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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

martes, agosto 05, 2014

La doctrina de la inmunidad judicial (este no es un post sobre el juez Griesa)

Linda Sparkman descubriendo una placa conmemorativa en Indiana

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En 1867 John Surrat, jr., fue acusado de integrar la conspiración del asesinato de Abraham Lincoln. Su madre, Mary Surrat, ya había sido condenada por participar en la conspiración, y fue la primera mujer que recibió pena de muerte en EE.UU. (la colgaron). Algunos de estos hechos están contados en la película de Robert Redford The conspirator de 2011, donde Robin Wright hace el papel de la madre de Surratt.

Un año y medio después de eso, John Surrat Jr. fue a juicio. Admitió que había conspirado para secuestrar a Lincoln, pero no para matarlo.  El plan del que Surrat Jr. se confesaba partícipe era que iban a secuestrar a Lincoln e intercambiarlo por prisioneros confederados (lo cual de hecho se hizo, la emboscada falló porque el carro de Lincoln cambió de ruta), pero se declaró inocente del magnicidio.

Tal parece que no había muchas pruebas de eso: el jurado votó 8 a 4 por la no culpabilidad del acusado. Y la causa por tentativa de secuestro estaba prescripta, así que Surrat Jr. salió libre.

Pero lo que nos importa es otra cosa que pasó en el juicio a Surrat, que era defendido por un tal Joseph Bradley. Bradley tuvo durante el juicio muchas discusiones muy fuertes con el juez, un tal George Fisher. No sabemos muchos detalles sobre eso, pero el juez tenía facultades sancionatorias, y las usó a fondo: lo excluyó de la matrícula al abogado Bradley. Y por eso, Bradley demandó al juez Fisher por daños y perjuicios.

Esto es: los jueces no pueden ser demandados civilmente por las consecuencias de sus fallos incluso aunque hayan actuado con dolo o malicia.

El caso, Bradley v. Fisher, fue resuelto por la Corte Suprema en 1872 y es la versión canónica de la "inmunidad judicial" en EEUU.  Así, la doctrina "Bradley", construida sólo como "un principio general de la mayor importancia" (léase: no había especificación normativa, ni legal ni constitucional, que la apoye) consagra la inmunidad de los jueces ante demandas civiles.

Sin embargo -y muy importante- la Corte dice que la inmunidad cubre sólo a los jueces que actúan en "exceso", pero no a los que lo hagan en "ausencia" de jurisdicción. Adaptamos aquí el ejemplo que da la Corte: un juez civil que pretenda dictar imputaciones o procesamientos en materia penal estaría obrando "en ausencia" de jurisdicción. Un caso de extralimitación territorial de competencia también podría caer en ese casillero.

Hay algunos casos más que fueron confirmando el criterio de Bradley de inmunidad judicial (ver lista al final).

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La última confirmación "contemporánea" más importante comienza con un hecho ocurrido noventa y nueve años después de "Bradley", en 1971.

Es el caso de una chica llamada Linda Spitler, de 15 años, cuya madre se presentó a un juez y pidió que la esterilizaran. En su escrito la madre, Ora Spitler, decía que su hija tenía un leve retardo mental, y que se estaba empezando a ver con chicos.

El juez Stump despachó la orden en el día sin asignarle número de expediente, sin ver en audiencia a la chica, sin designar curador ad litem.  La operación se hizo seis días después, y la chica nunca supo lo que pasó: se le dijo que había sido operada de apendicitis.



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Digresión sobre la esterilización compulsiva en EE.UU.: el derecho norteamericano fue muy complaciente con una práctica que reconocieron más de 33 Estados y que abarcó a 65.000 personas. La Corte Suprema lo convalidó en un fallo oprobioso, "Buck v. Bell" de 1927. El célebre e ilustre Oliver Wendell Holmes dijo allí: "Hemos visto más de una vez que el bienestar público puede reclamar la vida de los mejores ciudadanos. Sería extraño que no pudiera pedir un sacrificio menor a quienes ya minan las fuerzas del Estado... Tres generaciones de imbéciles son suficientes". La protagonista del caso era Carrie Buck, hija de una mujer que supuestamente tenía problemas mentales. Carrie quedó embarazada producto de una violación a los 17 años, y le habían hecho test que arrojaba una "edad mental de nueve años" que se usó como fundamento para pedir la esterilización avalada por la Corte. Murió en 1983, a los 76 años, y sólo en 1980 llegó a saber que había sido esterilizada. Un investigador que revisó el caso pudo comprobar que Carrie Buck en verdad tenía una inteligencia normal. Con el tiempo se fueron derogando las leyes eugenésicas, aunque la Corte nunca volvió a pronunciarse sobre el tema así que formalmente sigue en su jurisprudencia.

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Dos años después, Linda Spitler se casó con Leo Sparkman y quería tener hijos. Finalmente se enteró de lo que había pasado, surgió lo de la operación que había ordenado el juez Stump. En 1975 Linda Spitler terminará demandando por daños al médico que la intervino, a su madre, al abogado que hizo la presentación, y al juez Stump, que alegó entonces la inmunidad.

Así surge el otro gran caso de la Corte, "Stump v. Sparkman" de 1978, en el que la Corte acogió el planteo del juez y ratificó la doctrina de "Bradley" de 1872: los jueces son inmunes por sus actos judiciales aún si el ejercicio de su autoridad jurisdiccional está viciado por la comisión de graves errores de procedimiento.

Hay dos interesantes disidencias de "Stump". La disidencia de Potter Stewart se centró en negar la premisa de que fuera posible decir que había un acto judicial. Su argumento fue que lo que hizo el Juez Stump no fue un acto que haga un juez normal, ni algo que haya hecho antes o después cualquier otro juez en Indiana.

La disidencia de Lewis Powell se construye desde un argumento que presenta como la pecularidad esencial del caso: el hecho que la decisión del Juez Stump era preclusiva de la posibilidad de que los apelantes protegieran sus derechos en otro fuero del sistema judicial. “Subyacente al criterio de Bradley –dijo- está la noción de que los derechos privados pueden ser sacrificados en algún grado en la prosecución del bien mayor que se deriva de una judicatura completamente independiente, porque existen otros foros y métodos para plantear sus derechos”. Clarito y sin eufemismos, reconoce pragmáticamente que hay un sacrificio de derechos y explica cuál es la razón pragmática. Aunque hay otros mecanismos de responsabilidad de los jueces, como su remoción, Powell está pensando básicamente en las apelaciones y su potencial de corregir errores de los jueces. Esta base, razonaba la disidencia de Powell, se pierde cuando un funcionario judicial actúa (como Stump) de un modo que cercena todo recursos de apelación u obtura los remedios judiciales que de otra forma habrían de estar a mano, y por esa razón entendía que en tales casos no cabe aplicar la doctrina Bradley.

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El viernes a la mañana yo explicaba todo esto en un panel sobre responsabilidad civil, totalmente ajeno a la coyuntura. Y para darle un poco de color al guiso sugerí que pensáramos en Bradley, en Stump, y en Griesa.

Por un lado, Griesa sabe que está "blindado" por consecuencias de los actos que pudiera cometer aún "en exceso" de su jurisdicción.  Pero de lo expuesto surge que la doctrina "Bradley" no lo cubre por actos judiciales hechos "en ausencia" de jurisdicción. 

Y sugería yo que en estas noticias de liberaciones de fondos dispuestas "por única vez" podía estar jugando esa distinción entre "exceso" y "ausencia" y su percepción de que tal vez era mejor no exponerse a demandas de terceros ajenos al juicio (titulares de bonos Repsol, Euroclear, Japón). 

Muchas de las cosas que Griesa hace estan cómodamente cubiertas por el escudo del exceso de jurisdicción, así que Argentina no puede demandarlo ni siquiera aunque compruebe malicia.

Pero la virtual incautación de pagos de bonos emitidos bajo ley de otras naciones no sujetas a su jurisdicción pueden caer en el casillero de la ausencia de jurisdicción. Como dice Sebastián Soler, un juez de Nueva York no podía impedir cobro de bonos en euros, sujetos a ley inglesa, que un banco de Luxemburgo le debe pagar a bonistas belgas.

Tal vez no Argentina, pero algún tercero afectado podría hacerlo --o pensar en hacerlo. Tal vez eso explicaba por que esa tarde misma tarde, bien al margen del comentario muy casual y nada elaborado (un poco la obligación de todo orador es "meterle coyuntura" a un tema , así esté hablando de los monasterios del medioevo, porque todos vivimos hoy y acá), y luego el lunes, Griesa fuera cauto y diera algunos pasos atrás, "por única vez", en el alcance de su orden de restricción.

Por lo demás, hermosa conexión carambolesca que arranca en los conspiradores del asesinato de Lincoln, sigue con esterilizaciones, abogados deshonestos y llega hasta un jubilado de Bruselas que tiene bonos de reestructuración de deudas soberanas.


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Apéndices: otros fallos de la SCOTUS sobre inmunidad judicial


Randall v. Brigham (1869). Es la precuela de "Bradley". Dato previo necesario para entender el caso: en esa época se permitía la sustitución en el servicio militar obligatorio. Era legal y habitual que personas ricas llamadas a reclutarse le indicaran al Ejército un sustituto en su lugar, a cambio de un pago que privadamente arreglaban y liquidaban con el "voluntario" ofrecido. Eficiencia de los mercados: los ricos que podían pagar no corrían riesgos, los pobres tenían una fuente de ingreso si la oferta les parecía buena, el Estado conseguía soldados gratis. Un muchacho llamado Leighton había sido acusado de robo, y estaba en prisión. Su abogado era un tal Randall y lo engañó diciendo que si se alistaba al ejército saldría libre. Leighton no sabía leer y firmó un acuerdo por el que se comprometía a sustituir a un convocado llamado Brown, a cambio de 830 dólares. El abogado Randall los cobró y pagó la fianza con eso, le dio diez dólares al nuevo recluta (que nunca supo que era "sustituto" de alguien, sino que asumió que era una especie de penitencia o probation), y se quedó con el resto (más de la mitad).

No sabemos bien qué paso con el vuelto con el que se había quedado Randall, pero cuando el juez Brigham (que intervenía en la causa del chico) se enteró de eso dijo que la actuación del abogado había sido completamente carente de profesionalidad y lo removió de la matrícula. Brigham, como Bradley, demandó por daños y perjuicios. Y la Corte avaló al juez, haciendo su primer contacto con la doctrina de la inmunidad judicial y dejando una ventana abierta que subrayamos: "los jueces no son responsables, salvo tal vez cuando sus actos, tomados en exceso de la jurisdicción, sean hechos corrupta o maliciosamente". Tres años después, en "Bradley", la Corte cerraría la ventana del "salvo tal vez" en lo que respecta al factor subjetivo (dolo o malicia) y la dejó abierta en cuanto a la distinción exceso/ausencia.

"Randall" es, por cierto, el único caso de toda esta lista en que el juez demandado había hecho precisamente lo que había que hacer.

Pierson et. Al. v. Ray et. Al. (1967). El caso ocurre a propósito de una actividad de protesta de un grupo de religiosos que realizaron en 1961 una peregrinación de Nueva Orléans a Detroit, reclamando por derechos civiles y por el fin de la segregación. Algunos de ellos fueron detenidos en Jackson, Missisipi, por un policía llamado Ray y otras personas, cuando entraban a un comedor para blancos, y condenados por el juez Spencer por alterar la tranquilidad pública. Esa ley había sido declarada inconstitucional cinco años antes.

En "Pierson" la Corte hace su primera interpretación de la sección 1983 del Código Federal, un producto de la Enforcement Act de 1871, también conocida como Ley Anti Ku-Klux-Klan. Entre otras cosas, la ley prevé expresamente que se puede demandar por daños a cualquier autoridad (o incluso a un privado que esté operando bajo una autoridad estatal) que con sus actos esté privando de derechos federales a una persona. A pesar de esa formulación explícita, la Corte dirá que no encuentra indicios de que se haya querido con ella desmentir el principio de la inmunidad judicial (en disidencia, Juez Douglas consideró que sí).  La Corte sostuvo: “Pocas doctrinas están más sólídamente establecidas en el common law como la doctrina de la inmunidad de los jueces por los actos ejecutados dentro de su jurisdicción. el juez no debe temer que litigantes insatisfechos lo acosen con querellas que alegan malicia o corrupción”.

Dennis v. Sparks (1980). Un juez había dictado una cautelar impidiendo la extracción de petróleo en dos áreas que tenía asignadas una sociedad. Se alegaba que la resolución cautelar había sido producto de un soborno. La Corte determinó que la inmunidad judicial no beneficiaba a terceros involucrados en una operación ilegal, y que tampoco relevaba al juez de ser llamado como testigo en una causa contra esas personas. Una pequeña muesca en la doctrina "Bradley".

Pulliam v. Allen (1984). Una jueza de Virginia había dispuesto el arresto de dos hombres (uno por catorce días, al otro cuatro veces en períodos que iban desde dos a seis días) por no pagar una fianza impuesta en un caso de una falta que no era condenable con prisión (ebriedad y escándalo en la vía pública). La demanda (un injunctive relief) no perseguía la indemnización (se obtuvo una declaración preventiva para que se garantizara la libertad de estas personas) pero la jueza fue obligada a pagar los honorarios de los abogados (unos 8.000 dólares) en el entendimiento de que ello no estaba cubierto por la inmunidad judicial. Otro hoyo pequeño en el escudo de la inmunidad judicial, que fue en la práctica revocado por vía legislativa. La Federal Courts Improvement Act de 1996 (FCIA) especificó que en principio los jueces no podían ser demandados por la via del injuctive relief.

Forrester v. White (1988). Mínimo asterisco y nota al pie de Bradley: la inmunidad judicial no se extiende a actos administrativos. En EEUU los jueces designan y remueven a sus empleados. White era un juez de Illinois que había echado a una empleada que pudo demostrar en la justicia que en su despido había un acto de discriminación por razón de género. Ante la demanda de la mujer, la inmunidad judicial no prosperó. El criterio es funcional: sólo vale para los actos jurisdiccionales que un juez emita.

Mireles v. Waco (1991). El juez Mireles había dictado una orden de detención, expresamente indicando que debía ser ejecutada con el uso de la fuerza, para que compareciera en su juzgado un abogado que no había concurrido a una citación (estaba en otro juzgado, los oficiales irrumpieron a los gritos y se lo llevaron a empujones). Ante la demanda de Waco, el juez Mireles interpuso la excepción de inmunidad judicial y la Corte la acogió, confirmando explícitamente la línea "Bradley" - "Stump". No conozco otros casos más recientes.

4 comentarios:

  1. En la Nación agosto de 2013 la Corte Suprema resolvió un caso de responsabilidad civil del Juez por su actuación y sin necesidad de sometimiento a Juicio Político, basado en la Constitucion de Santa Fe
    marincovich c/ Vargas S/ responsabilidad CSJN 1/08/2013.



    En el sub examine, si bien es evidente que el reconocimiento:
    tl~ responsabilidad civil sujeta a los jueces a una instancia
    de escrutinio de su desempefto profesional, ello por si
    solo no alcanza para sostener que, en los términos en que ha sido
    cuegtf~nada la constitucionalidad del arto 93, inc. 7° de la
    Constitución de Santa Fe, la ausencia de inmunidad de jurisdicción
    de los magistrados afecta la sustancia de su garantia de
    independencia judicial.

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    Respuestas
    1. No me referí a jurisprudencia local porque ese era tema de otros panelistas y anticipé que iba a dedicarma a la de EEUU. Pongo contexto a "Marincovich". (1) La Corte Argentina siempre dijo que había inmunidad de demanda para los jueces federales; (2) históricamente se asumió que eso se aplicaba sin mas también a jueces provinciales; aunque (3) algunas constituciones provinciales como la de Santa Fe sí reconocen la posibilidad de demandarlos. Así las cosas, en "Marincovich" la Corte resuelve que (4) la cuestión de si permitir o no las demandas es algo que cada provincia tiene libertad para permitir o no -y por ende es falso el punto 2 de esta enumeración. Bien leído el fallo: (5) esto no significa que las provincias estén impedidas de establecer la inmunidad, pueden hacerlo si lo desean; (6) la doctrina "Marincovich" no afecta lo dicho en el punto 1: la inmunidad de jueces federales está vigente.

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    2. GA,
      1. Pregunta, ¿esa inmunidad de los jueces en EEUU no es aplicable a los funcionario no?
      2. En Argentina hay una inmunidad temporal, mientras es juez, y se funda en la extensión de una doctrina discutible (tiene pros y contra) sobre el juicio político como ante juicio. Por lo que renunciado o removido entiendo que así com puede ser juzgado penalmente puede ser demandado penalmente. Por otro lado, el error judicial es resarcible por el Estado y hay muchos casos.
      "Marincovich" es flojo: si es garantía federal que todos los jueces (aun los provinciales) no puedan ser demandados, la constitución local no podría modifcar el derecho federal (art. 31 CN). Si no lo es, es dudoso que las provincias puedan modificar la obligación general de reparar los daños que surge del Código Civil (idem, art. 31 CN).

      VS

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  2. Demandar a Griesa. Este asunto muestra otra flaqueza de la prórroga de jurisdicción. ¿Quién controla el mal desempeño? El de Griesa el Congreso de EEUU. Habría que promover su juicio político allí...
    Pero bueno, pensemos que aunque suene a joda, es bastante más serio que hacerlo con los árbitros de CIADI.

    VS.

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