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miércoles, febrero 11, 2009

Tartagal, el alud y la Ley de Bosques

De esto se trata este post. De ver qué pasó en Tartagal, no antes de ayer, sino en estos últimos años; de qué es la Ley de Bosques; de por qué fue el desastre del alud; de si la mora del Ejecutivo en reglamentar la Ley tuvo algo que ver en el asunto.


Tartagal, Salta


La últiva versión de Google Earth permite que uno vea la evolución histórica de diferentes sitios en las fotos satelitales. Las actualizaciones no son permanentes, y en el caso de Tartagal, tenemos nada más que dos versiones: 2003 y 2006. Veamos respectivas comparaciones a 5k, 2.5 k y 0.5 k de altura.







1ª observación: Si hacen click sobre cada una de las imágenes y las ven en grande, la comparación es muy impresionante, sobre todo cuando nos acercamos en la escala. Y las cosas serían peores si tuviéramos para mostrar imagen actualizada de Tartagal a Enero de 2009.

2ª observación: el desmonte que podemos ver en este período 2003 - 2006 parece estar relacionado con desmontes selectivos de explotación de madera y no con desmontes absolutos para plantaciones de soja.


Del desmonte al alud


Como dice Artemio [en este post], vemos "imprevisibles catastrofes naturales" que puntualmente se suceden en Tartagal, ya con imprevisibilidad kantiana.

No es una trastada de la naturaleza, es algo que se podía anunciar absolutamente por secuencia de causa y efecto: “cuando cae la lluvia, el terreno no tiene absorción porque no tiene las raíces de esos árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente sin ser absorbida” [Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional, fuente]. Una explicación más completa la vierte Ulschmidt en este post., donde completa la escena con más implicancias de los desmontes.

La idea es que en este punto no cabe engañarse ni aceptar lamentaciones que ignoran el cauce causal: el problema no fue el dique, no fue el puente ni la obra pública que no se hizo o se rompió, el problema es el desmonte.


Ahora sí, la ley.

La ley 26.331 lleva el título de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos" (nombre corto: ley de bosques). Después de una larga campaña motorizada por organizaciones ambientales, fue sancionada en diciembre de 2007. Pueden ver su texto aquí.

La narrativa de Greenpeace es que la mora del Ejecutivo Nacional en reglamentar la ley permitió y permite que sigan los desmontes de bosques.

Pero, atención: el artículo 8 de la ley dice esto:

ARTICULO 8º — Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes.

La ley define la creación de un "Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos", que obviamente sí depende de la reglamentación. La idea es relevar todos los bosques, clasificarlos en tres categorías, y establecer en función de ellas diferentes pautas de protección.

Es indudable que la mora del Ejecutivo en reglamentar la ley no sólo tiene efectos jurídicos, sino que envía un mensaje (político) a las demás jurisdicciones: esto de los bosques no es muy importante.

Técnicamente, es falso que toda ley esté supeditada en todas sus disposiciones a las reglamentaciones del Ejecutivo. Es posible que algunas de ellas son directamente operativas y no necesitan ninguna reglamentación. En tanto no se realizó el "Ordenamiento", el art. 8º implica que los desmontes están jurídicamente prohibidos desde su sanción, con independencia de que falte la reglamentación. Entonces, todo desmonte producido de fines de 2007 a la fecha viene siendo ya mismo prohibido por la ley y la prohibición no se perjudica por la reprochable pereza del Ejecutivo Nacional en reglamentarla.

No creo que con reglamento hubiera cambiado mucho el espesor de la mirada estatal sobre el fenómeno. Lo que se hizo fue hacer la vista gorda y los desmontes siguieron, a pesar de que era obligación de todos los poderes (nación y provincias, en sus respectivas esferas) hacer cumplir la ley en sus disposiciones operativas que no dependían de la reglamentación. Incluso Greenpeace pudo (debió) haber presentado un amparo para que esto se ordenara por vía judicial, atento a que se sabía que los desmontes seguían.

"Hacer cumplir" no sólo debió significar abstenerse de dar autorizaciones de desmonte, sino controlar, vigilar, prevenir y reprimir la tala furtiva a pequeña o gran escala. Algo que no se hizo por los obvios costos políticos y económicos que aparejaba hacerlo. Costes, que por evitarlos, ahora son mucho peores.

9 comentarios:

  1. Clarisimo, muy buen post

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  2. Pero según lo que dice el artículo 8º (no leí el resto de la ley) lo que se prohibía era "autorizar desmontes". Pero tal prohibición está antecedida por la palabrita "podrán" lo que indica que se aplica para el futuro. Según entiendo -de la interpretación literal y exclusiva de este artículo- es que no se podrían autorizar nuevos desmontes. Ello no incluye que se continúen los desmontes que ya hubieran sido autorizados con anterioridad.
    De todas formas, injustificada -o tal vez el justificativo sea claro y concreto para los encargados de reglamentar, más allá de que no sea ético- la tardanza del Poder Ejecutivo.

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  3. Gustavo, tal vez diga una estupidez. Pero ¿no se configuran de manera directa los presupuestos de un reclamo por responsabilidad del estado por omisión?

    Pienso en Torres, c. Mendoza y los requisitos que menciona ahí Giovani Dunni (los cita A.K.de C.) que en ese momento no se le reconoció al actor por ser ineficiente la condena (aed puro), pero en este caso..

    Si el nexo causal entre la inactividad del estado y esto que pasó fue tan estrecho que —como decís— fue hasta previsible, se me ocurre que el estado debería responder..

    Qué se yo. Estas cosas son muy argentinas. Hay gente ahi que perdió todo y para peor no tenía nada.

    El recurso retórico de la presidenta fue obvio: "acá lo triste no es lo que pasó (que demuestra otra vez un estado ausente) sino que lo triste es la pobreza que ya existía de antes".

    Vaya tangente.

    Y de hecho le sirvió, ya que el tema de discusión en los titulares de los diarios parece ser la pobreza y no la causa de la tragedia (imputable al estado).

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  4. Oigo por radio el tema de decir que "la causa es la pobreza".

    (Dicho sea de paso: no es verdad, la zona más afectada por el alud no fue la más pobre. Fue un barrio de casas de clase media baja)

    Traer el tema de la pobreza "estructural" (buena estrategia de un gobernante para decir que no es su culpa individual sino que es culpa del sistema) busca distraer el debate sobre las responsabilidades estatales, que fueron muchas, y de las cuales, creo, la omisión en reglamentar -a diferencia de lo que cree Greenpeace- es sólo un detalle.

    Ahora, si la seguimos, la teoría meteorológica de la presidenta es esta: los aludes, como fenómeno natural, ocurren allí donde hay alto porcentaje de NBI! ¡Es un malévolo proceso natural darwiniano! Ahora, hay miles de zonas pobres donde no hay alud.

    Hablando en serio, creo que se podría hacer un planteo de responsabilidad del Estado por omisión, no lo descarto. Pero el diablo está en los detalles, es una demanda que hay que hacer superbien y con argumentos que trascienden largamente a lo dicho en este post.

    Aclaremos que K de C es Kemelmajer de Carlucci, yaquestamos.

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  5. Muy bueno, Gustavo

    ¡Esas fotos son tremendas!

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  6. Estimados,
    La omisión trascendente del Estado, causante en forma eficiente de los daños producidos, no radicaría en la dilatada falta de reglamentación de la mentada ley, sino en no cumplir o hacer cumplir la manda del art. 8º de la misma.
    Saludos.
    Esteban

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  7. Meursault, creo que la última parte del art. 8 de la Ley, debe interpretarse en el sentido de que en el presente no se pueden autorizar desmontes. Creo que esa es la intención del legislador, y me parece que mi interpretación no es muy traída de los pelos.
    Saludos

    Agus A
    www.pensarderecho.blogspot.com

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  8. ESAS IMAGENES SON IMPRECIONANTES. SIN PALABRAS!!

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