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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

lunes, abril 03, 2006

La Corte Interamericana, de sesión en Buenos Aires

Desde hoy y hasta el miércoles se encuentra en Sesión la Corte Interamericana.

La Corte Interamericana no es un tribunal de funcionamiento "permanente", sino que agenda y pauta sesiones y audiencias en forma periódica. Excepcionalmente, el tribunal se reúne fuera de su sede regular, San José de Costa Rica, con el fin de estrechar sus vínculos con los países y las comunidades de juristas del continente. El año pasado celebró sesiones en Asunción del Paraguay, y ahora lo hace en Buenos Aires, en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal que se encuentra en el Palacio de Justicia.

Los jueces regulares de la Corte son Antonio Cançado Tridande (Brasil), Cecilia Medina Quiroga (Chile), María Ventura Robles (Costa Rica), Diego García Sayán (Perú), Oliver Jackman (Barbados), Alirio Abreu Burelli (Venezuela) y su presidente es Sergio García Ramírez (México). A ellos se suman jueces "ad hoc", propuestos por los países que sean demandados en cada causa, para conocer únicamente de ese caso.

Un "leading case" en ciernes, sobre el acceso a la información pública

Hoy lunes se oirán los alegatos de la causa "Claude Reyes y otros versus Chile", en la que se juzga si el Estado chileno retaceó información a organismos ecologistas sobre un proyecto de deforestación, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor.

Se trata, para nosotros, del caso más importante de la temporada, pues aparece como la primera causa que va a tratar la Corte en materia de un derecho humano muy específico pero de raíces bien tradicionales; el derecho de tener acceso a la información pública, traducción moderna de nuestra bien conocida "publicidad de los actos de gobierno".

Resumo un poco los hechos, hasta donde los conozco. En 1998, los reclamantes solicitaron información sobre el potencial impacto amiental de una iniciativa que planeaba explotar 250 mil hectáreas de bosque de lenga en la Región de Magallanes, requiriendo los antecedentes presentados por la empresa al Comité de Inversiones Extranjeras del Estado. Ese organismo, según la denuncia, no entregó toda la información solicitada, y ante la denegatoria los demandantes agotaron -sin éxito- todos los recursos judiciales internos, llevando luego el caso a la Comisión Interamericana.

Podría pensarse que el caso ha devenido abstracto, porque el proyecto "Río Cóndor", al cabo, no prosperó, por la fuerte oposición de organizaciones ecologistas, y porque la empresa encontró que no podría afrontar los costos de las exigencias ambientales requeridas para ejecutarlo. Pero sin perjuicio de ello, lo que se discute es si Chile ha violado sus obligaciones internacionales y esa determinación requerirá, por parte de la Corte, un meduloso encuadramiento conceptual en la que deberá fijar el alcance del derecho a requerir y obtener información pública por parte de los ciudadanos, estableciendo obiter dictum una estimación ponderativa de las restricciones admisibles y los requisitos que el Estado puede válidamente imponer a ese efecto.

Tengamos presente además que lo que diga allí la Corte Interamericana -a partir de lo dicho en los fallos argentinos "Ekmekdjian c. Sofovich" (1992) y "Giroldi" (1995)- será pauta vinculante para los fallos ulteriores de nuestra Corte Suprema, y por carácter transitivo, doctrina judicial invocable tanto para el Estado Nacional como para las Provincias y Municipios, y -subrayamos- directamente operativa independientemente de que haya -o no- reglamentación del Estado.

En la actualidad, existen varias leyes locales y un Decreto Nacional que regula el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Pero también es cierto que -independientemente de su positivización- campea entre nosotros por lo general la "cultura del secreto", y esa actitud todavía no ha sido cabalmente interpelada en términos contundentes por fallos judiciales de importancia.

Los otros casos

Los restantes casos contenciosos que se ventilarán en Buenos Aires son mucho más escabrosos y, lastimosamente, pertenecen a la categoría de violaciones gravísimas que siguen reflejándose en los expedientes que llegan a la Corte.

El martes será analizado el caso "Montero Aranguren y otros vs. Venezuela" por la supuesta falta de prevención para impedir hechos de violencia en el penal de Las Flores de Catia, la presunta ejecución extrajudicial de varios internos y el mantenimiento de condiciones inhumanas de detención. Van a comparecer testigos y peritos para determinar sobre la responsabilidad de efectivos de la Guardia Nacional venezolana y de la Policía Metropolitana de Caracas en esos hechos, ocurridos en en el marco del segundo intento de golpe de Estado de noviembre de 1992.

El tercer caso, "Baldeón García versus Perú", trata sobre un agricultor de 64 años que fue detenido, torturado y asesinado por soldados peruanos. El 25 de setiembre de 1990 fue detenido por miembros del ejercito peruano procedentes de la Base Militar de Accomarca, en el marco de un operativo que se realizó en el pueblo. Los efectivos ingresaron de manera violenta al poblado, realizando disparos al aire. Rápidamente congregaron a los pobladores en la plaza principal del poblado y exigieron la entrega de carneros y víveres. Uno de los militares, con lista en mano, llamó a una persona que no estaba presente, después procedieron a llamar a Bernabé Baldeón García y a otros dos más. Las tres personas fueron detenidos inmediatamente, sin dar explicación alguna a los familiares y pobladores que presenciaron el hecho. Similares operativos se realizaron en anexos vecinos. Luego, todos los detenidos fueron recluidos en el consejo municipal primero y hacia la noche, trasladados a la iglesias de la zona. Según declaración de un testigo, la víctima fue atada con alambres a la viga de la iglesia de Pacchahuallhua y posteriormente sumergida en un cilindro de agua caliente y a otro de agua fría. Finalmente, falleció a las tres de la mañana del 26 de setiembre de 1990.

Aparentemente las audiencias son de acceso libre, así que es un buen plan para quienes se hagan un tiempo para llegarse hasta allí.

.::.

Más sobre el acceso a la información pública, puede verse en http://www.accesoalainformacion.org/ y sus links

4 comentarios:

  1. Interesante la información sobre el caso de Marcel Claude y su petición de amparo de acceso a la información denegada.

    Sobre este tema -que hemos escrito con Marcylor- considero que, en ocasiones, se confunde el acceso a la información con la controversia entre el administrado y la administración respecto a la motivación de la decisión administrativa (básicamente: disconformidad en la decisión y se controvierte mediante el amparo de acceso a la información)

    En otras ocasiones, la información que se pide constituye un hecho negativo. Me explico: "solicitamos que se entregue los antecedentes que permitieron tomar la decisión X, y porqué no se decidió por Y".

    Otra cuestión es respecto a la publicidad del acto administrativo. ¿Desde cuando hay acto administrativo? ¿Se pide la información respecto al acto administrativo, o bien respecto a los antecedentes que motivaron el acto administrativo?

    Entonces, estaremos atentos al CIDH

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  2. resumen del actual estado normativo del arte en Chile (supongo que tal vez integre los argumentos de las partes en disputa):
    http://www.proacceso.cl/noticias/articulos/2006_02_01_moises.html

    Aunque la disputa empezó bajo la normativa anterior, que no contemplaba el acceso a la info como ppio constitucional y se circunscribía o giraba mucho en torno al concepto de acto administrativo...incluso, la controversia partió antes de la Ley de Procedimientos Administrativos chilena.

    Por eso...habrá que ver qué se resuelve en la Corte!!!

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  3. Muy buen punto, Francisco. Otro tema que debe abordarse es el que obliga a advertir que no toda la información "del Estado" es información "pública". Es claro que el Estado puede tener información sensible sobre mí (por impuestos, historias clínicas, etc.), y yo tener derecho a que no se revele en forma pública. En cualquier caso, es verdad que muchas veces lo que se busca con el pedido judicial de información no es otra cosa que buscar un subterfugio para llevar a tribunales -con intenciones, a veces, colateralmente mediáticas- el planteo de disconformidad por un acto administrativo discrecional, no justiciable.

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  4. a propósito de que no toda información en manos estatales es pública, recuerdo un caso que me tocó denegar el acceso a... software con licencia. El requirente consideraba vulnerado el principio de publicidad por carecer del programa computacional que usaba la Administración. Entonces, hay algunos límites, como es la propiedad, la intimidad, el honor, y, sospecho, los derechos humanos.

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