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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

martes, agosto 12, 2014

El Digesto Jurídico Argentino como fenomenal generador de confusión


Finalmente, en la continuidad de una política de Estado que viene de la década del noventa, Argentina votó su Digesto Jurídico, personaje central hoy de la cartelería y folletería profesional.

Obviamos las vicisitudes y sus raíces noventistas (nació con la ley 24.967 de 1998), el contrato millonario que cobró la UBA y entregó a las cansadas, en los 2000s (Nota de HV y respuesta de Alterini en 2006). Llegamos a hoy y hay, digámoslo, un mérito cierto y que aplaudimos en el gobierno actual en retomar eso (lo terminó haciendo el Ministerio de Justicia) y evitar que lo gastado fuera tirado todo a la basura, y avanzar. Un poco queda a contrapié de otras políticas renovadoras de legislación vetusta, porque justo habemus digesto en el medio de un proceso donde las dos columnas vertebrales del edificio jurídico (Código Civil y Código Penal) están en trance de sustitución, pero obviamos eso de momento y seguimos.

En lo que viene explicamos que es el Digesto, y luego cuales son sus problemas.


El Digesto hace estas cosas: 

  • expurgar el derecho no vigente (tanto las derogaciones "expresas" como las "implícitas").
  • consolidar el derecho vigente en normas ordenadas (si la ley A fue modificada dos veces por las leyes B y C, veremos entonces solo la ley A "vigente" con sus reformas).
  • redenominar todas las normas (con un código alfanumérico que explicamos debajo en "sopa de letras").
  • renumerar muchos artículos (para que no haya artículos "vacíos" o "bises" en cuerpos que fueron modificados).
.

Una vez hecho todo este proceso de auditoría legislativa, que llevó más de 15 años, el Congreso sancionó el Digesto por Ley 26.939. El repertorio completo de leyes argentinas ahora está en digital en cuatro DVDs que están en revisión abierta para que se les formulen observaciones (cualquiera puede hacerlas), en un período de 180 días que empezó en mayo, y que al cabo de una último repaso tendrá su versión "parlamentaria" final.

Detras de esto hay entusiastas bienintencionados que conviven con intereses creados que militaron el proyecto en todo su arco temporal, ahora repotenciados por el tiempo de cosecha que avizora el mercado editorial privado y público ávido de generar colocación de tomos impresos, con avisos y línea bajada del orden: "a partir del Digesto nada de lo que ha usted estudiado tiene sentido" y advertencias apocalípticas del tipo "no existe más el art. 1113 del Código Civil".

Si les interesa ver el producto en cuestión, en su versión provisoria, aquí está la versión de Erreius, que separa en carpetas y archivos PDF, de acceso libre.


Clasificando leyes: sopa de letras

La idea de clasificar las leyes como si todas hubiera sido mono-materia se estrella de frente con la realidad. Así, por ejemplo, muchas leyes que se refieren a derecho privado (cheques, automotores, propiedad intelectual) tienen generalmente al final un "tipo penal" ... a pesar de lo cual para la clasificación serán tabuladas como leyes privadas.

De esta forma, en la letra "E" de "Derecho Civil" no sólo hay cosas que no son sólo de Derecho Civil,  tanto como cosas que ni siquiera son de Derecho Civil, pero también faltan cosas que sí son de Derecho Civil, que son accesorias de una ley de otra materia.

Tampoco tiene sentido haber generado cinco subdivisiones en Derecho Administrativo y ninguna subdivisión en Derecho Civil (tendríamos persona y familia, reales, sucesiones, contratos, etc.) pero esta crítica igual es de todos modos secundaria, porque en las subdivisiones aparece el mismo problema que en las divisiones propiamente dichas: las leyes son híbridas e inciden en múltiples materias.

Al fin y al cabo, se dirá, no importa tanto esta preocupación porque podemos asumir que se trata ni más ni menos de una convención para nominar.

Ahora, si esto es así, y si lo que se buscaba era practicidad, citar el artículo 12 del Código Civil, o el artículo 20 de la Ley 11.753, era algo no sólo tradicionalmente aceptado sino más sencillo. En concreto: queriendo simplificar, hicimos un ladrillo más que aleja al derecho de la gente.

Además, citar el "artículo 14 de la ley E-0026" (el querido artículo 16 del Código Civil) es contraintuitivo porque se está citando con una nomenclatura distinta a la que sancionó el Congreso y frecuentemente se estará citando un artículo de número distinto que es el que uno encuentra si se atiene a la versión publicada de esa ley en el Boletín Oficial. Es cierto que el Digesto conserva encorchetados los números originales de la norma, pero pasamos de una situación A donde a cada norma le correspondía un número a una situación B donde tiene 2 (el original, y el producto de la consolidación).

Este mismo problema se traslada a los incisos que han sido también reorganizados.

Y será un problema ENORME en el futuro. La sentencia que cita el artículo 11 de la ley A-0234 citada en, digamos, 2014, puede ser distinto que el artículo 11 de la ley A-0234 que cite un juez en 2019. Lo único que tiene que pasar para eso es que deroguen el artículo 8, de donde se renumerarán todos los posteriores. Imaginen la nada improbable situación de que una demanda cite un artículo, y la sentencia de Cámara, que llega cuatro años después, tiene que fijarse a ver cuándo se redacto la demanda para ver a qué artículo 11 concretamente se estaba refiriendo.

El mismo problema se genera cuando uno quiera leer un fallo: deberá precaverse para darse cuenta si el artículo 11 del momento en que se falló era o no el mismo de la ley en cuestión.

Aclaramos, de paso: las leyes se seguirán sancionando con los números tal como los conocemos.


Problemas que genera

El sistema de nomenclatura además dificulta, como apuntó el Diputado Tonelli, saber si una norma es anterior o posterior a otra máxime si pertenece a distintas categorías clasificatorias.

Y aquí surge un problema no menor: el artificio que inventamos para "dar claridad" y "pasar en limpio" el derecho va a tener  es que muchos operadores se atendrán a la "ficción" de que todo el derecho vigente fue sancionado en forma "simultánea" (una vez que el Congreso, finalmente, avale la cajita de DVDs que está "en revisión").

La trampa de esto es que se perderá un criterio que gobernó conflictos de leyes, que es el de suponer que la ley posterior derogó la anterior. Tenemos muchos de esos casos, donde leyes civiles especiales han venido a incidir en leyes viejas. En general, las leyes nuevas son más progresistas, y se presuponía que se imponían por criterio cronológico.

Perdido este criterio, se perdería la justificación de muchas soluciones jurisprudenciales que hoy conocemos.  El efecto posible es que haya resurrección jurisprudencial de normativas no explícitamente derogadas, dándole un segundo aire a reglas y controversias que parecían superadas. Por las razones que expondré a luego, esa "ficción" sería inconstitucional, y la idea de "sanción simultánea" no me parece correcta, pero al que le convenga lo va a plantear, alguno le va a dar la razón, y van a pasar lustros hasta que se disipe el humo y las esquirlas que provoca la irrupción de este megaterio jurídico.



Problemas que resuelve

Infojus relevaba en esta nota "leyes insólitas" que se captaron, como la ley 5 de 1854 que faculta al Estado Nacional a hacer la guerra con la Provincia de Buenos Aires. O la ley 432 de 1870 que declaraba libres de derechos de importación a las planchas destinadas para la numeración de las puertas y de las calles de las ciudades de la República. No imagino que tales descubrimientos-ni los que lista el resto de la nota- sean de verdad relevante para la práctica real de abogados y operadores judiciales.

Poniendo las cosas en su sitio (y sacando hipotesis marginales o casos de laboratorio), hay pocas referencias reales de casos en los que se dude sobre la vigencia de una norma. En el interín, nos gastamos un montón de plata pagando la póliza para que no nos asuste el cuco de "no se sabe cuáles leyes están vigentes y cuáles no". Tal vez la más importante que ha visto esta generación es el caso de dudas sobre la vigencia de la llamada "Ley de Abastecimiento" cuestión jurídica sobre la que escribimos varias veces en este blog.  En el DJA la cuestión se esclarece en un sentido: está vigente. Ahora bien, tal vez esa aclaración ya sea abstracta, porque en breve tendremos una reforma a la ley de abastecimiento (ver acá qué cambiaría).


El problema de la consolidación delegada a una Comisión

En lo sucesivo, la "consolidación" en lo que concierne al mantenimiento del DJA será tarea de una Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Nótese que a esa Comisión Bicameral se le estaría delegando en parte una función que es propia del Poder Judicial, porque para consolidar en casos de derogación implícita se requiere interpretar las leyes (y por esa razón, no es el caso que podría validarse por el art. 79 CN, que presupone una aprobación "en general" con delegación a una comisión para la sanción "en particular").

Y esa es la razón por la cual todo el trabajo de consolidación de la Comisión es orientativo pero no vinculante para un juez, que puede adoptar un criterio distinto a la del producto "consolidante". Desde el punto de vista constitucional, sólo son leyes las que entran por proyectos del Congreso. El Digesto Jurídico no tiene una base constitucional sólida.

Dicho sea de paso, esa es la razón por la que es incorrecto decir eso de que "no existe más el art. 1113 del Código Civil". Que es, de hecho, una forma muy correcta de citarlo -y que por tradición y simplicidad, supongo que se seguirá utilizando-.


Lo que viene

Mi idea es que esto va a generar reacciones que en lo mayoritario oscilarán entre la antipatía, el fanatismo y la angustia, y tenderán mas pronto que tarde a converger hacia la olímpica despreocupación o desentendimiento del artefacto y su mecanismo. Seguiremos hablando del art. 1113 del Código Civil, y del art. 34 del Código Penal, al tiempo que las labores de consolidación de las sucesivas composiciones de la Comisión van a seguir generando un ruido indebido en la ya complicada interpretación de normativa jurídica compleja.

Y, en ese sentido, el Digesto ordenadito tipo TOC no es un paso adelante, sino un paso atrás.

16 comentarios:

  1. Muy buena nota, la verdad que es va a complicar a los operadores. Porque aun cuando haya una postura mayoritaria de ignorar la nomenclatura nueva, siempre vas a tener quien la cite.
    Por otro lado, el digesto no contempla decretos delegados importantísimos con rango de ley. Me viene a la mente, por caso, el decreto 1023/01, que derogó el capítulo sobre contrataciones administrativas de la ley de contabilidad y modificó el art. 7 de la LNPA. Ese decreto no está en el digesto, que sí incluye el DNU 577/03 que lo complementa (!).
    En fin, 20 años tirados a la basura.

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  2. Muy bueno el post, me viene a la mente el "no aclare que oscurece" que sería aplicable al DJA

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  3. Completamente de acuerdo en lo sustancial.
    Básicamente en que -cito- : "...será un problema ENORME en el futuro..."
    Más allá de toda intención comercial o cosa por el estilo, tiene sentido, en algún contexto y con ciertas precisiones sostener "no existe más el art. 1113 del Código Civil".
    Las normas (qua significados) contenidas en el aquel art. 1113 , pasan a estar denotadas por el texto del art. 1085 de la ley E-0026. Si "ley E-0026" es (biunívocamente) equivalente a "Código Civil", el art. 1113 del "Código Civil" (eq. art. 1113 de la ley E-0026) contiene un texto que denota otras normas y no aquellas. Aquel, en su función fundamental de conjunto de expresiones lingüísticas asociada a una función denotativa de normas...este...eh....
    Si consideramos a las normas entidades lingüísticas (y no significados), como lo hacen al menos episódicamente A y B (en "Normative Systems"), ídem.
    Con un poquito de ajuste (designadores rígidos, etc.) y caritativamente interpretada, aquella afirmación no es una mera imprecación petardista o únicamente dirigida a llevar agua hacia algún molino editorial, sino que posee bastante sentido.

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  4. 1. Gran idea discutir este disparate... ¡supera el del código unificado!

    2. La declaración de vigencia no modificaría los tiempos históricos de sanción.

    3. La nueva nomeclatura -según la ley de DJA- no debería cambiar la numeración actual pues IP y la BicamDJA la incorporarán luego de su publicación en BO, y el número se lo pone Senado antes, cuando comunica la sanción al PEN para su promulgación. (Ahora, si ya cambiaron los números el lío ya está hecho y solo cabe preguntarse por qué hicieron eso... ¿cómo referiremos a la las leyes derogadas que coincidan con el número de una vigente?).

    4. Hernán. Si el decreto delegado no está entre las normas "vigentes" debería estar "no vigente"; pero si tampoco está entre las "no vigentes" ¿hay tercera condición para una norma? (Que el anexo refiera a leyes pero no incluya los DL o los DNU no es serio).

    ¿No es inquietante que la ley suponga que puede haber una tercera condición además de "vigente" y de "no vigente"?

    5. No coincido con GA en que el problema de la delegación en la bicameral sea que el Congreso interpreta, porque la ley interpretativa es válida. (cf. título preliminar del Código de Comercio tomado x Velez del Code).

    El punto es que la interpretación debe ser por ley. Y el cap. IV de actualización modifica el proceso de sanción de las leyes, ya que genera un despacho único una comisión bicameral, y la CN estabece que cada Cámara discute por separado la sanción, lo que incluye el despacho. Si interviene la bicameral no hay debate por separado (salvo que el dictamen se considere proyecto en la cámara iniciadora y cada una lo trate según su reglamento). Solo se da el supuesto de dictamen de bicameral tratado por ambas cámaras con validez en la ratificación o no de DNU y vetos parciales; no en las leyes.

    El art. 18 no es claro respecto de si se trata de una ley, pero va de suyo que debe ser una ley (con poder de veto del PEN) para modificar otras leyes. No sirve una declaración conjunta porque no incluye la intervención del PEN.

    4. También parece inconstitucional en el Capituto IV (art. 22) la modificación de los anexos sin intervención de las Cámaras sancionando una ley.

    5. Me quedé en el 45... ¿qué significa "Apruébase la referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales..."?

    VS.

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    1. VS, el problema es que no consideraron los decretos delegados. Parece que el Congreso entiende que tienen una fuerza normativa inferior a la ley y a los DNU. Esto, al menos en la práctiva legislativa argentina, es falso. Hay decretos delegados que modificaron leyes. Incluso, la ley 26.122 da el mismo trámite de control legislativo a decretos delegados y DNU.

      Otro ejemplo de derogación mediante reglamento delegado sería el decreto 1204/01, declarado parcialmente inconstitucional por la Corte y que se dictó sobre la base de la misma delegación legislativa que el decreto 1023/01. Entre otras cosas, modifica el régimen de costas del Código Procesal en todas las causas en que sean partes adversas, Nación y Provincias, provincias entre sí.

      El problema de esos decretos es que no se asumen como delegados pues no invocan el art. 76 de la CN. Entonces cuesta más reconocerlos.
      Espero que lo corrijan ya.

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    2. Hernán, es dificil analizar la ley del DJA porque es medio disparate.

      Coincido en que el reglamento delegado tiene rango de ley y que han derogado leyes (otro ej, el D 667/91 que traslada competencias de los jueces comerciales a trib arbitales, etc.). La ley debió declararlos vigentes o no. Los arts. 2 y 3 refieren a "normas" (más allá de que los anexos refieran a "leyes").

      Tu posición es que directamente no se dieron cuenta de que existían los decretos delegados.

      Ahora, y aplicable a las leyes y DNU también, no entiendo qué pasa con las normas que no están en ninguno de los dos anexos como estos decretos. Es raro suponer que puede haber normas no declaradas "vigentes" ni "no vigentes". Lo lógico era decir que las normas no declaradas vigentes están "no vigentes".

      VS

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  5. Como lego digo: una corta búsqueda en link de Errerius me da la impresión de que es mucho más fácil encontrar la legislación sobre temas que me pueden interesar antes de, o como complemento a, llamar a un abogado. No debe subestimarse el grado en que esto último (llamar a un colega tuyo) es un trámite horrible para los que no somos de ese palo, en el cual siempre sobrevuela (producto del prejuicio pero también de experiencias previas, propias o de terceros) la incómoda sensación de que te están por dar vuelta. Sin negar (además no podría sin el conocimiento específico) todas las fallas que le ves, disiento en cuanto a que esto pueda alejar a la gente "de a pie" de la justicia, creo que va en el sentido contrario: nos facilita el control de lo que nos dicen los bogas.

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    1. Pero tenés un problema. Cuando encuentres leyes híbridas, vas a creer que algo no está y en verdad está en otra categoría. ¿Es más práctico? Dejame dudar. Algún voluntarioso que se quiera dar maña y quiera ver lo que rige en un tema laboral va a tener que ir a la quinta (!) página de resultados de la categoría P para encontrar la "Ley de Contrato de Trabajo". No es tan simple. Tal vez le sea un cachito más fácil poner "Ley de Contrato de Trabajo" en google. Que es una referencia en lenguaje natural, autodescriptiva, no un Código alfanúmero como el que le atribuye el digesto: "Ley P-1018".

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  6. Urgente derogación ya del DJA (ley 26939, o ley ju7g6yu...) tal como está concebido. La única función de un Digesto, acá y en cualquier parte del mundo, es expurgar y consolidar. Punto. No le demos más vuelta. Lo demás genera confusión y caos. Lo dijo Vélez hace 150 años atrás: no es misión del legislador clasificar nada.

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  7. Me extraña que nadie piense en el ciudadano que tiene que conocer el derecho y que el Digesto le trae claridad. Por otro lado Arballo tan inteligente y letrado sos y se te ocurre que una ley de derecho privado porque tiene una sanción deberìa objetarse su clasificación en la rama en la que está...
    Estos comentarios me suenan más a gente que no quiere estudiar y profundizar sobre que es el Digesto y sus ventajas, que no se adaptan al cambio y al progreso.
    Averiguen más, pregunten a los que estuvieron trabajando en el proyecto, y no se queden en la mención del artículo que se saben de memoria. Saber derecho no pasa por citar el artículo que te acordás de memoria.

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    1. "una ley de derecho privado porque tiene una sanción deberìa objetarse su clasificación en la rama en la que está". No digo eso. Digo que las leyes son híbridas y tienen normas que caen en más de una categoría, lo que prácticamente le quita toda la gracia a utilizarlo como criterio ordenatorio (porque no todo lo "penal" está donde el rótulo dice "penal", ni todo lo que el rótulo incluye es *sólo* penal). Precisamente una demostración de la inutilidad del Digesto como consolidación es que la Comisión de Reforma del Código Penal, cuando hizo la compilación de normas penales vigentes, empezó de cero y no se basó en tomar la categoría "penal" del Digesto. Ahora bien, si la notación alfanumérica fuera útil, práctica, imagino que este comentario no tiene influencia alguna y en un año o dos estará todo el mundo usando el sistema de notación Digesto. Si eso no sucede, aún con todo el marketing promocional de las editoriales que salen a vender Digestos, apalancado por promociones academicas e institucionales, será porque tan práctico no era. Pero, de nuevo, fuera de esas cuestiones, que son como señalás irrelevantes (saber leyes no es saber derecho), hay otros peligros que trata el post, como el de la prelación temporal, con fallos que ya han hecho lo que el post preanunciaba (y con resultados potencialmente regresivos, para que un caso de contratos no se rigiera por la Ley del Consumidor sino por el Código de Velez).

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    2. No me contestaste dónde queda el ciudadano. Te pregunto: Hoy en día cómo busca el ciudadano una norma? La ley de contrato de trabajo la busca por nombre en google. Por lo tanto no le cambia que nosotros legos le llamemos 20744 o con letra y nùmero. Lo importante es que ahora tiene 3000 leyes.
      Las editoriales lo promocionan ahora y no me parece mal, al fin y al cabo son las únicas que publicitan algo que nos guste o no en 180 días va a estar vigente. Y lo va a tener infoleg que es la mejor página de información legislativa que da acceso gratuito y actualizado en el día. El negocio editorial no es tal como lo planteás.

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    3. Me olvidaba, hay provincias que ya hicieron el mismo proceso de Digesto como Chubut, Rio Negro y Misiones. Consulten las páginas donde están publicados.
      La clasificación es lo de menos hoy en día que se cuenta con buscadores cada vez más sofisticados. Lo importante es la depuración de normas no vigentes.

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  8. Que pedazo de despelote jurídico. Justiniano se desenterró solamente para sacarse las ganas de morirse de nuevo leyendo ese Digesto.

    Al menos sabe alquien cómo quedó el problema del art. setenta y seis de la C.N.?

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    1. Yo veo todo esto como el esperanto (idioma que quiero y estudié). Una cosa artificial, pensada para simplificar. Que nadie usa, salvo cuatro gatos locos. Pero, los esperantistas no se proponían abolir el resto de los idiomas, sino asumían que el invento se iba a imponer por sus propios méritos. Yo creo que el Digesto no tiene méritos suficientes como para imponerse en la práctica y quedará como una rareza.

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  9. El digesto ayuda bastante, si bien es cierto confuso el tema de las letras creo que permite ordenar todo lo referente a leyes, claro que faltan decretos y otras normas, pero algo es algo... tardo una barbaridad en armarse, hay que ver con que frecuencia lo actualizan.

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