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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

jueves, septiembre 06, 2007

"Río Negro": la publicidad oficial arbitraria, "regulada" por la Corte Suprema

En enero de 2003, la provincia de Neuquén retiró la publicidad oficial que habitualmente le asignaba al diario “Río Negro”. Esto pasó, sugestivamente, justo después de que el diario difundiera la denuncia de un diputado de la oposición de que le habían ofrecido un crédito de 640 mil pesos a cambio de que diera quórum a una sesión para la que se buscaba designar a jueces del Superior Tribunal de Neuquén.

“Rio Negro” demandó a la Provincia de Neuquén denunciando que se trataba de un acto arbitrario y discriminatorio, algo que la Corte tuvo por probado: más allá de ciertas salvedades que se encuentran en las disidencias, los jueces están en general de acuerdo en el criterio que sostenía el diario -y varias ONGs- de que los gobiernos no pueden manejarse con un criterio de selectividad que importe utilizar fondos públicos para presionar a los medios de comunicación.

Cabe acotar que se trataba más de una demanda "de principios" que de contenido económico. Que la Corte bien podría haber eludido diciendo que la cuestión no tenía actualidad, porque después de que se inició el juicio el gobierno de Neuquén restituyó la pauta quitada. Y que no condenó a la provincia a pagar ni un peso, sino que le ordenó, muy flexiblemente, que las futuras pautas sean adjudicadas con un criterio de distribu­ción de publicidad "respetuoso de los tér­minos y principios que informan la presente decisión"

Veamos, pues, cuáles son esos "terminos y principios".

El "voto base" (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni) reconoce que “no existe un derecho subjetivo por parte de los medios a obtener publicidad ofi­cial”, pero sí “un derecho contra la asignación arbitra­ria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”. Lo leemos en el cons. 11º:

La primera opción para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede mani­pular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Por ello, tiene a su disposición muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el que utilice deben man­tener siempre una pauta mínima general para evitar desnatura­lizaciones.

Fayt -en voto concurrente- repite bastante del voto en disidencia en el precedente de "Emisiones Platenses" (ver la historia de aquel caso en el post que linkeamos al final). No se observan grandes diferencias con el voto de la mayoría. Agrega al final que "resultaría deseable que la propia provincia demandada regulara esta importante cuestión de un modo compatible con el respeto a la libertad de expre­sión en los términos en que ha sido definida en este pronun­ciamiento"

Después, las disidencias.

Que muestran que muchas veces las diferencias entre conservadores y progresistas no pasan por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. O, como en este caso, en qué platillo de la balanza ponen las cargas de la prueba.

En lo que difieren es en el criterio con el cual debe evaluarse una distribución desigual como "arbitraria".

  • Para la mayoría "es el Estado quien tiene la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen la interrupción abrupta de la contratación de publicidad oficial". Pero para Maqueda –ante la inexistencia de norma alguna– es necesario que el Poder Judicial pueda verificar que la decisión administrativa se fundó en una motivación arbitraria destina­da a coartar el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la empresa periodística. La carga de la prueba se invierte en su razonamiento, que además subraya que "la admisión del derecho a recibir publicidad del Estado convertiría a la empresa periodística –por el solo hecho de serlo y sin consideración a otras posibles justificaciones alternativas– en una categoría privilegiada respecto de otras industrias, con violación a lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución Nacional, pues la relevante posición en que se encuentra la libertad de prensa dentro del sistema constitucional argentino no se traduce en una garantía absoluta, por sobre las que resguardan todos los otros derechos tutelados, y exenta de todo control jurisdiccional".

  • Para la mayoría no es necesario probar intenciones ni tampoco la trascendencia o "impacto económico" de la publicidad que se suprime (se dice incluso que “la afectación económica debe examinarse no sólo en relación a la pérdida por no recibir publicidad oficial, sino también por la disminución en la venta de diarios en tanto muchos lecto­res se verán obligados a informarse por otros medios acerca de la gestión pública”). Pero Petracchi y Argibay adoptan un criterio más restrictivo en el caso, al decir que "aun cuando pueda entenderse probada una reducción en la publicidad oficial que la demandada contrató con el diario "Río Negro" a partir de fines de 2002, no se ha demos­trado que dicha disminución fuera apta para producir un dete­rioro en la estructura económico‑financiera de la empresa periodística".



Valoración del fallo

Es incompleto (muy) decir como dice P/12 que este fue "un fallo contra Sobisch". Creo que va contra todos y cada uno de los responsables de manejar dineros públicos con fines de difusión/propaganda. No importa que haya quienes asumen criterios más dados a "repartir bien", porque al no haberse legislado nunca en ningún lado toda distribución, por equitativa que sea, parece "iuris tantum" y se hacen bastantes esfuerzos para que quede claro que una "linea crítica" va a tener sus consecuencias. No hay una sola Secretaría de Medios que no esté leyendo, hoy, este fallo con mucha preocupación.

Nosotros aprobamos, pero querríamos más: no un sistema de vinculaciones "negativas", que es lo que -un poco a tientas- puede hacerse desde los tribunales, sino un sistema de vinculaciones "positivas" que no sólo evite la discriminación "punitiva", sino que nos ahorre las costosísimas campañas de "autopromoción", que quizá no afecten la libertad de expresión de nadie, pero son a la vez síntoma y germen de institucionalidades acusadamente débiles, subsidios encubiertos que no pueden justificarse con un mínimo criterio de derecho premial, formas de valerse de arcas oficiales para ganar notoriedad, consenso, o buscar aquiescencia de los medios.

¿Por qué de pronto circulan avisos puntanos en alta rotación en la galaxia del cable sobre la repatriación de los restos de un oscuro poeta? ¿Quién paga las coberturas donde aparece, de la nada, un móvil de Crónica TV en el nuevo Cuartel de Bomberos de Bazán Vera, con combo de nota + discurso al intendente inaugurante de turno? ¿Por qué razón se insiste en ponerle apellidos al Estado (Ejs: "Gobernación Ortega", en lugar de "Gobierno de Tucumán"; el logo de Ruckauf con su firma, etc.)? ¿Por qué la Lotería de la Provincia de Buenos Aires contrata espacios en ESPN para que toda América Latina esté al tanto de los resultados de la quiniela? ¿Por qué la Ciudad Autónoma auspiciaba con su "Actitud Buenos Aires" los dictámenes de Sofovich en "Bailando por un sueño"?

Por eso, aunque este fallo sea un buen comienzo, los problemas con la publicidad oficial no terminan donde terminan los problemas de la libertad de prensa.



Links

- Documentos de la Asociación por los Derechos Civiles, "Una censura sutil" - Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en la Argentina (trata en detalle los casos de Córdoba, Rio Negro, Neuquén y Tierra del Fuego), Principios básicos para la regulación de la publiciada oficial, Informe sobre publicidad oficial en Argentina 2006-2007 (publicaciones en PDF).

- De la blawgósfera local: Ramiro comenta y dice, sobre la discriminación con la publicidad oficial: sí, es censura. En un post que saluda el nuevo fallo, Alberto Bovino -uno de los abogados que promovió la acción- se queja de la lentitud de la Corte y muestra gráficos de barras que ilustran sobre el corte de la publicidad que sufrió RN. Y aquí Roberto Gargarella hace un cuasi "fisking" del fallo, muy recomendado.

- De la prensa escrita: Un fallo que da mayor protección a la prensa, dice Adrián Ventura al explicar la sentencia en su columna de "La Nación". Un fallo que hace historia, dice Alicia Miller, secretaria de Redacción de "Río Negro", poniendo énfasis en que "pocos precedentes hay de tamaña claridad en América latina que reflejen -como el fallo lo hace- la importancia vital que la publicidad oficial tiene para la vida de los medios de comunicación".

- ¿Tiene razón Perfil? Nuestro post del año pasado donde analizábamos la posiblidad de que prospere el amparo del diario "Perfil" contra el Gobierno Nacional, por no asignarle publicidad oficial, y repasábamos lo que había dicho la Corte en el caso "Emisiones Platenses" de 1997.

- Escritos de la causa: Texto del amparo presentado por "Río Negro", el "amicus curiae" que la ADC presentó a la Corte en el caso, y archivo con el fallo completo, todos en formato .doc (Word).

18 comentarios:

  1. Estimado Gustavo,
    Indudablemente este fallo es un avance sustancial en el tema, y hay que celebrarlo efusivamente.
    Como nunca nos conformamos con nada, y en la línea de Dworkin, Nino o Gargarella, entiendo que podría haberse ido más lejos. La "equidad" en la distribución debería ser inversamente proporcional a la magnitud económica del medio de comunicación. De ese modo no sólo todos los medios recibirían publicidad oficial sin temor a restricciones arbitrarias, sino que se contribuiría a construir desde el Estado un escenario de real igualdad de posibilidades entre medios "grandes" y medios "chicos". "Emparejá y largamos", diría Jauretche.
    Aprovecho el presente para felicitarte por el notable nivel de tu trabajo en este blog, el cual vengo leyendo desde hace un par de meses con habitualidad (y en el que he tenido la posibilidad, entre otras cosas, de "reencontrarme" con el maestro Bovino).
    Un fuerte abrazo desde Trelew, Chubut,
    Rodrigo Pablo Freire Méndez
    DNI 23.692.756

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  2. Bueno , gracias. Usando la terminología tributaria, el sistema de distribución de publicidad no sólo es regresivo (se les da proporcionalmente más a los medios con más tirada, para tenerlos tranquilos) sino que de acuerdo al fallo de la Corte, ése sería un criterio objetivo que pasaría su estándar. Hacés bien en preguntarte si eso es en realidad un sistema que le haga bien a la libertad de prensa o a la libertad de empresa.

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  3. Creo que el fallo que hoy se lee con preocupación en varios SdeMs, también puede jorobar a muchos diarios. Si es acatado, el resultado neto no va a ser una publicidad mejor repartida sino menos publiciadad para todos, así se evita el control judicial con amparos de este tipo (y a los medios amigos se los apoyará con dinero bajo cuerda, pago de "suplementos educativos" o proyectos así, ya verán la forma de encontrar la vuelta para repartir plata sin que sea vía pauta).

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  4. Sospecho que Dworkin no lo haría y estoy seguro de que Nino jamás hubiera adherido a una proposición tan insensata como subsidiar con publicidad oficial a cualquier ganso que quiera ejercer su libertad de expresión (presumo, iuris tantu, que Gargarella lo haría).

    No es por contradecir a Don Arturo, aquella entrañable pluma sin cabeza, pero en el momento de la largada inicial estabamos todos parejos (claro que el darwinismo social hoy no tiene buena prensa)después los hechos fortuitos y aleatorios nos fueron distanciando. Y sospecho que a esta altura está comprobado que dar handicap cada dos por tres no es muy funcional para nadie.

    Más que distribuir la publicidad oficial ¿ no habría que limitarla ? ¿ qué sentido tiene sentido que K o M o quien sea inauguran una plaza, un dique o un estadio ?

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  5. Me interesa el voto de la mayoría cuando dice:
    "Es deber de los tribunales proteger a los medios para que exista un debate plural sobre los asuntos públicos, lo que constituye un presupuesto esencial para el gobierno democrático." Bien por esta idea. Hay que precisarla, pero vamos bien.
    En cambio, me preocupa cuando inmediatamente dice que:
    "La primera opción para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal."
    Acá, gol en contra.
    El tema, habrá que insistir sore esto, es que la no censura y la no manipulación de fondos o extorsiones veladas, son condiciones necesarias pero no suficientes de la libertad de expresión. La libertad de expresión requiere, además, a todas las voces, y requiere discusión entre ellas. Y si falta alguno de estos dos requisitos, la responsabilidad primera es del Estado, por lo que tenemos un problema serio si (ellos u otros con ellos) asumen a este tipo de obligaciones estatales como regalos a la ciudadanía. No se trata de dádivas, se trata de deberes constitucionales. Buen comienzo, mal final.

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  6. Coincido con el espiritu e ideas de Gargarella. Me preocuparía -concretamente- que el Estado asigne o siga asignando estos "recursos que permiten la expresion" (por ponerles un nombre) de modo absolutamente discrecional, ya sea que operen traves de la publicidad o de otros mecanismos (licencias de radiodifusion, por ejemplo, papel prensa, por ejemplo).

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  7. Quiero apuntar dos cosas.

    Primero, algo se dijo en el blog de rg sobre que un debate público implica también la satisfacción de "precondiciones", que deben ser universales, para que el ciudadano pueda ingresar en él y comprender "de qué se trata" (básicamente, educación, digamos). Esto es una certeza. Veo otra duda: ¿es el Estado el que debe reglamentar el "debate público" como si fuera la legislación de tránsito, con semáforos, avenidas y zonas protegidas? Conocemos una reglamentación que se hacía de este derecho, ya en desuetudo: el "espacio cedido a los partidos políticos": una mera formalidad, sucesión de monólogos, fragmentaria y muy poco valorada.

    Quizá estemos en desacuerdo con rg sobre esto, porque yo creo que el rol del Estado debe ser subsidiario y sólo intervenir de modo corrector en el espacio de ese debate (via reinforcement de minorías, control de expresiones odiosas, violentas o racistas) y que en principio es mejor que se desarrolle espontáneamente.

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  8. Sí, estamos en desacuerdo. Yo suscribo la idea de Fiss del Estado como facilitador del debate (el dá la imagen, tal vez poco feliz e innecesariamente paternalista, del profesor en el aula coordinando-organizando la discusión de los demás). La presencia del Estado (real, y presumiendo lo que no debiéramos presumir, el Estado poco permeable a la ciudadanía) está lejos de garantizar la igualdad. Pero, no lo olvidemos nunca, la ausencia del Estado (en realidad, un mayor retiro del Estado), resulta en principio una toma de partido por el estado de cosas. Uno puede, digamos, limar las peores asperezas de ese estado de cosas, pero la marca de la bestia sigue firme ahí: el que tiene dinero habla y presiona de modo directo, el que no no aparece, o aparece como curiosidad o bufón del rey. creo.
    p.d.: cuál espontaneidad? la del "si quiero yo hablo - por más que lo intentes no se te escucha"?

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  9. Roberto: en primer lugar, tener dinero permite comprar accesos, pero no garantiza ser oído. De Narváez ha comprado espacios formales e informales, y todavíoa hoy tiene que decir su nombre cada vez que habla porque si no nadie lo conoce.

    Yo digo que el debate debe ser "espontáneo" precisamente porque el Estado no puede excluir voces a priori ni hacer como un profesor en una clase, que asigna el uso de la palabra. Las sociedades plurales y posmodernas dialogan de modo caótico, no hay congruencia en réplicas y dúplicas, se mezclan ejes y clivajes, y quizá esto sea un plus, porque por todo esto la agenda pública no es tan predecible ni controlable de modo orwelliano. El bufón de hoy puede ser el líder de mañana, y viceversa.

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  10. obvio que el dinero no garantiza que uno diga cosas inteligentes o seductoras, que gane la discusón o una elección (ej. de ross perot). pero el punto no es ése. el punto es que en una democracia de iguales no se justifica que perot, de narváez, o macri tengan un millón de oportunidades más que juan pérez de ser escuchado, conocido o atendido, por razones no aceptables públicamente. razones que no tienen que ver con otra cosa que con su posibilidad de comprar el acceso al ágora, que se ha privatizado.
    lo del diálogo caótico tampoco lo comparto. sé de grupos con necesidades básicas insatisfechas que no llegan a ninguna de las escenas principales del diálogo, que están ocupadas por otros (otra vez, es lo que decía nino sobre la privatización del ágora)
    /y sobre la idea del intercambio de lugares entre el bufón y el líder, no, no lo creo. las excepciones están, pero la estructura social, jurídica está preparada para lo contrario (entre otras cosas, porque las reglas las hacen los que se benefician de las reglas, pero ésta es otra discusión)

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  11. No todos los grupos tienen posibilidades de entrar exitosamente en la agenda nacional, pero sí pueden tallar e influir en las agendas locales, por eso es necesario preservar y fomentar los perfiles de descentralización federal del gobierno, para que no sean flatus vocis.

    Creo que para mejorar el debate público sería bueno que muchas cosas se sinceraran: un De Narváez "racional" se daría cuenta que sus intereses mas específicos pueden ser atendidos prestamente sin que él tenga necesidad de entrar en la arena pública, influyendo a través de lobbys y otros mecanismos de influencia que existen para aceitar y condicionar las acciones y omisiones del Estado. Es lo que hace la mayoría de los "De Narváez", no sólo en Argentina.

    Quiero decir, a mi juicio no veo que el problema sea tanto el acceso al debate sino la magra correlación entre lo que surge de éste y las decisiones estatales ulteriores.

    En cualquier caso estamos de acuerdo en haber ido mucho más lejos en el análisis sobre libertad de expresión, y obviamente yo comparto que la "no censura" es un estándar pijotero si en eso agotamos todo nuestro análisis del debate público.

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  12. tenemos acuerdos, esta bien, pero un dia nos concentramos sobre los desacuerdos, que permanecen. abrazo

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  13. no soy abogado, ni lo quiero ser

    pero como ex periodista (en relacion de dependencia, y groncho)
    economista (interesado en los incentivos)
    y obcecado con el art. 19 CN cuando AFIP y ANSeS pretenden imponer la carga de un expte. administrativo para el cobro de créditos consolidados (por desaliento, y para manejar los tiempos), tema que revela la ignorancia de los jueces (o culo sucio por no pagar ganancias y/o pánico de los subrobantes sin estabilidad laboral)

    veo un angulo que se las trae

    Rio Negro no es un diario neuquino, se public en General Roca, Rio Negro (valga el pleonasmo) aunque tiene lectores -bastantes- en Neuquén

    consecuencia
    qué publicidad debe darle el gobierno de la ciudad de buenos aires al diario popular (provinciano)?
    está obligado la municipalidad de quilmes mucha más pauta a clarin y la nación que al sol (local)? idem lomas de zamora con la unión?
    subvirtiendo el fomento de la industria cultural propia

    y creo que en el interior la necesidad de "proteger" un medio que de las noticias locales se exacerba

    podríamos seguir con puntal / la voz del interior en el reparto cordobés (tan sangriento como schiaretti/juez)
    y siguen las firmas

    es por readership?
    un filón para que cobre el IVC por más auditorías?

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  14. Mr. K-ns la clava en el ángulo, en cosas parecidas a eso estaba pensando cuando dijimos que un criterio "objetivo" puede ser muy amplio. Sería "objetivo" decir que pauto en el diario más vendido en bruto, en el que mejor cubre toda la región, o en el más barato (porque así el ciudadano gasta menos en comprarlo). Puedo pautar en medios chicos, alegando que apoyo con eso expresiones que no son sustentables económicamente (pasquines vecinales) o darle toda la pauta a Clarín. Al final, cuanto más lo pensamos podemos llegar a la conclusión de que sólo quedarían prohibidas las manipulaciones más groseras y obvias como la secuencia denuncia - retiro de pauta que ocurrió en el caso "Río Negro". De ahí el interés por legislar la cuestión.

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  15. Hola, un poco tarde me incorporo al debate ga/rg, con varios puntos sobre los que me gustaría opinar.

    Sobre la espontaneidad del debate y la reglamentación de las avenidas:

    Definitivamente creo que el Estado debe intervenir activamente para promover una mayor democratización del debate público. Hablar de espontaneidad me parece -de mínima-un argumento ingenuo. El debate supuestamente "espontáneo" no hace otra cosa que excluir voces permanentemente y reservar las avenidas para ciertos discursos, con criterios que no siempre (y habitualmente no) respetan pautas mínimas de interés público. (Digo esto esperando que nadie me responda con el argumento de que lo que hoy vemos en los medios es siempre el fruto de una demanda masiva, democraticamente expresada en los indices de audiencia y que los medios responden a los intereses de la mayoria y no de una elite que pretende imponer sus gustos, bla bla. o sea, el argumento recurrente de los programadores.Me adelanto diciendo que en todo caso el rating o el consumo refleja opciones frente a una oferta bastante homogenea y que ademas, aunque no fuera asi, existen necesidades que tienen los ciudadanos y ciertos estándares que el Estado debería atender y únicamente el Estado puede atender. Fin de la disgregación).

    Volviendo donde estaba, es decir, el mercado por si solo no garantiza ni un acceso democrático a los medios y la agenda pública, ni un resultado democrático de ellos. Y pretender que la cuestion se reduce a optar entre "el (espontaneo) mercado" o un "estado autoritario" me parece que es desconocer la gran cantidad de alternativas que tiene un estado para intervenir democráticamente en comunicación. Por ejemplo, subsidiando ciertas voces que no pueden autofinanciarse, reforzando canales comunitarios, eligiendo criterios que no tengan que ver unicamente con el dinero para la concesión de licencias, garantizando no solo distintos dueños sino también distintos "tipos" de propiedad en los medios (y por ende, distintos "modelos" de medios), promoviendo canales públicos no gubernamentales de calidad, estableciendo cuotas de pantalla en el cine, y ni hablar del acceso, en términos de educación/brecha digital, etc etc. hay bibliografía profusa en este sentido, y experiencias que algunos países "modernos" y plurales han adoptado.

    Por otro lado, y yendo un paso más, el Estado -y sobre todo cuando hablamos de comunicación moderna- definitivamente "asigna" el uso de la palabra. Cuando asigna/prorroga las licencias de radiodifusión, por ejemplo. Continuando con la quizás infeliz metáfora del profesor en el aula, el problema es saber si lo hace para proteger y garantizar un espacio de discusión colectiva, o para privilegiar a unos cuantos alumnos. Es decir, obviamente con la simple intervención del Estado en estos temas no es suficiente ya que la misma debe estar fundamentada en determinadas orientaciones para que sea verdaderamente democratizadora.

    Sobre la agenda nacional vs. local:
    No me convence eso de dejarle a ciertos grupos la influencia local mientras la espontaneidad del mercado determina la agenda nacional. Me parece insuficiente, o no termino de entender la propuesta. por poner un ejemplo, las radios comunitarias son muy importantes (imprescindibles) pero de lo que se trata, creo, es de construir una agenda pública lo más inclusiva posible.
    (Y cuidado, que estas discusiones van a ser cada vez mas importantes, sobre todo frente al escenario que se pronostica con la hiperfragmentacion de las audiencias. Es interesante ir pensando que va a pasar con la robustez del debate público cuando cada uno (o mejor dicho, los que puedan) tengan su servicio "a la carta". Fin de la disgregación II).

    Sobre la publicidad oficial:
    Dicho todo esto, es hora de agregar que no me parece que la publicidad oficial sea el mejor de los mecanismos para garantizar la pluralidad/diversidad de voces, aunque sí se puedan establecer mecanismos que tiendan a una mayor equidad en el reparto. Si entendemos que la PO cumple (idealmente, claro) una función muy importante como canal de comunicación y como herramienta de gestión de gobierno (si pensamos en las campañas de salud, educación, etc etc. obviamente no estoy hablando de las campañas de autopromoción de funcionarios o politicos) y que debe guiarse -primordialmente- por criterios que le permitan cumplir esos (importantes) objetivos. No estoy diciendo que una regulación establezca que la PO deba guiarse únicamente por criterios de rating y circulación, pero necesariamente debería tener en cuenta a qué público quiere impactar, aunque en el camino sea importante buscar una distribución más "equitativa". Tampoco estoy de acuerdo con la Corte cuando dice que el Estado "puede o no" dar publicidad oficial, por la misma razon. Me parece que la gran desnaturalización que tuvo el reparto de la pauta nos ha hecho olvidar la función positiva que podría cumplir.

    (perdon por la longitud, pero me entusiasmé....)

    Eleonora Rabinovich

    PD: Gustavo, aprovecho para felicitarte por el blog, me parece muy bueno!

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  16. Eleonora, queria disentir contigo pero estoy de acuerdo con todo lo que decis!

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  17. Muchas gracias, Eleonora. Y nunca es tarde cuando la dicha, el comment, es bueno.

    Espigo rápido algunas cosas de lo que vos aportás, quizá las complemente en otro comment posterior.

    1. Es probable que yo, sin razón, de en pensar que toda "publicización" reguladora supone un serio peligro de "estatización". Quizá me autocondiciona el infausto hecho de que en materia de medios todo lo "público" aquí termina travestido en "propaganda del gobierno", o bien se programa inconciente o deliberadamente para que su influencia en la agenda pública sea mínima y asordinada (el caso que refería antes, de dar 10 minutos de "espacio cedido a los partidos políticos").

    2. Adhiero. Si miramos un mapa de medios, vamos a ver que los hábitos de consumo culturales se han fragmentado bastante y van a hacerlo mucho más en el futuro.

    Yo puntuaba eso como una oportunidad, aunque también comprendo que es un peligro. El otro día le decía a alguien que yo prefería el modelo de campaña electoral con discurso "de tribuna" del candidato con su propuesta al pueblo, antes que el modelo de campaña actual, donde el candidato hace caminatas, va a Palermo y dice lo que los palermitanos quieren oír, va a La Boca y adopta un discurso xeneize, va al coloquio de IDEA y es economicista, va a la Cumbre de los Pueblos y propone la reforma agraria, etc. Y la falta de un foro central hace que estos mensajes esquizofrénicos no se vivencien como tales.

    Lo que acabo de decir en el párrafo anterior podría refutar mi premisa "pro-local": no es verdad que la fragmentación y la dispersión sea incompatible con la manipulación. Ni es verdad -y esto va para muchos optimistas de medios alternativos, blogósfera, etc.- que más voces aseguren un mejor debate. El problema es cuáles tienen que ser "apoyadas": aquí nos topamos con criterios de relevancia y calidad que no se me ocurre mucho como articular en concreto.

    3. Por último, en lo que decís "sobre la publicidad oficial", estoy en un todo de acuerdo.

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  18. Gustavo,

    Primero, felicidades está muy bueno el Blog. También está re-buena la discusión que se arma con los/as visitantes. Me dí una vuelta por los blogs de varios de ellos/as (a quienes por cierto conocía de nombre) y también están tremendos.

    Te cuento que llegué aquí en las maromas de ser profesor de Derecho a la Información y buscando el amicus de Robert (ADC) en el caso Río Negro. Me he llevado una gratísima sorpresa, mucho de lo que aquí está es de lo que trato de discutir con mis alumnos (lolikon, etc.)

    Un fuerte abrazo desde México. Por cierto, puse un vínculo a tu blog en el mío, que es: http://dijoellicenciado.blogspot.com
    Es algo más austero y nuevo, pero ahí vamos.

    MP

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