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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

jueves, enero 16, 2014

25 casos de la Corte Suprema en 2013

El año pasado hicimos una síntesis de 50 fallos de 2012, que ahora redujimos a la mitad para que fuera más manejable. Como aquella y como todas, esta lista es disputable y habrá quienes encuentren faltantes y sobrantes, que esperamos sean puntuales y no difieran mucho de los casos que hemos elegido y que se pueden descargar en documento único (formatos Word, EPUB y PDF) en los links que figuran al final.

No damos detalles de la votación, salvo para especificar los casos en que hubo remisión total a un dictamen y los que se resolvieron con mayoría ajustada. Como en la guía Michelin, utilizamos aquí un sistema de ★ a para calificar a los fallos en función de las pautas que aparecen abajo-.


La lista comentada que sigue se organiza por orden de aparición de cada fallo:


1. Pérez Ortega. 21/02/2013.  Reafirma el criterio de nacionalidad como "categoría sospechosa" de discriminación al invalidar la revocación de una designación en planta permanente que la Cámara de Diputados había resuelto aplicar a una empleada que no cumplía el requisito de ser argentina. Detalle técnico: contra el argumento usual de que alguien hizo un "voluntario acatamiento" de normas estatutarias al ingresar a un régimen sin impugnarlas, el fallo explica que no resulta oponible la teoría de los actos propios cuando el interesado se vio obligado hacerlo como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad (rescatando un fallo de 1988, "Graduados en Ciencias Económicas"). En disidencia parcial, Highton y Maqueda dejan abierta la puerta para explicar que en ciertos casos la distinción entre nacionales y extranjeros no es, en principio, inconstitucional, y que el Estado podría probar su pertinencia.

2. Freytes. 26/02/2013.  La Corte anuló la destitución de un juez de Chaco por un Jurado de Enjuiciamiento en el que votó un miembro cuya imparcialidad estaba en duda ya que había participado en el sumario que concluyó en la acusación (una suerte de "Llerenas" aplicado a procesos de destitución). Detalle clave: refuta el razonamiento de que aún sin contarlo la sentencia destitutoria tendría igualmente el mínimo de votos exigidos por la ley, lo que niega por dos razones. Una es más puntual: el votante en cuestión hizo un voto al que otros adhirieron. La otra es conceptual y encarna en una doctrina sugestiva que explícitamente sienta el fallo: "el intercambio racional de ideas dentro de un cuerpo colegiado en las diversas etapas del proceso en que éste debe tomar decisiones responde a un proceder propio de la forma republicana de gobierno". Ergo, parecería ser exigible un "debate", no es cuestión de sumemos votos y ya. Noten el impacto que traería proyectar este criterio a otros procesos de decisión colectiva, p.ej., los parlamentarios. Cosa que no sucederá. Cerrada mayoría 4-3, con Lorenzetti, Highton y Maqueda en disidencia.

3. Rossi c. Estado Nacional - Ministerio de Trabajo • 26/03/2013.  Caso poco conocido porque salió como salió, y que si hubiera sido al revés era tapa de mil diarios. En juego estaba la estatización del sistema previsional y la posibilidad de que el ANSES disponga de los fondos. La Corte, por remisión a un escueto dictamen de Procuración (Monti), clausura toda impugnación al cambio de sistema y adopta la idea de que los aportes a AFJPs tienen una naturaleza previsional y no es posible reclamar su restitución. Nótese que en términos macroeconómicos es el caso más importante de esta lista. Aconsejamos a propósito sobre el caso leer este paper crítico de Horacio Etchichury.

4. Montoya c. Transportes Metropolitanos General San Martín •  26/03/2013.  Un pasajero que viajaba en el pasillo de un tren sufrió daños en un accidente y pidió indemnización, que fue rechazada en tribunales inferiores. La Corte acoge el recurso consolidando su doctrina de que la interpretación de la obligación de seguridad que tiene causa en el contrato de transporte de pasajeros debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto para los consumidores y usuarios en el art. 42 de la Constitución Nacional..

5. Góngora • 23/04/2013.  La suspensión del proceso penal a prueba, dijo la mayoría, no es aplicable a causas de delitos de violencia de género, ya que el Estado está obligado a investigarlos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

6. Perea de Romero c. Provincia de Córdoba • 04/06/2013. También resuelto por remisión a dictamen (Monti), el fallo -que repara a los familiares de un interno que se suicidó en prisión- discurre sobre el deber de seguridad que el Estado asume con relación a reclusos, estableciendo que le cabe el encuadre del art. 1112 CC (y no el del 1113) y que el mismo es extensible a las provincias.

7. Aguinda Salazar Maria c. Chevron Corporation • 04/06/2013.  La Corte falla que no es posible dar curso a un embargo dispuesto a partir de una decisión tomada por la justicia de otro país sobre bienes locales de sociedades subsidiarias de una allí condenada, si no hubo audiencia previa para discutir la inoponibilidad de su personalidad jurídica. Lo comentamos nosotros aquí y JP Lahitou en este post.

8. Rizzo • 18/06/2013. Inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, y de la elección popular de consejeros . Links a comentarios: Thury Cornejo (con toda la artillería) y nuestro blog (poesía anotada). La historia lo registrará además como el primer caso resuelto efectivamente por vía del per saltum que se había introducido via ley en 2012 (y via jurisprudencia en 1990). ´Para reconstruir la ley vigente (en la que "descontamos" las normas invalidadas por este fallo) hemos preparado este documento anotado (Word).

9. Asociación de Trabajadores del Estado c. Municipalidad de Salta • 18/06/2013.  Es "Guida" y "Tobar" al revés: la Corte declara la invalidez de una reducción de haberes que la Municipalidad de Salta había dispuesto en 2003. Recordando la naturaleza alimentaria del salario, enfatiza que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente “regresivo” en materia de derechos humanos requieren la consideración “más cuidadosa”, y deben “justificarse plenamente” aun en situaciones de emergencia económica.

10. Sujarchuk 01/08/2013. Primer caso sobre libertad de expresión en blogs, a los que se le atribuye implícitamente naturaleza de medio de prensa (para aplicarles la doctrina "Campillay"). Resuelto por remisión a dictamen de González Warcalde. Lo comentamos nosotros en este post. y F. de Zavalía aquí.

11. Marincovich • 01/08/2013.  La Corte habilita demanda civil a un juez de la Provincia de Santa Fe, cuya constitución tiene una cláusula que permite la promoción de esas acciones para obtener indemnizaciones por daños causados en el ejercicio de su función. El fallo explica que la doctrina de inmunidad que a tal efecto existe en el fuero federal "está limitada a la actuación de los jueces nacionales". Varapalo para la acrítica traspolación de conceptos y reglas orgánicas de la Constitución nacional a los ordenamientos locales.

12. Barrantes c. Artear • 01/08/2013. Hace tiempo (Vago c. Ediciones La Urraca, 1991) la Corte definió un estándar de protección atenuada tomado de la jurisprudencia norteamericana por el cual la responsabilidad difamatoria sólo se configura en ciertos supuestos cuando el medio obró con "real malicia" (New York Times v. Sullivan, 1964). En este caso la Corte recuerda que este criterio especial -que brinda mayores grados de libertad al periodismo- sólo se aplica a funcionarios o figuras públicas y no a ciudadanos comunes -esos que no han "asumido un rol influyente en el ordenamiento de la sociedad", según  doctrina de la Corte USA en “Curtis Publishing Co. v. Butts”-, y que no puede entrar en juego con la mera alusión al carácter de interés público o general de una nota (en el caso, un informe de Telenoche Investiga sobre turismo sexual con menores, que incluyó fragmentos filmados con cámara oculta a empleados de una agencia). Asumiendo que el contenido del informe era difamatorio, la Corte hace un distingo: le da la razón a los titulares de la firma a los que se involucraba y obliga al canal a indemnizarlos, pero niega razón al reclamo del empleado que fue filmado concediendo que "no es reprochable que el medio difunda una información que considera posiblemente veraz si ha sido suministrada por el mismo sujeto que la protagonizó".

13. Carranza Latrubesse • 06/08/2013. La interpretación estándar del fallo es que asume que la doctrina emanada de las "recomendaciones" de la Comisión Interamericana son obligatorias y vinculantes. Pero tal vez no sea tan así, si se lo lee bien, dijimos al comentar la sentencia en este post.

14. Canicoba Corral • 14/08/2013. La Corte condenó a pagar indemnización civil a un ex funcionario que en una entrevista dijo que el juez le parecía "detestable", en decisión que representa un aparente retroceso sobre el derecho a la crítica de funcionarios -que propiciaba admitir hace no mucho en la causa "Patitó"- haciendo ahora "prevalecer" el derecho al honor. Comentado por Eduardo Bertoni en este post.

15. Barrios, Idilio A. c. ANSES • 21/08/2013. Declara la inconstitucionalidad del tope de 35 años de cómputo de aportes previsionales establecido en el art. 24 de la ley 24.241. En limpio: si trabajaste más que eso, los aportes deben computarse.

16. PADEC c. Swiss Medical S.A. • 21/08/2013  La Cámara Civil había rechazado una demanda al entender que el caso invocado por la actora (una ONG de Defensa del Consumidor, que reclamaba nulidad de cláusulas contractuales que autorizaban aumentos en la prepaga) no afectaba un derecho de incidencia colectiva. La Corte revoca ese fallo y pasa en limpio los criterios de "Halabi" (2009) para acciones colectivas: (1) causa fáctica común, (2) efectos comunes, y por último (3) que haya intereses difusos o bien que, como en este caso, el interés individual no parece ser incentivo para que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda por separado. En función de eso la Corte ordena dar curso a la demanda como una acción colectiva encuadrada en la Ley de Defensa del Consumidor (art. 54) para que tenga efectos para todos los afiliados. Eliminado el artículo que reglamentaba las acciones colectivas en el proyecto del Código Civil, este es un precedente clave para el desarrollo de esta canaleta procesal que evidentemente va a ser articulado por vía jurisprudencial.

17. Zorrilla c. Estado Nacional • 27/08/2013. La Corte considera -y acoge- una demanda de expropiación inversa: un particular solicita al Estado que expropie e indemnice ante las restricciones al dominio que se aplicaban a su bien (una vivienda en que vivió Lucio Mansilla) al ser declarada monumento histórico nacional. El fallo discurre sobre las restricciones al dominio y sobre tutela de los bienes culturales. Moraleja: a veces las restricciones al dominio no salen gratis.

18. Barreyro c. América TV • 27/08/2013. El fallo rechazó una demanda planteada por la emisión en TV (en el programa Punto Doc, en un informe sobre tráfico de bebés) de una filmación tomada con cámara oculta. Por remisión a un dictamen de González Warcalde, la Corte entendió que el derecho a la privacidad y a la imagen ceden ante la existencia de interés público, si no surge que el medio periodístico haya distorsionado los dichos del accionarte, ni que le hubiera imputado delito alguno.

19. Colgate Palmolive c. Provincia de Buenos Aires • 01/10/2013.  Declara inconstitucional un decreto provincial que obligaba a registrar productos para su venta en la jurisdicción, aplicando el clásico criterio de la "cláusula comercial" de la CN (aplicado en casos “Abbot” de 2000, "Molinos” de 2009) según el cual las inscripciones y autorizaciones que deben obtener las empresas para comercializar sus productos domisanitarios han de quedar alcanzadas, en cuanto a su regulación, solo por la jurisdicción nacional.

20. Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero • 22/10/2013.  Desdoblado en dos fallos, cautelar y de fondo. En el primero la Corte acogió un amparo para suspender las elecciones a las que pretendía presentarse el Gobernador Zamora, obviando la limitación a una sola reelección dispuesta en la Constitución de la Provincia. Escribimos sobre este primer fallo este post. Luego la Corte falló sobre el fondo en la causa el 5/11/2013 ratificando su potestad para intervenir en temas de derecho local en la hipótesis de "un evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido" de una Constitución Provincial  y la ausencia de agravio de constitucionalidad del impedimento -explayándose un poco más sobre lo resuelto en igual sentido en el precedente del PJ de Santa Fe de 1994, cuando no habilitó la reelección como gobernador de Reutemann-. La secuela política del caso fue la postulación de la esposa de Zamora, que fue electa gobernadora el 1º de diciembre.

21. Partido Obrero de la Provincia de Formosa • 22/10/2013. ★ El PO planteaba la inconstitucionalidad de la ley de lemas formoseña. Aquí la Corte rechaza la demanda mostrándose deferente a las autonomías provinciales en temas de derecho electoral local.

22. Grupo Clarín • 29/10/2013. Fallo de altísimo impacto que declara por mayoría (5-2 en abstracto, 4-3 en su aplicación al Grupo) la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual, con un legado abierto de doctrina sobre libertad de expresión, regulación de mercados, derechos adquiridos y control de constitucionalidad. Escribimos sobre el caso aquí ("a primera vista") y aquí (apuntes sobre seguridad jurídica). El fallo fue precedido de audiencias públicas para nada exentas de sustancia y drama (apostilladas aquí: amicus y partes).

23. Dejeanne •  10/12/2013.  Cuatro jueces (Fay, Hig, Maq, Zaf.; Argibay cerraba el REF por 280) remiten al Dictamen de la Procuradora Monti (PDF), revocando una sentencia que eximía del impuesto a las ganancias a los haberes jubilatorios. El argumento es bien positivo-literal: para la ley tributaria "ganancia" es todo ingreso que ocurre con periodicidad y permanencia, y las jubilaciones lo son. Criterio que esteriliza por adelantado una eventual familia de argumentos del orden "el salario no es ganancia".

24. Confederación Indígena del Neuquén c. Provincia del Neuquén • 10/12/2013. Declara inconstitucional el Decr. 1184/2002 de la Provincia del Neuquén por su regresividad con respecto de lo establecido a nivel federal en materia de derechos de los pueblos originarios: no preveía el concepto de "auto identificación" establecido por el art. 2 de la Ley Nacional 23.302 y por el art. 1 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT- como un criterio fundamental de inscripción, y adoptaba en cambio el principio opuesto de identificación del Estado. Consolida además el criterio de decisión que actúa cuando hay facultades "concurrentes" entre Nación y Provincias: las de éstas no puede contradecir ni disminuir los estándares establecidos en el orden normativo federal.

25. Roquel c/ Provincia de Santa Cruz • 10/12/2013   Un grupo de ciudadanos impugnaba la constitucionalidad del decreto que reglamenta la YPF bajo control del Estado, alegando que por el mismo la Nación se había arrogado facultades locales privando a las provincias de la administración de sus propios recursos naturales. La Corte rechazó considerar el amparo explicando que no había legitimación porque una "parte" debe acreditar que tiene un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera suficientemente directa o sustancial. El fallo aplica así el clásico principio de que no basta alegar la calidad de "ciudadano" para demostrar la existencia de un interés especial, directo, concreto o sustancial para demandar.


Apostillas finales

Breve evaluación política. En un año signado por la discusión sobre "democratización de la justicia", si repasamos los fallos verán lo insostenible que es el relato de una Corte Suprema que opera políticamente para adversar al gobierno, que emergió victorioso o beneficiado en casos muy importantes como "Rossi", "Aguinda Salazar", "Grupo Clarín", "Dejeanne" y "Roquel".

Links de descarga. Hemos compilado todos estos fallos en texto completo (algunos no están en bases comerciales o institucionales) en las siguientes versiones:

  • En este enlace el ebook en formato RTF editable e indizado (para Word o procesadores de texto).
  • En este enlace la versión en PDF (Acrobat Reader o similar).
  • En este enlace la versión EPUB (para lectores de libros digitales, que puede convertirse a MOBI con el programa Calibri para quienes usen un kindle)


Nota sobre el Sistema de calificación SADER®. Explicaremos un poco más de este sistema en un post futuro. Lo más importante: las estrellas no pretenden evaluar "calidad" o "corrección" del resultado. Se consideran dos variables: el interés "técnico-jurídico" (TJ) y el interés "sistémico, institucional o político" (SIP) y en función de ellas se atribuyen de una a tres estrellas.

Caso que presenta interés TJ o SIP (pero no ambos)
Caso de interés TJ y SIP
Caso de formidable interés TJ y SIP
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8 comentarios:

  1. Muchas gracias por el trabajo que se toma, y especialmente por presentarlo en varios formatos (y muy especialmente ePub!)
    No soy abogado. Como ciudadano aprendo mucho de lo que usted escribe.
    Un pequeña corrección en Freytes: dice "votó un miembro cuya imparcialidad estaba ya que"
    Supongo que debe decir: "votó un miembro cuya imparcialidad estaba en duda ya que"

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  2. Hola, buen resumen.

    pdta. una sugerencia de corrección, lo de "Canicoba c/Acevedo" no fue un "aparente" retroceso, sino un inexplicable cambio de doctrina de parte de Zaffaroni, Lorenzetti y Fayt respecto de lo que votaron en "Quantin". Así lo dice Petracchi en la entrevista que le hacen en la revista de la UTD.
    ¿Se le puede decir nazi a un fiscal pero no criticar como detestable a un juez federal? Cuando considero que un juez es pésimo, ¿callo o le digo nazi para no pagar indemnizaciones?
    V.S.

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  3. Me autoposdateo con *cosas que podrían haber estado*.

    Hay varios casos de jurisprudencia "no nata" donde hay ideas que quedaron sueltas en disidencias singulares (Alvarez Ordóñez, Maciel, Taboada Ortiz).

    Luego está el caso donde la Corte invalidó la designación de Cordone Roselló como procuradora adjunta, aunque validó lo actuado y lo hizo en términos que no parecen proyectarse a los fiscales ad hoc de las procuradorías.

    Hay otra causa de real malicia que es Moslares, que no trae mayores novedades.

    Está la última secuela del caso "Pro Familia" que -a propósito de agitar sanciones- implicar que la Corte sigue convencida de su doctrina de la Corte sobre aborto no punible en FAL.

    Y hubo un fallo sobre cargos tarifarios que comentó L. en Todo sobre la Corte, "Establecimientos Liniers", que tal vez es de todos estos el que más podría haber estado en la lista de 25.

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  4. Disculpas pero es un off topic: Gustavo, me compré "Un país al margen de la ley", entre otros tantos libros de Nino. Tengo un prejuicio similar al que alguna vez te confesó el Criador de Gorilas: me da la impresión de que es un texto medio "marcosaguiniano" (aunque sé que Nino es un intelectual muy reconocido y obviamente no tiene nada que ver). ¿Sabés de algún libro que critique/comente "Un país al margen de la ley"?

    Saludos!

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  5. Primero, claro, absolutamente nada que ver. Segundo, es distinto el impacto que te pudo causar en su momento que ahora, pero las cosas hay que verlas en su contexto. Tercero, es un trabajo que dice muchas cosas, sobre historia, política, derecho e instituciones, así que seguro que mucha gente ha dialogado con eso. Simpáticamente, se hizo un seminario critico de Nino el año pasado, en homenaje a él, debe andar algo de eso en la web. Texto orgánico crítico no hay.

    (violo acá la regla de no publicar comments extra topic en posts del blog, pero anuncio que sigue vigente).

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  6. Buenas noches; ni te imaginas lo importante que es este resumen en particular, y los anteriores posteos en general. Celebro contar con esta poderosa herramienta para mi profesión. Un fuerte abrazo

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  7. Hola, no recordaba Marincovich. Me parece flojo e incoherente con la doctrina de la CS:
    a) La inmunidad de jurisdicción o antejuicio no surge tan clara de la CN ni siquiera para los jueces nacionales. La CS lo "inventó" del art. 53 -antes 45- a principios del s xx y lo repite por 100 años bien corporativamente. De paso, incluye a ministros y PEN.
    Creo que en EEUU con similares reglas de juicio político no corre la inmunidad.
    El antejuicio o su negación trae cnflictos interesantes, como así también su extensión ya que ¿corre para actos funcionales?, pero ¿qué pasa si un juez es procesado por delito común no vinculado a la función y el CdelaM no lo remueve o por deudas civiles quiebra o se concursa y no le remueven, etc.?
    b) La CS extendió beneficios para los jueces locales de beneficios anpálogos como la intangibilidad del salario, la permanencia en el cargo "mientras dure buena conducta", etc. creo recordar casos de jueces de chaco, e ríos, san juan... c) Si entonces el antejuicio no es un texto constitucional expreso sino una creación pretoriana o "interpretación" de la CS solo puede ser con base en la CN leída con "principios republicanos" y, por ello, sí invocable por los jueces locales con base en la práctica jurisprudencial referida en b). Y fijate q la CS no cierra el tema, si no que dice "no lo demostraron" (contradictorio con aquello de que cuando el tema es federal, no importan las omisiones de las partes).

    Ojo, no soy fanático de la inmunidad temporal. Marco lo que en una lectura rápida parece un fallo flojo. Sí creo que todos los funcionarios (no solo los jueces nacionales) merecen una protección, y no estar expuestos a demandas civiles indiscrimnamente (lo comenté respecto de la responsabilidad del Estado y el código unificado: ¿qué funcionario honesto por un sueldo se aguanta un acoso de demandas?) y eso no creo que en nuestro derecho sea constitucional, sino que como lo dice Juan Linares, surge del 1112 redactado por Velez y sus fuentes.

    V.S.

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