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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

domingo, agosto 17, 2008

El fetiche del "registro", una seguridad "bárbara"

Hace algún tiempo recibí un mail de Sunchales. Transcribo:


Días atrás, y a raíz de la sugerencia de un grupo de vecinos debido a una creciente sensación de inseguridad, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Sunchales se reunió con aquellas personas relacionadas con actividades de la construcción para conformar un registro de los trabajadores temporarios provenientes de otras localidades, a efectos de contar con un información actualizada y pormenorizada de los mismos.

En un programa de TV local, el intendente expresó que el objetivo de la convocatoria a contratistas y constructores tiene como fin “tener un fuerte conocimiento de las personas que vienen de afuera. Creo que son elementos que ayudarán a minimizar la problemática, aunque no se van a eliminar los delitos ni mucho menos. La ciudad, en los últimos veinte años ha cambiado muchísimo y sabemos que estas son las reglas del juego”.

[Suspendo la transcripción: ¿a qué se refiere con "las reglas del juego"?

La web oficial
amplía:
23/06/08 -- Seguridad: Reunión con responsables de la construcción

En el día de hoy en el Salón Azul, el Secretario de Gobierno, Héctor Madoery se reunió con responsables de obras y construcciones de nuestra ciudad con la finalidad de dar forma al registro de personal transitorio. Esta iniciativa surge como un pedido puntual del Consejo Consultivo de Seguridad Comunitaria, para conocer al personal transitorio y así permitir un mayor control del ingreso y egreso de personas a la ciudad.

El mail nos contaba luego que según la policía "no existen pruebas suficientes como para suponer que la gente de afuera es la que lleva a cabo hechos delictivos en la ciudad. Es así como me surge la duda si un procedimiento de estas características no resulta discriminatorio e ilegal".

***

No hago asesoría gratis (tampoco cobrando) pero el tema me entusiasmó tanto como para responder y renegar un rato. Más técnicamente, expliqué que en derecho administrativo existe un concepto que se llama "desvío de poder" que es cuando se usa la cobertura una potestad legítima para obtener un fin ilegítimo o inconstitucional.

Si bien es cierto que una municipalidad puede exigir ciertas registraciones al personal que trabaja en la ciudad (p.ej., las "libretas sanitarias") el sentido de ello es controlar la observancia de algún requisito o recaudo pautado en la normativa municipal. En abstracto, un registro de trabajadores temporarios puede existir -aunque si se lo aplica sólo a temporarios "foráneos" está usando a lo que en derecho se suele conocer como "categorías sospechosas".

Pero, en cualquier caso, lo que no puede hacer es usar ese medio para vigilar la residencia, procedencia, ingreso y egreso de las personas de la ciudad.

"Es claro -contestaba yo- que, en cualquier hipótesis, la Municipalidad no puede expulsar a una persona de la ciudad, ni puede impedirle que ingrese, así que esto atenta contra la libertad de circulación, la dignidad, la distribución federal de competencias, contra media Constitución de 1853 si vamos al caso, no se necesita invocar derechos demasiado novísimos para darse cuenta de esta bestialidad".

Y mucho menos existir una posición oficial que avale esa improbabilísima conexión xeñófoba entre "foráneos" y "delincuentes", que la policía misma niega.

Menos mal que no calcularon que el presunto ladrón era un petiso, porque si no salían a hacer un registro de petisos.


****

No los voy a torturar con lo que pasó después en Sunchales y no me consta del todo, parece que no hicieron registro, pero el Intendente en persona llamaba a las empresas a pedirles el listado de los que trabajaban en las obras de construcción. Con lo cual, imagino, la inseguridad de Sunchales debe haber mejorado a niveles suizos, y eso "minimizó la problemática".

Y bueno, en esta nota del Diario La Arena de ayer se da cuenta de que en la localidad pampeana de Macachín directamente quieren crear un Registro de Forasteros. Simpatiquísimo:

El proyecto propone que todas las personas, comercios e instituciones deberán comunicar a la Comisaría Departamental sobre quiénes, por una razón familiar, trabajo u otra actividad, permanezcan en la localidad en forma temporal que exceda una estadía de visita normal. Los datos que se consignarán en el registro son, además de nombre y documentación de identidad, domicilio real, causas de la estadía, lugar de alojamiento y ocupación. Reservan el derecho al personal policial a requerir cualquier tipo de información en este sentido.



Me pregunto yo, porque en general no se dice, cuál es la sanción por no anotarse en el Registro. ¿La expulsión del pueblo? ¿Y la sanción para los que no comuniquen (denuncien), como se exige, al forastero?


***

Algunas veces las autoridades defienden estos registros diciendo que "registrarse es voluntario, no obligatorio". Este pensamiento de "si no es obligatorio, no es inconstitucional" es falso en general, y es rematadamente falso cuando lo hago con la implicancia de estigmatizar ciertas "categorías sospechosas". Y la verdad es que tanto el de Sunchales como el de Macachín son "registros de personas de las que la comunidad sospecha por el solo hecho de no ser del pueblo". Díganlo, siempre es mejor que nos digan la verdad.

La "legitimidad" de la registración suele defenderse con un argumento bien autoritario. Si usted no está en nada raro ¿no va a tener miedo de registrarse, verdad?

Googleando me doy cuenta de que lo mismo se había propuesto en Tío Pujío, un pueblito de Córdoba de 3500 habitantes. El INADI dijo entonces que la medida es discriminatoria. Claro que lo es. Y además aparece manifiestamente inhábil: como medida "preventiva", es un regreso a la barbarie, lo único que le falta es la letra escarlata.

Me pregunto, al final, cuánto tiempo vamos a tardar para que esto no ocurra ya en pueblitos como Tio Pujo, en ciudades chicas como Macachín, en ciudades grandes como Sunchales, sino que alguien vea la veta y lo haga a nivel provincial o nacional.

***

Y quizá esto ya pasó. Esta semana hemos visto los problemas de la genial idea de hacer registrar los celulares con huella digital, un viejo reclamo blumberiano. La idea es que los celulares se usan para delinquir, y entonces son peligrosos: "como un arma", dicen sin que se les caiga la cara de vergüenza. Bueno, diremos nosotros, los coches también se usan para delinquir, hay registros de coches, y nadie supone que el Registro de la Propiedad Automotor sea una herramienta eficaz para combatir el delito. Y el delincuente puede clonar un auto, trucharle la patente, robarselo a un ciudadano honesto para ir a delinquir. Y lo mismo puede hacer con un celular.

Ergo, no sirve para nada, y hay medios técnicos más eficaces para controlar celulares que tocar el pianito y entregar la huella digital. Aureliano calculaba acá que se tenían que registrar, ¡166.666 teléfonos diarios!. Como se preguntaba Diego, ¿Por qué les tengo que dejar mis huellas?.

Pero vean cómo funciona el fetiche: contra estas lógicas más elementales, esta idea se mantuvo viva por tres años y llegó a un decreto presidencial. Recién al final, en buena hora, el Ministerio de Justicia acabó por darse cuenta de esto y que la registración no se va a hacer con huella.


****

Que quede claro que no vamos a hacer una demagógica descalificación de cualquier intento de organización administrativa y que los registros son muchas veces imprescindibles para hacer las cosas bien. En las provincias hay un padrón electoral de extranjeros para votar ciertos cargos, y eso está bien. En el INCUCAI hay un registro de personas que están esperando órganos para transplante. No queremos meter en la bolsa del sarcasmo a los registros que tienen efectos jurídicos básicos: identidad, propiedad, matrícula profesional, policía aduanera, situación tributaria, laboral, etc., son registros que atraviesan nuestra historia y nos van a acompañar toda la vida.

Lo que irrita son estos registros chapuceros, facilistas, que no se sabe bien a qué vienen o por donde van, cuyo sentido va de lo discriminatorio o a lo bobo, y con mucha frecuencia son ambas cosas.


Hacia una teoría política del registro dilatorio

Esto no es sólo una estrategia que se hace en cuestiones de "seguridad". Ocurre también con temas de asistencia social. Si existe, por ejemplo, un reclamo por los discapacitados, por los chicos que viven en la calle, por la deserción escolar, por los vendedores ambulantes, por lo que sea, es muy probable que la primera medida que el Estado tome sea la de crear un "registro de", a veces llamado "padrón de", o "censo de" si se quiere dar un perfil más amigable.

Crear un registro es fácil, políticamente permite dar la sensación de que se está trabajando en el problema mientras este va saliendo poco a poco de la agenda de lo urgente. Gracias a lo cual, la mayoría de estos registros queda en proyecto que no se aprueba, o en ley que nunca se reglamenta ni se implementa. Y si se lo hace, además de la ventaja de ganar tiempo, el gobernante tiene la ocasión de nada menos que crear una nueva oficina, con un nuevo funcionario, nuevos empleados, etc., lo cual puede venirle de perlas. Incluso podrá cobrar nuevos impuestos o nuevas tasas, si es un municipio.

Claro, el problema es que a veces el "registro" en cuestión ya está creado. ¡Pánico! Bueno, lo que hay que hacer es muy fácil entonces. Se trata de encontrar un número equis de errores y problemas (por exceso, por diferencia, por defecto) en el registro existente y entonces decir que este está "desactualizado", que debe "depurarse". En casos extremos, se puede hacer tabla rasa y empezar de cero, exigiendo a los "registrados" un "reempadronamiento", o bien diciendo que la matriz del registro estaba mal y crear en consecuencia un "nuevo registro".



***

Ante todo esto, este blog propone dos medidas concretas,

1. Es necesario adoptar de momento una solución, creo yo, imprescindible para empezar a comprender la magnitud del problema. Que no es nada sencilla, pero que nos permitirá, en una etapa posterior, trabajar sobre sus causas y minimizar la problemática. Argentinos y argentinas, es muy simple: tenemos que crear un Registro de Registros.

2. Interín ello, es necesario también hacerse cargo del enorme peligro que representan las personas que conviven a diario con nosotros y de las que el Estado no sabe nada porque no están en ningún registro. Algo malo debe haber en todo ello, no sé bien qué, pero seguro que lo podríamos determinar con exactitud si creamos un Registro de Personas que no están en ningún Registro salvo en éste.


Lnks.

- Un clásico paper de Hernán Gullco, "El uso de las categorías sospechosas en el Derecho Argentino" (PDF).

7 comentarios:

  1. Como habito una comunidad pequeña y rural me doy perfecta cuenta del reflejo en los ejemplos que cita: ante el aumento de la criminalidad lo común es atribuírlo a "gente rara" que vino hace poco. En cuanto al mecanismo de expulsión lisa y llana de una persona sé que se intentó al menos una vez en la localidad de El Trébol por la autoridad comunal, y tuvieron problemas con la justicia y con el instituto provincial de derechos humanos también, obviamente.
    El Registro de todos los que no están en otro registro me parece maravilloso.

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  2. Muy interesante el tema. Ahora, yo pregunto: ¿qué medidas piensan poner en práctica los "cerebros" creadores de estos registros para lograr, haciendo caso a la finalidad que inspira su instauración, la prevención de delitos?, porque por más que tengan asentados en un registro a las personas de afuera, si dentro de estas, quizás, existe alguna con deseos de matar al Intendente, ninguna registración lo va a impedir. A menos que estos "genios" me digan que, una vez determinadas las personas que vienen de otros lares, por su inscripción registral, ya saben a quien deben tener vigilados en la ciudad, lo que no significaría mucho más que el hecho de que la policía los pare constantemente por la calle, les pida documentos, los haga poner contra la pared (con piernas y brazos abiertos, y si es posible adelante de todos) y les formule preguntas como "de dónde venís", "a dónde vas?", "cómo salió la selección hoy a la mañana?", etc., etc.

    Por demás está decir que esto de los registros de forasteros son medidas que colionan con varias disposiciones de la Carta Magna, siendo, asimismo, una pésima política de prevención de ilícitos (si vamos a lo pragmático y dejamos de lado lo de la CN, que es lo más relevante a efectos de rechazar esta idea).

    Saludos.

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  3. Después de postear esa ratio, se me ocurrieron miles de otras inconveniencias prácticas. Pero dejo otras dos muy obvias:

    a.) las mismas funciones que cumple un celular en cualquier delito, se pueden desarrollar desde un locutorio sin dificultad. ¿se viene el registro de huellas y adn para hablar desde locutorios?

    b.) nadie pensó en el roaming!! ¿se viene el registro de celulares del Mercosur? ni eso va a alcanzar, porque los celulares de cualquier lugar del mundo tienen señal, asique el registro va a tener que impulsarlo Naciones Unidas.

    Lo que me genera fascinación de todo esto no es la violación de "media Constitución de 1853" (eso, de última, sólo me escandaliza) sino la propia estructura del razonamiento. Si seguimos con el desarrollo lógico, se siguen miles de resultados insólitos: todos los secuestros los realizan personas vestidas, ¿se viene el registro de prendas de vestir? Si ocurre un robo en Sunchales (o cualquiera de las otras localidades mencionadas), ¿primero van a ir a preguntarles en qué andaban a los "listados"? ¿los arrestan a todos mientras averiguan? ¿qué hacen con esta información?

    Brillante, Arballo.

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  4. creo que la burrocracia optaria por el registro de los que no estan en ningun registro

    pavada de trampa 22, esta lex aporia del concejal russell:
    en cuanto alguien se registre,
    lo detienen por falsedad ideologica,
    y lo deportan al pueblo vecino

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  5. Dejalos. Cuando lleguen al "Registro de los registros que no están incluídos en ningún registro", entran en loop y se dejan de joder.

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  6. Que buen post! Algo que siempre odié, pero que lo escribiste tan bien y tan completo!

    Yo creo que todas estas ideas de registros, salvo ciertos casos muy precisos, son tan delirantes que no deberían asustarnos. Los municipios no tienen capacidad técnica ni económica para sostener esos registros. Los hacen en papel, y después tardan en subir los datos a una base de datos. Incluso, como no tienen mucha guita, la base de datos es una porquería y nadie sabe tratarlos. El resultado es que los datos se juntan mal, parcialmente, y a los tres meses no sirven para nada. Es en todo caso una muestra de intolerancia, una medida ridícula y un despilfarro de recursos.

    El tema de los celulares era más grave. Al presidente de una comuna de 1000 habitantes se le puede disculpar que sea ignorante: ni siquiera tiene asesoría letrada. Pero que a un ministro de justicia, que antes fue de interior, se le escape que armar un registro de 40 millones de cositas, con un montón de datos por cada item, de cosas que tienen una dinámica explosiva -digamos que los celulares circulan más que los inmuebles-, que se lleva puesta media Constitución, y que la joda le costaría unos cuantos manguitos, es incomprensible. Que hayan salido a hablar de eso nada más habla primero de incompetencia e improvisación, y después de su ignorancia por el artículo 19.

    ¿Alguien lleva todavía la cuenta de cuántos ministros del interior se llevó puesto el siempre pendiente contrato de los nuevos DNIs?

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  7. Interesantísimo, Juan Pablo Peralta
    www.portaldelperiodista.blogspot.com

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