que la decisión tenga el menor impacto en la clasificación general.
  7. Empezando a considerar los remedies, las soluciones reparatorias, podría considerarse una neutralización de la carrera en el momento de la caída, pero en mi criterio le asiste razón al Juez Hinault en que esa potestad está prevista para casos de imposibilidad más general. No obstante, entiendo que la disposición puede leerse a fortiori: quien puede lo mas, puede algo menos. Así, el amplio marco de discrecionalidad dado por el artículo 2.2.029 del reglamento UCI cuadra con una aplicación más selectiva y puntual de sus diversas opciones, cuando estas no involucren a un grupo amplio e indefinido sino a un grupo específico de afectados.
  8. Esto mismo puede hacerse de un modo no estimativo, sino bastante preciso, si en función de ello se aplica la conocida regla de los tres kilómetros, mas allá de que -como señala el Juez Hinault- esta fue excluida por el reglamento del Tour para la 12ª etapa. En efecto: lo que el reglamento ha querido allí es cercenar la aplicación automática y directa de la regla de los tres kilómetros, pero no puede impedir que se la use como un parámetro de solución justificado por circunstancias bastante específicas, inusuales, como las que se dan en el presente caso.
  9. Presidido entonces por el sentido común, parece razonable suponer que si Froome y Porte y Mollema estaban despegándose de Quintana y el resto de sus perseguidores, esta progresión no iba a variar faltando un kilómetro. De hecho, un experimento natural permite acreditarlo: Mollema efectivamente continuó mejorando sus diferencias con ellos, aún cuando sufrió la caída. 
  10. Así, no se trata de obviar o anular la pérdida de tiempo de ese incidente, sino de que su impacto quede en sus justos términos: los que se reflejaron en el tiempo de Mollema. Adoptar una solución contraria implicaría un doble castigo para Porte y para Froome: sumar a una caída ya fortuita el efecto de la pérdida del tiempo por la tardanza del auxilio y la incompatibilidad de la bicicleta de la organización.
  11. Alguno de mis colegas podrá objetar, como parece sugerirlo el Juez Hinault, que al aceptar la corrección de tiempos se dejará la puerta abierta a una cantidad infinita de pretensiones de reubicación de competidores que sufrieron caídas sin culpa, o que sufrieron retrasos por las más variadas  circunstancias, hasta desperfectos mecánicos por defectos del fabricante de su máquina. Encuentro exagerado y distorsionado este razonamiento. La sentencia que propicio es casuística y no pretende inaugurar una línea jurisprudencial aplicable a ningún hecho futuro que no sea este. Simplemente encuentro que en estas circunstancias la reasignación de tiempo resulta lo más apropiado. 
  12. Es, simplemente, un caso excepcional, que no puede ser resuelto sino por un criterio excepcional. No pasó en 102 ediciones anteriores del Tour, y posiblemente no vuelva a ocurrir hasta el año 2118. Basta decir ello para poner coto a eventuales reclamos donde se impugne mi criterio por ser excesivamente favorable a la la protesta y a la judicialización de la competencia. 
  13. Es mi criterio que decisiones como la que propicio deben ser sumamente excepcionales y justificadas, y entiendo que las circunstancias justifican que se le asigne a Froome y a Porte el mismo tiempo que registró en meta el compañero de fuga, un tiempo que seguramente hubieran mejorado incluso si no hubieran sufrido la caída en el Ventoux.

Juez Lemond: ni descalificación ni reasignación de tiempos. 


  1. Entiendo que la sanción de descalificación que propicia el juez Hinault no es procedente. En primer lugar, porque no existe una expresa causal de descalificación por tal circunstancia. Y en segundo lugar, porque adhiero a la primera parte del razonamiento del juez Induraín: sería de poco sentido común aplicar una sanción extrema por una incorrección que pudo haber supuesto una ventaja mínima, Para saldar la cuestión, que es pertinente acudir al art. 12.1.024 del reglamento UCI, que postula que "una advertencia o amonestación puede ser dada por un comisario o por una instancia de la UCI al autor de una negligencia o falta mínima, si unas circunstancias atenuantes particulares lo justifican". Entiendo -en suma- que estamos frente a un comportamiento no regular del ciclista Froome, que en efecto -como sugiere el Doctor Induraín- su incidencia es mínima, y en el que concurren circunstancias atenuantes particulares.
  2. Sí dejo aclarado, haciéndome cargo de ello, que no estoy juzgando a Froome como un competidor cualquiera. Es criterio extendido que la jurisdicción debe estar siempre especialmente atenta a las consecuencias de sus decisiones. Y de lo que resulta de esta decisión no depende el puesto 68 o 70 de la carrera: depende definir el líder y, como apuntó el Juez Hinault, posiblemente el resultado de la carrera misma. Precisamente por tal razón, este Tribunal debe ser extremadamente cauto en dispensar supuestas correcciones que terminen alterando lo que sucedió en la ruta.
  3. Todo el razonamiento del doctor Indurain está basado en un contrafáctico: qué hubiera sucedido si Froome no hubiera caído. A pesar de las piruetas argumentativas del juez Indurain, entiendo que no se puede negar que estamos fijando un precedente que conceptualmente será invocado como jurisprudencia en el futuro. Y no constato que estemos frente a circunstancias estratosféricamente excepcionales: no de un hecho fortuito, inesperado, inconcebible, sino de una caída en carrera, cosa tan habitual que le sucede, con diferentes intensidades, a casi la mitad de los corredores a lo largo de las tres semanas del Tour. Unida, por cierto, al hecho de que a esa caída se asoció una rotura y la consecuente imposibilidad de obtener auxilio por la mala ubicación del auto -algo que es un hecho casi inevitable en las etapas de montaña, que impiden la fluida circulación-. Miles de victorias plausibles se han perdido los ciclistas en la historia por la desafortunada combinación ambas circunstancias, sin que pueda yo encontrar precedentes que justifiquen adoptar otra solución que las previstas en el reglamento.
  4. El Juez Hinault ha citado el caso Riggs vs. Palmer, y si bien yo no comulgo con su drástica decisión de descalificar a Froome, sí entiendo pertinente que podemos rescatar el principio de aquel caso de que "nadie puede ser beneficiado de su propia infracción". Pues bien: el caso ha llegado a nuestra decisión precisamente por la trascendencia que le dio el episodio del biatlón, como dijo Hinault. Es improbable que alguien considerara adoptar una solución distinta si Froome hubiera esperado sentado en el piso al auxilio, como han hecho los ciclistas a lo largo de una centuria. Creo sinceramente que estaríamos haciendo ello si mejoramos la situación de Froome a partir de su incidente, como si estuviéramos premiandolo por haber desarrollado una inconducta innovadora. Entiendo que ello es sumamente inconveniente, pues en verdad al así decidir estaríamos estimulando las innovaciones antirreglamentarias, llevándonos con ello al espíritu de un noble deporte que consiste en correr en bicicleta..
  5. Por cierto, esto también es claro desde el punto de vista legal: entiendo que ello extralimita toda jurisdicción y nos enfrenta con la tenebrosa perspectiva de carreras que resulten de un modo en la ruta y luego se corrijan en los escritorios. Mañana nos encontraremos determinando al ganador de una etapa en base a los promedios de velocidad punta desarrollados en sprints similares. Pues bien, no hay ninguna diferencia cualitativa entre hacer eso y lo que propone el juez Induraín.
  6. En definitiva, y desde el punto de vista legal, que es el que define nuestra competencia: no hay ninguna norma que sustente claramente ninguna de las decisiones que propician mis colegas, ni la descalificación ni la asignación de tiempos ficticios en función de presunciones extrapoladas de la performance de otros competidores.
  7. Consecuentemente, entiendo que los tiempos deben ser asignados tal como se registraron en la meta de llegada. 
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Sobre este caso, pueden votar en la encuesta que hemos puesto al lado.
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