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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

viernes, noviembre 30, 2007

Los jueces y el impuesto a las ganancias

En su discurso de despedida del Senado, la presidente (a?) electa dijo varias cosas que no vienen al caso (al caso de este blog) pero una que sí nos atañe. Dijo que es una deuda de la democracia” que no se hubiera aprobado una ley para que los jueces paguen impuesto a las Ganancias.



El tema es que sí la hay. Y está vigente.

En 1996, la Ley 24.631 derogó la exención. Pero enseguida la Corte intervino, en abstracto, de oficio y sin caso, y declaró "inaplicable" la exención por la Acordada 20/96. Así quedó reestablecida la exención. No sólo eso, la Corte también dispensó del pago del gravamen, además de a los magistrados judiciales, a los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los jueces de primera instancia.


Por qué los jueces no pagan impuesto a las ganancias ...

Lo que hizo esa Acordada fue invocar su doctrina "tradicional" de la Corte, que viene del año 1936, en la causa “Fisco Nacional c/Rodolfo Medina” (Fallos 176:373). Como se advierte al citar la carátula, ahí había un litigio en serio, y los jueces de la CSN tuvieron el pudor de excusarse, de modo que la causa se resolvió con conjueces y éstos dijeron que el impuesto era una manera de afectar la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, por lo que su imposición violaba esa garantía constitucional.

Este criterio sigue manteniéndose en fallos actuales. En el último, "Gutiérrez, Oscar c/ ANSES" (Fallos
329:1092), una sentencia de 2006, la CSN -otra vez con conjueces- ratificó su criterio que hace inconciliables intangibilidad e impuesto. Consideró refutables los argumentos llevados a la causa por el CELS, en favor de la derogación. Y dijo además que "la falta de impugnación de la acordada 20/96 por parte del Fisco, determina que haya adquirido la estabilidad propia de los actos administrativos". Allí se remite también a lo dicho en "Gaibisso" -esta vez con jueces regulares de la Corte- donde se explicaba muy creativamente que "Los destinatarios de la especial protección de las remuneraciones y jubilaciones de los jueces no son las personas que ejercen la magistratura sino la totalidad de los habitantes, que gozan del derecho a acceder a un servicio de justicia configurado bajo las pautas que rigen el sistema republicano de gobierno". (Fallos 324:1177, de 2001).


... y por qué deberían pagarlos.

El criterio criollo fue sostenido por un tiempo por
la Corte Suprema de los Estados Unidos: en "Evans v. Gore" (253 US, 64 L. Ed. 887-1920) de 1920 se resolvió que un impuesto a las rentas, aunque fuese una medida impositiva, de aplicación general y no discriminatorio para todos los que posean réditos, era contraria al artículo 3º, sección 1, de la Constitución de dicho país.

Pero en el año 1939, al resolver la causa "O'Malley v. Woodrough" (307 US 277), la SCOTUS abandonó la doctrina del fallo "Evans", al considerar que los jueces sí deben pagar un impuesto a los réditos no discriminatorio. Inobjetables allí las consideraciones de Frankfurter,

"...someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos, y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar".

Huelga decir que la magistratura argentina, tan dada a recoger la doctrina de precedentes norteamericanos, ha hecho piadoso silencio del criterio de este fallo de 1939 (o, como García Lema en "Gutiérrez", ha dicho que los textos constitucionales difieren: claro que difieren, la Constitución de los Estados Unidos está en inglés).


El tema hoy

Cuando jueces de otros países conversan con un juez argentino no le pueden creer que estén exentos del impuesto a las ganancias. Esta excepcionalidad no sólo es percibida como anomalía en el gremio, también ocurre lo mismo con el hombre de la calle. Claro que en este punto podríamos decir que las sumas comprometidas -¿100 millones de pesos?- son una gota en el océano del presupuesto, donde podemos encontrar muchas otras curiosidades que no perturban ni generan tanta irritación.

Pero no les es dado a los jueces controlar la agenda pública que desde hace bastante tiempo tiene puesto este tema en el tapeta y lo carga a la cuenta de los agravios de la imagen de la Justicia. No sería aventurado decir que el costo institucional, simbólico, de este privilegio, es un verdadero impuesto de reputación cuyo costo recae sobre todos los jueces y funcionarios. Y que deberíamos derogar.

En el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma hubo un poco advertido vaivén. La Resolución 772/03 del Consejo de la Magistratura -recomendamos leer los fundamentos- suspendió los efectos de la Acordada 20/96 y ordenó liquidar los rubros tributarios a los jueces. Pero al año siguiente -Res. 626/04- suspendió los efectos de la resolución suspensiva, argumentando que había una ley con media sanción en el Congreso y que era preferible esperar a que el tema se definiera.

Pero esa media sanción se perdió, y es lo que lamenta CFK.

En el interín y antes de eso fueron surgiendo otras propuestas con algún parche. Solución 1: aplicar el impuesto pero a los jueces que se incorporen a la magistratura a partir de ahora, asumiendo que los que están en funciones tienen un "derecho adquirido" a no pagar impuestos. Esta solución asimétrica, si mal no recuerdo, fue propuesta alguna vez por Vanossi. Pero peca de inconsistencia, porque implica decir que no hay obstáculo constitucional, y si no lo hay, la exención pierde su base. Además, y esto lo dice siempre la Corte, nadie tiene derecho adquierido al mantenimiento de una legislación determinada.

La otra idea es la de hacer alquimia contable para que nadie en la magistratura sufra un detrimento de su haber. Solución 2: se aumentan los sueldos de todos los jueces en la medida en que sea necesario para mantener incólume el salario "de bolsillo" aún aplicándoles el impuesto.

Pero lo que nos imaginamos es que cuando habló ayer, CFK no pensaba en ninguna de estas dos soluciones.

5 comentarios:

  1. Gustavo:

    Esta cuestión muestra desvergonzadamente la hipocresía de muchos miembros de nuestro poder judicial. "No hay derechos absolutos", "Todos los derechos pueden ser reglamentados" (frase que usan para restringirlos).

    Me pregunto cómo se atreven a conciliar esta posición con la que sostienen en materia de prisión preventiva. Me explico. Todos reconocen que la pena y la prisión preventiva son materialmente idénticas. Lo único que las distingue es su fin. En el segundo caso es el fin procesal el que "justifica" que el Estado haga exactamente lo que el principio de inocencia prohíbe: trate a un inocente como a un culpable —o a veces peor—.

    En este caso, si se aplicara la ley vigente y los jueces pagaran impuestos como todos los demás habitantes, aun si ello implicara una disminución en su remuneración neta, no se podría decir que se ha "afectado" el principio de intangibilidad de las remuneraciones judiciales, pues no se trataría de una medida que pretendiera atentar contra la (poca) independencia del poder judicial.

    El mismo análisis se realiza para determinar la constitucionalidad de las leyes de reformas procesales generales que formalmente afectan al principio del juez natural.

    Pero si hablamos de intangibilidad de remuneraciones de los señores y señoras jueces, que deberían haberse ganado su derecho a proteger su independencia siendo efectivamente independientes, y no protegiendo su salario con argumentos que no aplican a la interpretación de ninguna otra cláusula constitucional, es otra cosa.

    Ahora sí se trata de un derecho absolutísimo, inalienable, imprescriptible, erga omnes, sui generis, vox populi, y cuanta otra huevada se les ocurre.

    La única solución, a mi juicio, es que paguen impuestos de una buena vez sin esperar nuevos nombramientos ni pretender una suba de sus remuneraciones.

    Saludos,

    AB

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  2. comparto el comentario de AB. Un dato más, con respecto a la "solución 2", esto del aumento a cambio del impuesto, habría que tener en cuenta que la Corte Suprema, mediante la Acordada 41/04 dio un aumento a los jueces inferiores del 30% y para los de la corte de el 10% supuestamente para que luego de ello pagasen ganancias (se discutía en el congreso una nueva ley).
    sin embargo, cobraron más y nunca pagaron. y ahora, piden otro aumento!!
    Deberían pagar como cualquier hijo de vecino y ya.
    saludos

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  3. Gustavo la "solución 1" es justamente la que tomó la Corte Gringa en el caso "O'Malley v. Woodrough".

    Abrazos
    JP

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  4. Me parece que el arbol les esta tapando el bosque. El tema no es que los jueces paguen ganancias, el tema es que no debe existir impuesto al salario. Cristina, habil como siempre, busca desviar la atencion sobre el impuesto al salario y aprovecha a cargar sobre los jueces, de paso. Y los idiotas utiles y los que tienen intereses para seguir cobrando las dadivas del poder, se prenden como siempre razgandose las vestiduras.
    Carlos Guinsel

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  5. Carlos, no estoy de acuerdo. Sí debe existir impuesto a las ganancias, para los salarios altos.
    No existiría ninguna lógica en que un autónomo lo pagara y un asalariado estuviera exento, ganando ambos lo mismo.
    Lo que se debe establecer es un mínimo no imponible razonable, y los que estén por encima del mismo, deberían tributar, aunque sean asalariados.
    En cuanto al tema original, estoy de acuerdo con las opiniones previas a la de Carlos.
    Saludos
    Guillermo Correa Morales.

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