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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

jueves, octubre 25, 2007

Más sobre las elecciones y la "veda"

Se conoce con el apelativo de "veda electoral", en Argentina, a las actividades que están prohibidas con ocasión de los comicios, antes, durante y (en algunos casos) también después de su realización.


Ah, las encuestas

Un caso muy importante es el de la prohibición de difusión de encuestas "a boca de urna". Lo que dijimos en este post se aplicaba, como allí mismo lo aclaramos, a la elección porteña, y no a las nacionales como la del domingo que viene. En su momento la Asociación de Teleradiodifusoras planteó la inconstitucionalidad de la restricción, pero se encontró con un fallo adverso de la Corte Suprema (que comentamos en este post).

De todas, formas, como dijimos, aquella vez,



los medios que transmiten en vivo encuentran rápido el loophole, como ya lo han hecho indicando en el zócalo de la pantalla fotitos de "1º", "2º" y "3º" sin especificar porcentajes. Es más, podrían limitarse a mencionar reiteradamente la posibilidad de un ballotage, dividiendo la pantalla con los móviles de los dos candidatos que le dieron arriba en la encuesta: la notoria relegación del tercero en discordia, en este caso, hará que el perspicaz televidente se dé cuenta del mensaje (no tan) cifrado.


El proselitismo prohibido

Como informa este post de autoblog, Néstor Kirchner "realizó esta mañana el acto de firma del decreto que le concede a Honda Argentina la categoría de terminal automotriz". En el evento se informó que la planta de la firma japonesa tendrá capacidad para producir 30 mil automóviles por año, que se crearán 800 puestos de trabajo de manera directa, etc. El blogger se pregunta luego si esto implica transgredir la norma que prohíbe durante los siete días previos a un comicio realizar “actos inaugurales o de lanzamiento y la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos”.

La norma es hija del voluntarismo oenegístico y no nos gusta, porque -con lógica elitista- está presuponiendo que la voluntad popular es harto influenciable y presta a sucumbir ante los encantos de una cinta cortada, de una rúbrica filmada. La verdad, la empiria, no nos registra casos en que esto haya decidido elecciones. En el caso, la firma del decreto no es un acto inaugural, ni de lanzamiento, ni parece ser una promesa electoral condicionante del voto futuro. Con esto me basta para decir que no hubo transgresión. A los que me quieran discutir esto en el plano de la teoría, los convoco a pasar al terreno de la empiria: pregúntenle a las cinco personas que tengan más cerca si saben que Kirchner firmó un decreto con el presidente de Toyota.

El fundamento de este proselitismo es reducir la incumbency advantage (ventaja del oficialismo) algo que de todos modos es imposible porque todo "oficialismo" recibe una suerte de "doble ración" en su atención mediática por su doble carácter: es noticia en tanto que autoridad regular, y es noticia en tanto que candidato postulado. Claro que esto no es siempre una ventaja, pues el oficialismo también debe cargar el riesgo de que algún hecho "imprevisible" (un Cromañón, un Atocha) generen un cambio rápido de opinión en el electorado.

La veda de prensa y su inasible base normativa

¿No se puede opinar libremente por la prensa durante la veda? ¿Cuál es el razonamiento constitucional que justificaría tal restricción?.

Miro "La Nación" y leo que en su web "en cumplimiento de la veda electoral no se publicarán comentarios desde las 8 del viernes hasta finalizados los comicios". LN supone que publicar un comentario es violar la veda, lo cual no es así.

Lo explico: además de lo que vimos de las encuestas, el art. 71 del Código Electoral Nacional (NEC) prohíbe (y sanciona con la misma pena: multa de $ 10.000 a $ 100.000), el "realizar actos públicos de proselitismo" durante las cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo. Y eso es todo: period.

Pensemos ahora en algunas "cosas" que intuitivamente resultan violaciones de la "veda". Realizar declaraciones periodísticas no es hacer un "acto público de proselitismo", incluso aunque en el curso de esas declaraciones el candidato reclame el voto para sí o ataque al rival. Tampoco es "acto público de proselitismo" el difundir avisos publicitarios en radio, televisión o diarios. Sin embargo, nadie haría declaraciones un sábado, nadie pone avisos sobre la votación el sábado. Y si el domingo, al ser abordado por movileros en el lugar del voto, un candidato llega a insinuar algo que no sean declaraciones de ocasión sobre la normalidad con que se desarrolla el comicio, habría un escándalo.

Pero nada de eso está, hoy, prohibido por la ley.

En esas últimas 48 horas, no está prohibido "hacer campaña", sino el hacer "actos públicos", que es sólo una de las muchas formas de hacer campaña, hoy seguramente la menos recurrida por los candidatos.

Sorprende muchísimo que en un país tan anómico haya, como ocurre con esto, un fenómeno en el que la internalización "sociológica" de lo no-permitido va, praeter legem, mucho más de lo que la ley prohibe.


Autoridades y votantes

Por último: la regulación del comicio electoral también implica obligaciones: la principal de todas es ir a votar (salvo que uno tenga más de 70 años, esté enfermo, o esté a más de 500 km- del sitio donde fue "empadronado").

También tratamos el tema en un post específico, qué pasa si no voy a votar, y a lo largo de este año, cada vez que hubo una elección en provincias, hemos visto que las stats del blog pegaban un respingo por gente que googleaba esa inquietud: suponemos que esto continuará en unas elecciones, como las del Domingo, donde no se avizora gran expectativa para sufragar. Allí advertimos, pues, sobre la tremenda sanción que les espera.

La otra obligación que se le impone al ciudadano es la de concurrir como autoridad de mesa (a propósito de lo cual, se informa que faltan autoridades en el 92 % de las mesas porteñas).

Bueno, aquí el consejo del blog es este: hay que ir. Se aprende mucho y no es aburrido. Además, el que, debidamente notificado, y sin causal de justficación, no vaya, se expone a tener pena de prisión de seis meses a dos años (Art. 132 CEN). Que es "excarcelable" y "en suspenso", pero que, por supuesto, no vale la pena.


Links

- Videos-guía para autoridades de mesa, linkeados por La Nación.

- Popurrí de links de la blogósfera argentina, sobre y a propósito de las elecciones:
Artículo 6. - Inmunidad del Elector. Ninguna autoridad estará facultada para reducir a prisión al ciudadano elector desde veinticuatro horas antes de la elección hasta la clausura del comicio, salvo el caso de flagrante delito o cuando existiera orden emanada de juez competente. Fuera de estos supuestos no se le estorbará en el tránsito desde su domicilio hasta el lugar donde aquél se halle instalado, ni podrá ser molestado en el desempeño de sus funciones.

11 comentarios:

  1. Interesante tema el de la prohibicion de las encuestas pre-electorales (durante algunos dias antes de las elecciones) y los sondeos a boca de urna. Me interesa particularmente la primera situación.
    Hace unos años, en un reporte de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH (se puede consultar aca http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=662&lID=2) nos planteabamos una pregunta (lo cito unicamente para incentivar el debate!): "¿Durante cuanto tiempo debe sustraerse la información de los sondeos al publico para que se formen una "opinión independiente"?" (y esto acarrea una paradoja) "¿Hasta que punto se puede sustraer de forma deliberada una información que los electores pueden utilizar para decidir su voto? ¿Es justo que los políticos y los encuestadores cuenten con información que la población no llega a conocer?". En fin, un asunto bien interesante, creo (mas alla de que la prohibición se cumpla o no)

    Gustavo, de nuevo, felicitaciones por el blog,

    Eleonora Rabinovich

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  2. Eleonora, no creo que las encuestas tengan el efecto decisivo que les atribuyen tanto quienes las quieren prohibir como quienes se preocupan por pagarlas.

    Esta prohibiciòn genera un "mercado negro" de la informaciòn en el que las encuestas igualmente circulan, pero de modo menos fiable. Y lejos de "igualar" las condiciones entre los contrincantes, favorece a quien es más fuerte ab initio, a quien tiene más medios estructurales para filtrar "presencia territorial" o difundir la especie sotto voce.

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  3. Yo no creo que las encuestas sean decisivas, pero se que son manipuladas por quienes las pagan. Y para mi se relacionan con el tema de la influencia del dinero en el proceso eleccionario, cuestión que estimo que es posible poner en debate desde el punto de vista de la pluralidad del debate público. Es cierto lo que decís con la posibilidad del 'mercado negro', pero no creo q vayan a ser menos fiables que ahora... También dije por qué son menos fiables. Lo dijo Rouvier en la tele: Yo no trabajo para la opinión pública, trabajo para mis clientes. Y quiero dejar a salvo a RR, q es un capo y un republicano (de 1936) como yo, pero no deja de ser una realidad que es necesario que los ciudadanos conozcan a la hora de evaluar sus votos.

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  4. Me veo obligado a aclarar por indicación de er que en mi comentario anterior el 'como yo' referido a RR se refiere a su condición de republicano (del 36) y no su condición de capo, que le pertenece en exclusiva al gran Rouvier, de quien aprendi lo poco q entiendo sobre encuestas y OP.

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  5. O sea que posteo tranquilo mañana y pasado!

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  6. Criador:

    Ni aún con el criterio más regresivo podría llegarse a sostener que analizar una elección futura, incluso decir a quien va a votar uno y por qué, es un "acto público proselitista" que es lo que se prohíbe.

    La tradicional y monocorde "autorestricción" de la prensa se debe a evitar la saturación del lector, o no involucrar la credibilidad del medio con operetas de último momento, que a un dictamen legal fundado y actualizado de sus asesores legales.

    Empalmando con esto, el republicanismo cívico sea muy "susceptible" y presto a denunciar la "violación de la veda". Recordamos con dolor aquel clásico del 97: baile en el primer tiempo, calamidad en el segundo, nucazo de Hugo Romeo Guerra. Se jugó un sábado, el día antes del gracielazo: en la trasmi, Araujo se pavoneaba de que iba a ir "mañana a tomar champán, con Chiche, a festejar". Y la grita de muchos republicanos indignados, frente al bocadillo.

    Zonzo, pero no ilegal, de acuerdo a lo que digo más abajo: véase punto 2, en especial.


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    ADDENDA AL POST: consolido acá algunas observaciones que he posteado en comments de afuera y en otros mails.

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    1 - La elección como un hecho intrínsecamente peligroso. La ley está armada en 1983, firmada por Bignone. Al leerla veremos que "prohíbe reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80 m) alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial".

    Creo que la idea en los 80, que yo llegué a captar siendo chico, era que en todo comicio era una ocasión de "alarma social" que, para conjurarla, justificaban pensar el día de la elección como una especie de "estado de sitio". 25 años han después todo esto parece ser distinto, y sin embargo mantenemos precauciones algo retrógradas.

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    2 - Ejercicio de interpretación: En abstracto, podríamos dudar si la ley usa la expresión "acto público" (de proselitismo) en el sentido de "cualquier acción" (lo que incluiría una "declaración" pública del candidato) o en el sentido de "reunión de gente, en un lugar público". Nada me hace suponer que la primera sea la interpretación correcta, y el hecho de que ciertas prohibiciones "proselitistas" -como precisamente, la entrega de boletas- tengan su indicación y regulación más específica refuerza la idea de que la que gana es la primera.

    De lo contrario, serían redundantes, y el intérprete de la ley debe presumir que el "legislador" no fue redundante.

    Si no hay claridad, entonces, y tratándose de una norma restrictivo-sancionadora, debe estarse por la interpretación más permisiva.

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    3 - Por qúe violar la veda "no mide". Más allá de lo que digan las leyes, creo que hay una explicación sociológica y estratégica a la vez para el "self restraint" que devalúa la artillería proselitista del final de campaña. Por un lado, "las bases" que vienen laburando en el terreno quedan fundidas y necesitan tomarse days off para organizar el día D, que es un tremendo laburo, incompatible con la tarea de "persuasión". Por otro lado, ellos y sus jefes captan en forma intuitiva que la efectividad de la "propaganda" tiene rendimientos marginales decrecientes, y que puede llegar a ser contraproducente en el caso de los indecisos si se insiste hasta el último momento. Por otro lado, la movilización es lo que más les importa: es más fácil preocuparse de que fue a votar el emisor de un voto "seguro" (llevándolo si es necesario) antes que ponerse a repartir volantes -si eso estuviera permitido- para conseguir votos esquivos que difícilmente vayan a convertirse de religión en la puerta del cuarto oscuro.

    Por todo esto, creo que un eventual laissez faire en la "legalidad" no cambiaría mucho la praxis.

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  7. Bueno, si "La Nación" fuera consecuente con su idea de "cumplir" la veda electoral no sólo tendría que restringir los comentarios de los lectores sino también dejar offline todo el archivo de su sección política hasta las 18 del domingo.

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  8. Days off se tomarán en Europa. Acá se labura a destajo hasta el final.Hoy repartí, mañana todo el día fiscalizo, a la noche hago data entry en nuestro centro de cómputos (un ateneo radical que me queda bastante trasmano).

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  9. Arballo:

    1)Es un tema interesante y real el "voluntarismo oenegístico", pero no se trata de lo que vos expresás al pretender explicarlo. La prohibición "de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos" nos habla de un diseño normativo que parte de una actitud "voluntarista", ya que el proceso creativo se agota en tener claro* cuál es el espíritu de la ley que se crea, mientras se ningunea al Derecho como fenómeno social y como disciplina al no pensar en la factibilidad de aplicación de dicha ley o en la coincidencia entre su aplicación y el espíritu. Este ninguneo al Derecho que yo expreso en forma general, incluye cosas tan graves como desinterés por el Principio de Inocencia, y una actitud nefasta en cuanto a neutralizar el margen de discrecionalidad de los magistrados (probablemente para lo segundo exista un término en latín, pero soy ajeno al Mundo del Derecho, y lo desconozco). ¿Qué Actos de Gobierno promueven la captación del sufragio? Si el Presidente decide, para ser 100% inocente, no trabajar en toda la semana-recta final, y usar esos siete días de manera pantagruélica, haciendo fiestas en Olivos, se podría argumentar que intenta que se filtre en los medios la data de que grandes celebridades asistieron a su convite, y así seducir al voto de la masa, que adula a sus celebrities. Si, por el contrario, pasa los siete días encerrado en La Rosada, a pan y agua, y leyendo miles de proyectos de decretos, y libros de Ciencia Política, se podría argumentar que intenta proyectar imagen de austeridad y entrega absoluta a su labor republicana, y así captar el voto.
    * Ahora cabe volver a lo de "tener claro el espíritu de la ley" que están creando: en casos como éste, probablemente ni siquiera pueda reconocerse ese mérito a los responsables, dado que el texto no sólo hace inviable u otorga resultados inciertos a su aplicación, sino que tampoco aporta una definicón o idea clara -y ahora me estoy refiriendo a "clara" a los fines del entendimiento mundano y bienintencionado, dejando de lado la importancia de redactar textos puntillosos y exhaustivos a los cuales la irreverente y lúdica abogacía no pueda encontrarles otra vuelta de tuerca- de la conducta que se pretende evitar/desincentivar.

    La prohibición de la que hablamos muestra también un diseño normativo que parte de una actitud "oenegística", ya que coincide con el típico estilo de visión y conducta de las ONGs: consideran que la política es el poder, se consideran ajenos al poder, por ende se consideran exhimidos de los complejos (complejísimos) dilemas éticos, de factibilidad, y metodológicos, que son propios de todo proyecto serio de transformación social. "Los políticos" son los malos, y basta con que ellos tengan buenas intenciones, aunque sean difusas e inconducentes, para que ellos queden en la vereda de en frente, la de los buenos.
    En el caso de Poder Ciudadano, por ejemplo, es común ver efusivas alocuciones acusando a dirigentes o funcionarios de violar normas en cuanto a financiamiento de campañas, que podrían ser fácilmente rebatidas hasta por un estudiante de 1er año de Derecho de la UCA. Es decir, reconocer que las normas existentes tienen falencias que hacen posible eludir su espíritu sin entrar en la ilegalidad, no es un esclarecimiento exigible a una ONG, compuesta por buenas personas.
    Y, reconocer que realidades de construcción política distintas pueden brindar posibilidades de conducta legal y legítima distintas (ejemplo: el kirchnerismo puede gastar más dinero en campaña, porque se cubre el cupo máximo computando el dinero que gasta la lista presidencial, y luego se adiciona publicidad de elecciones distritales simultáneas a la presidencial, que incluyen alguna referencia de alineamiento a la candidatura presidencial K -"Otacehé con El Cambio que Recién Empieza"-. Si la Coalición Cívica no goza de esta posibilidad, eso no implica que el kirchnerismo viole la ley o su espíritu, sino que la CC es un movimiento nacional de menor legitimidad/sustento popular e institucional y carece de candidatos a intendente), ya sería algo visceralmente imposible para los miembros de una ONG típica.


    Lo que vos decís sobre la mirada elitista de las ONGs, en cambio, si bien es real no está ligado al "voluntarismo oenegístico". Es lisa y llanamente una falencia sociológica, errores de concepción al analizar cuán "captable"/manipulable es la voluntad popular, y cuáles son las herramientas eficaces para captarla. Lo podríamos llamar "paternalismo oenegístico".

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  10. Arballo:

    2) Sobre la prohibición de "actos públicos de proselitismo".

    Cuando decís -en el punto 2 de tu ADDENDA- "Nada me hace suponer que la primera sea la interpretación correcta, y el hecho de que (...) refuerza la idea de que la que gana es la primera." supongo que querés decir "la que gana es la segunda".

    a) ¿Qué es un acto de proselitismo?
    ¿Cuáles son las razones para dudar de "acto" como "acción" y creer que "acto" es "reunión de gente"? (no es una pregunta retórica sino auténtica curiosidad). Dejemos de lado un momento el segundo argumento ("y el hecho de que ciertas prohibiciones (...) refuerza la idea de que la que gana es la segunda."). Por empezar, nada debería hacerte suponer que "acto" es "reunión de gente". En segundo lugar -esta es una suposición que no se sustenta en conocimientos vastos de Derecho que como te dije en mi comment anterior no los tengo-, lo inusual y problemático de referirse a una actividad del estilo de un acto en river, emparentada con eventos como fiestas domésticas, recitales comerciales, arte en plazas, venta ambulante, manifestaciones y cortes de calles, etc, usando una expresión tan vaga como "acto público", sin adicionar luego ninguna especificación, lo cual contrasta con el modo en que la normativa se refiere a actividades como las otras que mencioné, sí lleva a suponer que con "acto" NO se refieren a "reunión de gente". Por último, ¿en Derecho no es común usar "acto" como "acción"?. Creo que, por ejemplo, el Artículo de la Constitución Nacional habla de "Actos privados" que no afecten a terceros "quedan fuera del aclance de los magistrados". Por ende sí hay algo que te hace suponer que por "acto" quiere decir "acción".

    b) ¿Especificaciones sobre, por ejemplo, el reparto de boletas son redundates existiendo la prohibición de "toda acción pública de proselitismo"? No. Proselitismo no es todo lo vinculado a una elección, sino sólo a captar seguidores. Repartir boletas puede -y quizás debe- ser entendido como un acto de facilitación/servicio orientado al normal y satisfactorio desarrollo del acto eleccionario. De hecho no tendría nada de descabellado que los Registros Civiles estuvieran abiertos el día de la elección para que el ciudadano retire la boleta de su preferencia antes de llegar al centro de votación, sabiendo que quizás en el mismo éstas hayan sido robadas por un operador de otro partido y el partido de su preferencia no cuente con un fiscal que pueda reponerlas en esa mesa. De hecho sí está permitido el "acto de facilitación orientado al satisfactorio desarrollo del acto eleccionario" de trasladar a mucha gente desconocida para que voten. Y de hecho el Estado no hace proselitismo por ningún candidato ni podría hacerlo, pero sí reparte boletas de todos ellos (a los centros de votación, claro). Por ende si se quiere prohibir que los operadores partidarios repartan boletas, lejos de ser redundante es inteligente y responsable explicitarlo, dado que de lo contrario podría no ser entendido por los magistrados como una acción del prohibido proselitismo (No explicitarlo sería "voluntarismo oenegístico" ;) ).
    [Lamento no poder analizar la redundancia en otra conducta puntual explícitamente prohibida, pero estoy analizando la ley a partir de tu blog, y sólo pusiste ese ejemplo :P ]

    Ahora bien, ya que hablamos de redundancia, ¿qué pasa con la pertinencia y la sensatez de hablar de "reunión pública de gente"?. Obviamente decartamos una interpretación irritantemente literal de "reunión de gente", dado que no podría estar prohibido que Castillo "se reuna" con su hijo en el desayuno y le diga "acordate de no confundir mi boleta con la del otro candidato que también se llama Castillo". Si por "acto" la ley se refiere a actos políticos en el sentido vulgar ("Todos con Filmus en la Federación de Box"), sería redundante hablar de "actos públicos", son públicos porque son actos. A menos que el espíritu de la ley fuese prohibir sólo los eventos proselitistas que encajen dentro de alguna concepción de "público" que utlicen ustedes los hombres del Derecho, por ejemplo, prohibido un acto en Plaza de Mayo, permitido un acto en Federación de Box (local privado); o el acto en la Federación de Box prohibido o permitido según si es con convocatoria abierta (público) o con estricta lista de invitados (reunión privada), respectivamente. ¿Cabe suponer que el espíritu de la ley era ese, prohibir unos discursos del dirigente a la masa en pleno día electoral y permitir otros, basando la diferencia en ridículos tecnicismos? No.

    Por lo tanto, por a) y por b), "acto público de proselitismo" es toda acción que pueda llegar a una cantidad significativa de gente (y sea proselitista), lo cual incluye una declaración radial del candidato (llamando a votarlo).

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  11. Dear Sir:

    - Adhiero, en general, con lo que decís en e1 primer comment. Muy buen punto!

    - También está bien la estructura que desarrollás en el segundo. Aún hecha sin preparación específica en derecho y en un comment, te aseguro que es de un nivel de sofisticación que supera largamente la media de lo que firman los jueces argentinos en sentencias.

    - Efectivamente, en el punto 2 de mi comment debe leerse "la que gana es la segunda".

    - Hay una impropiedad técnica en la que incurrís, pero es un error muy común, que es la de apelar al “espíritu de la ley”. En el derecho sancionador no es tan natural apelar al “espíritu de la ley”, porque habilita interpretaciones “expansivas”. Debo decir que algo de eso se filtra en interpretaciones que usan un ropaje más técnico, las que se articulan en base al “bien jurídico protegido”.

    - Mi “ejercicio de interpretación” no es una argumentación acabada. La conclusión que sostengo en el post está más bien sostenida en que se trata de una norma sancionatoria y debe interpretarse restrictivamente, porque intersecta un dercho constitucional muy importante.

    - Esto dicho, tu refutación es muy interesante y razonada, nos ayuda a pensar. ¿Debería yo entonces reconsiderar mi posición? Quizá no, desde la lógica que apunté en el punto anterior. Y en verdad, fuera del juego de conceptos “género – especie” en la idea de “acto público de proselitismo” y lo que en esa otra lógica podamos argüir, hay razones que podríamos discutir en el “micro” de cada caso en particular, esquemas de defensa a los que apelar para defender a un candidato que hablase por radio. Un discurso proselitista “puro” no existe y si es “mixto”, encarás la defensa por ese lado. Pero me interesa más el panorama macro, que es esto que diré ahora.

    - Yo iría aún más lejos: muchas de las prohibiciones que inequívocamente contiene la ley son restricciones inconstitucionales. No está claro que el “período de reflexión” que la Corte usa como argumento para justificar la mayoría de ellas sea un bien jurídico tan cotizable cuando uno pondera valores. El día del comicio se vive en una suerte de “estado de sitio” donde parece que estuviéramos en el reino del revés: que todo lo que la ley no autoriza está prohibido. Ese es, en última instancia, el “espíritu de la ley”. Y yo creo que eso es inconstitucional.

    - Tratando de darle a las normas de “veda” un sentido “no inconstitucional”, yo entiendo que valen sí como legítimas todas las restricciones que puedan convenir a la regularidad del acto (un ejemplo: la veda de espectáculos, en la medida en que la enorme logística del comicio obliga a concentrar agentes del orden en esa sola tarea), antes que buscar, con candor y paternalismo, un ciudadano que tenga “conciencia limpia”, libre de “ruidos”. Si yo oigo la radio y el candidato me reclama el voto puedo obviar su pedido, cambiar de radio, o llamar a la radio para dejar un mensaje criticándolo. Nada de esto influye en la “integridad” del acto electoral.


    PD. En cuanto a la "veda de prensa" total, notamos un cambio en la praxis. La Nación ayer publica entrevistas a los candidatos, P12 publica una nota central bastante arengadora hoy. Poco a poco va filtrándose la idea tácita de que el sujeto obligado por la ley sería en cualquier caso el partido y el candidato, no los electores.

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