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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

jueves, junio 15, 2017

Reporte de la audiencia de la Corte en La Pampa c. Mendoza


Trataremos de pasar en limpio, lo más limpio posible, la cobertura que ayer hicimos en tiempo real. Disclaimer, por si alguien no lo sabe. Soy pampeano, he escrito del tema un par de veces en este blog, nunca publiqué nada orgánico al respecto, sí he dicho que no hay cosa juzgada en 1987, he hablado siempre de las complejidades del caso, no formo parte de ninguno de los equipos que trabajó en La Pampa ni del lado oenegístico ni del lado estatal.

Pueden ver el video completo de la audiencia acá. Y leer las crónicas de "Los Andes" y de "La Arena".



AMICUS

Se mantuvo la tradición ya conocida en en audiencias: la Corte "escucha" a los amicus (pasivamente), pero a las partes las interrumpe (pregunta).

Se habían presentado más de 30 amicus, la Corte hizo un recorte para elegir solamente cinco  "por lado" y uno "neutral" (fue el equipo de Análisis Económico del Derecho de la UBA, que está abonado y ya es casi planta permanente como amicus en la Corte, propició considerar el asunto en término de costo-beneficio bajo el sistema más flexible, no paretiano, de Kaldor-Hicks).

Los técnicos. La Universidad Nacional de La Pampa se mantuvo en rol "informativo", la de Mendoza usó un tono más "confrontativo", con un aporte menor de elementos.

Irrigación. Aún asumiendo la lógica del "amicus de parte", es insólito que la Corte le haya dado tal estatus al Departamento de Irrigación de Mendoza, que es claramente un ente gubernamental de la Provincia demandada. Dicho esto, su exposición fue muy informativa. Sirve para blanquear algo que se sabe: las + 75.000 has. de riego aseguradas -dudoso cómputo mediante- en 1987 equivalen a uso exclusivo en la práctica, porque nunca se va a poder superar tal nivel. El corolario de esto es que -como bien pareció sugirió Rosenkrantz en una intervención- la interprovincialidad jurídica del río quedaría transformada en monoprovincialidad de facto (salvo por sueltas de agua en inundaciones).

Storytelling. En los amicus de La Pampa aparecieron dos representantes de la comunidad ranquel. Subrayo el caso del señor Campú, que arrancó visiblemente nervioso, y luego dejó el papel, y logró que a su alrededor se fuera haciendo un silencio escénico. En otro registro, su equivalente mendocino sería Carlos Achetoni, de los "regantes" de Alvear, quien enfatizó cómo el desarrollo de la zona depende del agua canalizada y planteaba que no podían aceptar ni una gota menos. Un storytelling en primera persona (yo vivía acá, pasó esto, así nos va) es mucho más potente que un tera de archivos de powerpoint, y sirve para dar una "escala humana" a un asunto que es colonizado por isohietas, leguleyadas varias y minucias hídricas.

Videos. Acá pueden ver el de La Pampa (22 minutos) y acá el de Mendoza (13 minutos). Confieso que yo soy anti-videos en audiencias, pero concedo que no dejan de ser interesantes, suponen un intermezzo en la verborrea del desfile de oradores. Es obviamente un producto guionado y pre-empaquetado, con música incidental acorde y otros recursos de producción. Recomiendo verlos (al menos la primera mitad de ambos) a quienes quieran tener una idea del fondo del conflicto.


VISION DEL CASO: LO QUE QUEDÓ DE LA AUDIENCIA

Performances. Vi algo mejor a los equipos técnicos de La Pampa. En parte fueron beneficiados por estar al principio, cuando la Corte todavía tenía un alto umbral de atención (es un recurso que se va agotando conforme pasa el tiempo) y por tener una mejor "teoría del caso" (la de Mendoza tenía varias hebras entremezcladas en donde se confundía explicación con justificación, etc.). La intervención del gobernador Verna fue sólida e informada y funcionó mejor como cierre que la de Cornejo como apertura -ambas fueron muy contundentes en tono y volumen-. Sin una hoja de ruta muy clara, el grupo demandado mostró algunas inseguridades e inconsistencias marcadas en las respuestas, llegando a desprolijidades tales como la intervención de un Asesor no acreditado en el final de la Audiencia, rápidamente despachado por la Corte. No rebajo estas diferencias de performance al nivel del mero anecdotario, sino que creo que pueden tener efectiva influencia en el desarrollo ulterior del juicio.

Excepciones preliminares. Naufraga antes de zarpar el intento de Mendoza de aportar argumentos de tal tipo. Las respuestas oscilaron entre el desinterés de la Corte (que hizo bajar a Bianchi del estrado cuando iba a exponer sobre "cosa juzgada", y pasó a preguntar derecho a los bifes, por temas fácticos) y la confrontación (cuando se intentaba alegar que NO PODIA ordenarse un Comité de Cuenca, lo cual fue encriptadamente refutado por Rosatti y más abiertamente negado por Maqueda). No tiene sentido que Mendoza siga gastandose en esos argumentos: desde el momento en que aceptó el caso, dio traslado a la demanda, y convocó la audiencia, es claro que hizo su propio kompetenz kompetenz y asumió que era cuestión abierta.

Ambientalizar el juicio. Es un ángulo en el que parafraseando a Stolbizer, La Pampa ya ganó. Prueba de ello es que Mendoza entró en esa lógica (hubo un mensaje antiminero en su video, Deus ex machina). Todo lo que implique ambientalizar rompe el molde de la sentencia modelo 1987, quiebra el hechizo de derechos adquiridos como si se tratara de una propiedad velezana, y obliga a un enfoque estructural que inevitablemente debe ser el de "unidad de cuenca" (que es distinto del lo mio es mio y lo tuyo es tuyo que pretende Mendoza).

Desjuridizar el juicio. Los abogados contratados ad hoc Badeni (La Pampa) y Bianchi (Mendoza) no hablaron más de cien palabras cada uno. Esto era previsible: la audiencia era "informativa y de conciliación", no para escuchar alegatos de derecho. La Pampa entendió algo mejor ese concepto, mientras que Mendoza intentó traer algunos argumentos jurídicos claramente inoponibles a otra provincia, como las disposiciones de su derecho interno local. En todo caso, la Corte recordó más de una vez que su muy peculiar competencia en "conflictos interprovinciales" es la de dirimir, no la de juzgar (lo cual, de paso, es una razón más para sostener que por eso mismo no cabe hablar de "cosa juzgada" por el fallo de 1987).

La manta corta. En el eje fáctico-informativo surge un primer punto anotado para Mendoza (que, de todas formas, era asumido). Se revela en el comentario previo de Lorenzetti a una pregunta que le hizo a La Pampa: "sabemos que el agua es poca para todos". El Atuel es una manta corta, dijo una y otra vez Mendoza. Luego, ambas provincias buscaron dar un contexto histórico. La Pampa, con su explicación del daño al desarrollo humano. Mendoza, con su apelación a la dependencia del río y la bondad de sus usos (el argumento que puede cortar por el otro filo, porque a contrario sensu revela el lucro cesante histórico implícito para la cuenca inferior, que es lo que La Pampa pretendía demostrar). Como sea, tengo para mi que la audiencia rindió muy bien en términos informativos. Si alguien sabía poco o parcialmente del conflicto, todas las cartas quedaron expuestas boca arriba y bien visibles, y en ese sentido la audiencia dio sus frutos. Incluso, como veremos, para señalar los puntos de desacuerdo fáctico.

La manta elástica. Parece dificil demostrar quién tiene razón en el decisivo punto de qué eficiencia tiene el riego mendocino. También es muy dificil saber qué horizonte de mejora hay. Verna decía que habría agua para todos si se impermeabiliza el tramo entre El Sosneado y El Nihuil, donde se pierden 15 metros cúbicos por segundo, o si regasen todas las hectareas con riego presurizado (desconozco si esto es así, y cuál es el costo). En todo caso, parece probable que sea también una manta elástica. La pregunta es a quién corresponde los beneficios de la cobija en el escenario de un mayor estiramiento (la tesis de Mendoza, catenaccio a las 75.000 hectáreas, sería que le corresponderá a La Pampa sólo cuando ellos tengan tapados la cabeza y los pies).

Las otras mantas. Si la manta es corta, busquemos otras mantas, sugería Mendoza. En varios puntos de la audiencia se planteó la posibilidad de pasar agua del río Grande al Atuel, una posibilidad que nominalmente (no sabemos con qué nivel de compromiso efectivo) propicia Nación. La Pampa se negó, diciendo que no quería agua de reusos. El argumento técnico fue que la composición química del agua de ambos ríos es distinta y eso podría causar un reseteo ambiental imprevisible. La Corte preguntó si había un estudio técnico que asegurara ello, y La Pampa dijo que no lo había. Pero la verdad es que no tiene que haberlo: un principio propio del derecho ambiental es el principio precautorio, por el cual la carga de la prueba de la inocuidad de algo corresponde a quien pretende hacerlo.

Conciliar. En varios puntos la Corte busco acercar a las partes. Sin mayor éxito, estas se mostraron muy atrincheradas en sus posturas (para simplificar: narrativa de rio robado versus teoría de la manta corta) lo cual es lógico porque ambas posturas no sólo tienen una semilla sino un respetable tronco de verdad. Junto con esto, sin embargo, se dejó oir alguna evocación al frustrado acuerdo de 2008 de dividirse los excedentes de mejoras, que ambas partes mencionaron como ejemplo de su buena fe. Acaso haya alguna esperanza: hay que tener en cuenta que esta es una primera audiencia, y que hay una larga historia que no se pudo resolver por las buenas (esto es, por vías de acuerdo) que no se puede mágicamente disipar de un momento a otro. Un punto que es pertinente a ello es que en sucesivos fallos la Corte explícitamente vaya acotando qué fronteras aceptables tiene el marco de discusión, cuáles son sus mecanismos deliberativos, y qué cosas son intangibles o indecidibles.


QUÉ PUEDE HACER LA CORTE

Ante todo, las pretensiones. Usando el formato del proceso civil, y obviando algunas chicanas retóricas e irrelevantes del tipo "les envidiamos los campos que tienen" (y La Pampa podría decir que le envidia a Mendoza el estatus de Provincia original, y no haber llegado un siglo tarde al reparto de autonomía política), acá hay un juicio de pura demanda (no hay "reconvención", digamos). De forma tal que hay que recordar qué demanda la actora: La Pampa no pretende una distribución 50/50 ni asignación de cupo de regadío proporcional, ni una compensación económica. Sí busca que se reconozca la existencia de un daño ambiental (parece muy probable que la Corte conceda que algo de eso hay). Luego aparecen dos cosas más: reclamo de un caudal fluvioecológico y un caudal ambiental, de 4,5 metros cúbicos por segundo, que permita recomponer el cauce y evitar el peligro de un rio discontinuo y divagante.

Alternativas. Es casi seguro no va avanzar en nada que no pueda tener una chance cierta de implementación. Imaginamos un decisorio híbrido. No una sentencia que sea punto final, sino punto de partida de algo más largo. Con reconocimiento ambiental y de cogestión del Río, y reservándose la Corte un rol de revisor de lo actuado por la autoridad jurisdiccional de mixtura técnico política.

Sin micromanagement judicial. No imaginamos la posibilidad (modelo del "Riachuelo", sugerido por el amicus Sola) de asignar el seguimiento a un juez (no salió muy bien allí, y de todos modos tendría problemas). Esto es inviable además por problemas de neutralidad del decisor, más allá del carácter federal. Recordamos la simpática anécdota de que cuando Andrés Gil Domínguez -que, junto con Palazzani, hicieron punta en la judicialización contemporánea del asunto- preguntó por qué no habían notificado su amparo al Gobierno de Mendoza, la respuesta de la justicia federal emplazada en esa provincia fue que la casa de gobierno quedaba lejos y el oficial notificador tenía un problema de los pies.

Sensación. La Corte va a avanzar mas temprano que tarde impulsando una solución interjurisdiccional provisoria y va a empujar a Nación a que entre en el asunto (especialmente a la luz del vergonzoso episodio que reportamoes en perla negra). Si esto sucede, más alguna cuestión ad hoc como gestionar emergencias hídricas, sería un salto gigante para la posición de La Pampa. Pero el caso -ya dijimos- va para largo.


POSDATAS

Perla blanca.  

Notamos que es la primera vez que aparece la Corte en su actual conformación escuchando un caso "nuevo" (la única audiencia de 2016 fue una de seguimiento del caso del Riachuelo). Y, cuestión nada menor, es la primera aparición pública del tribunal post-Muiña (post "Muiña-I", me dijo alguien) y el tsunami ulterior. Se notaba a los jueces entusiasmados y a la vez relajados de volver a "pensar en Derecho", y de tratar un tema que -saben- no tendría mucha cobertura de los diarios nacionales hoy y no está en la trinchera política más dura (que esta semana pasa por otros lados). Preguntaron todos -con lógica docente y entusiasmo juvenil-, intervinieron todos, no hubo visibles muestras de apatía o desinterés, demostraban haber ido con el caso preparado. Ojalá esto los impulse a hacer un uso más extendido e intensivo del formato audiencia que tanto ponderamos, y que tan poco se ha usado como reportabamos en este post.

Perla negra. 

Para el cierre la Corte había convocado al Estado Nacional. Pablo Bereciartúa, Secretarío de Recursos Hídricos, había -nos dicen- preparado incluso un powerpoint, pero al llegar el momento de exponer ya se había ido. Pueden verlo en 3:39:00 en el video.

Es una falta de respeto a la autoridad de la Corte, a la entidad del problema, y fue señalado como un desaire por ambas provincias que esperaban algún involucramiento simbólico de Nación. Cuando le llegó el turno de hablar, otra funcionaria de otro Ministerio del Estado (Directora de Asuntos Jurídicos de Energía) que sabía poco y nada del asunto le informó a la Corte que "el Subsecretario se tuvo que retirar".  Y luego le preguntaron por un tema equis, y alegó que era cuestión que ella no podía responder porque era tema del ausente, que repitió "se tuvo que retirar" (Lorenzetti le recordó que "usted responde en nombre del Estado Nacional que es uno solo, de manera que tiene que contestar"). Es impensable que el Subsecretario de Recursos Hídricos haya tenido que hacer algo más importante que comparecer en un juicio en donde la Corte Suprema de la República busca dirimir una queja interprovincial por los usos de un río.

La Corte, visiblemente ofuscada por el ninguneo, levantó la sesión casi de modo abrupto luego de que la funcionaria subrogante le dejara on hold en un par de preguntas a Maqueda. Es posible suponer que habrá algún varapalo al respecto en sentencia de la Corte. Lo haya o no, en un país civilizado esas cosas no se hacen, salvo que seas un analfabeto institucional, un idiota cívico, o hayas estado muy descompuesto, o hayas tenido una razón muy relevante para retirarte a almorzar.

lunes, junio 12, 2017

Las audiencias públicas de la Corte Suprema

Este miércoles comienza la temporada de audiencias de la Corte Suprema. El auspicioso mecanismo estaba fuera de stock: en 2016 se hizo solo una audiencia de seguimiento del caso del Riachuelo, y ninguna referida a un caso "nuevo"; en ese rubro las últimas fueron de 2015 y dieron pie al caso "Orellano", sobre derecho a huelga,  y al caso del Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires reclamando el derecho a la agremiación de fuerzas de seguridad (en ambos casos, la parte actora salió perdiendo).

El caso de este miércoles tiene que ver con el reclamo de La Pampa contra Mendoza por la apropiación del Río Atuel, causa sobre la cual existe una sentencia de 1987 que, según nuestro criterio, no es para nada cosa juzgada por tres razones suficientes e independientes entre sí.

Ya hay además convocada otra audiencia para el caso "Castillo", el 16 de agosto (allí se discute sobre la educación religiosa en la Provincia de Salta), y es dable esperar que la práctica se intensifique en el futuro (en una Corte que necesariamente debe suturar heridas y reconstruir un prestigio horadado por el amesetamiento y la patente regresión en ciertas áreas).

Si les interesa, pueden ver un muy buen especial del CIJ acá, donde aparecen los videos de las audiencias pasadas que están disponibles y la sentencia respectiva.

El libro definitivo sobre el tema

Sobre esta cuestión (al menos, sobre lo que esperamos que sean los comienzos de la práctica de audiencias públicas) existe un libro al que le debíamos una reseña extendida.

Nos referimos a Las audiencias públicas de la Corte Suprema. Apertura y límites de la participación ciudadana en la justicia, de Miguel Ángel Benedetti, María Jimena Sáenz (Siglo XXI, 2016).

El libro -de la gran colección "Derecho y Política" de SXXI- salió en septiembre del año pasado (en este video lo presenta Benedetti) y contiene todo lo que querríamos saber sobre las audiencias públicas en la Corte Suprema.

Es, también una historia de apogeo y declive, puntuada por la efervescencia de la Corte de la reconstrucción, que llega a la madurez con la Acordada reglamentaria, y que a pesar de su interesantísima aspiración, tuvo solo dosis homeopáticas de concreción en la práctica. Supongamos al voleo que hubo cien mil casos a consideración de la Corte entre 2005 y 2015, y entonces vemos que la escala es 19:100.000, sólo 19 sentencias tuvieron como base una audiencia pública (AP) previa.

El libro de Benedetti y Sáenz es buenísimo y sólo mostraremos algunas cosas acá. Desde un enfoque atento al detalle, el análisis no se circunscribe al “día en la Corte” sino que reconstruye todos los pasos del antes, el durante y el después: qué causas eligieron los jueces para convocar audiencias, cómo se desarrollaron –aparecen tendencias como la dicotomía de "escuchar a los amicus" (pasivamente) versus "interrogar a las partes", o el enlazamiento inestable entre cuestiones de "hechos" y "derecho"–, y, finalmente, cómo aparece reflejada la audiencia en la decisión final del tribunal.

Sin dejar de decir que el libro no es un estudio meramente "cuanti", sino que incluye discusiones conceptuales (y caveats sobre -entre otras cosas- el uso escenográfico de las audiencias) veamos, pues, algunas cosas que salen de allí


Para qué se usan los insumos recogidos en APs

Centrándose en los fundamentos utilizados en la sentencia posterior a la AP (no en los de la convocatoria, que suelen ser muy vagos), el libro identifica tres tipos de usos:

Intensivos
1. Para reconstruir el objeto o remedio en litigios estructurales (Verbitsky, Mendoza).
2. Para balancear entre posiciones enfrentadas y resolver la controversia (Quisberth, Grupo Clarín)
 Moderados
3. Para precisar los términos de la controversia.
4. Para controlar al Estado confrontándolo con sus propias argumentaciones.
Mínimos
5. Testear in peius alegaciones de la parte actora no estatal.
6. Expandir el efecto de la decisión (Halabi).

Cuánto se usan los insumos recogidos en APs

Este otro resultado aparece en un interesante gradiente de "usos y no usos" de AP en las 19 sentencias relevadas. Allí vemos esto:


"No usos" (7)
  • Cuatro sentencias que ni siquiera mencionan que se hizo una AP (incluyendo casos muy importantes, como "Patitó" y "ADC c. PAMI" -audiencia con una gran intervención de Hernán Gullco por la ADC-.
  • Tres sentencias que se limitaron a consignar que se hizo audiencia de modo formulaico. 
"Usos" (12)
  • Tres sentencias con un usos sustantivo mínimo.
  • Cuatro sentencias con un usos sustantivo moderado.
  • Cinco sentencias con un usos sustantivo intenso.

Ideas finales 

Tengo para mi que las causas en que las audiencias efectivamente incidieron fueron estas últimas cinco. Y mi criterio es que fueron todos buenos fallos: "Verbitsky" (cárceles), "Mendoza II" (riachuelo), "Q. C." (vivienda"), "Santuario Tres Pozos", "Grupo Clarín" (seguramente la de mayor encendido y repercursión de todas las audiencias, y también una que contó con un explícito reglamento ad hoc).

Confirmando esta idea, la resolución de los casos "audienciados" en 2015 -no comprendidos en el libro que glosamos- no muestran un uso intensivo del insumo de la audiencia, y no fueron -a nuestro juicio- correctamente resueltos por la mayoría.

Correlación no es causación, pero advertimos que si hay audiencias, y si se prestó oreja a lo que allí pasó, es muy probable que el fallo salga bien.

O, visto de otro lado, que la exposición a cielo abierto (el "efecto vidrio") de argumentos, posiciones e intereses tenga un efecto preventivo contra agentes patógenos que derivan en malos fallos (el alegato de oreja, la delegación  e intermediación, las intrigas palaciegas, el logrolling de votos, la precipitación, el excesivo apego al stare decisis obviando argumentos nuevos, el canchereo dogmatista, el desinterés por los hechos concretos de cada caso).

En un futuro, el ideal deliberativo debiera ser que toda cuestión institucional, estructural o de trascendencia pública tenga "su día en la Corte". Parece una desmesura, pero si se ajusta bien el barómetro y si se lo setea en modo riguroso se puede ver que acaso no sean más de una docena de casos por año. No se trata de rutinizar la audiencia, ni de usarla con lógica dilatoria, pero no parece nada insustentable seguir una agenda de un par de audiencias por mes.

miércoles, mayo 10, 2017

Escenarios de la Corte post 2x1 y ley PDP

Las alternativas de la Corte.

Basandome en un posteo de facebook de Sebastián Pilo apunto que la Corte tenía un menú de opciones post "Muiña". Pilo veía tres, yo apuntaré siete (y descarto las derivadas de cambios en su composición); Pilo decía que eran cínicas, yo diré que no todas estas lo son. Diré además que no son opciones de "la Corte", sino también, opciones "del sistema".

1. Salida "por arriba". Esperar que se pronuncie en contra un tribunal internacional, y luego aplicar esa jurisprudencia. En primer lugar, no depende de sí misma. Además, lleva tiempo y cuesta reputación. Luego el otro problema: la Corte se autodeclaró suprema-blindada, cerró con llave por dentro y la tiró por la ventana en "Ministerio". Incidentalmente, como expuse en uno de los comentarios a fallo que escribí para una revista, la Corte advertirá que no fue buena idea haber mandado a hacer esas rejas en la ventana el día en que tenga que entrar por ahí un mueble. 

2. Giro en U. Revocar explícitamente su criterio, con alguien o todos cambiando de mayoría a minoría. El escenario no es descabellado: los fallos de la Corte no son una fatwua y pueden revertirse si alguien le presenta al tribunal un nuevo argumento que no había sido considerado, o si el tribunal mismo advierte que hay error. Ejemplos "contemporáneos": tenencias de estupefacientes para consumo (con Fayt cambiando de criterio en "Arriola"), los casos de "CHA" y "ALITT", el giro de "Fayt" a "Schiffrin" en la cláusula de los jueces +75, el giro mismo de Petracchi admitiendo primero la ley de amnistía y luego aceptando su nulidad. Pero es improbable que un tribunal haga tal cosa en un tiempo corto sin perder los papeles.

3. Salida en cuotas. Ir encapsulando la solución "Muiña" basándose en circunstancias diferenciales de otros, e ir construyendo una jurisprudencia alternativa en la que "Muiña" al cabo quede como excepción. A lo Sunstein: one-case-at-a-time. Plausible, pero podía llevar tiempo y provocar consecuencias no deseadas sobre otras áreas del derecho penal y constitucional en el intento. 

4. Desobediencia consentida. Consentir que prime una solución contraria a nivel de tribunales inferiores, y no corregirla rechazando los recursos. Tiene los mismos problemas que 1).

5. Cronoterapia. Darle largas a todos los asuntos hasta que devengan abstractos y no volver a aplicar "Muiña" nunca más. Los mismos problemas que 3.

6. Mantenimiento. Seguir el criterio de "Muiña" hasta sus últimas consecuencias. Implausible en un fallo que salió tan dividido. Escenario Thelma y Louise.

Y la séptima, la que sabemos que está apareciendo como la línea de menor resistencia:

7. Salida por colectora. Buscar (incluso por lo bajo auspiciar) un elemento "sobreviniente", una calle que se abre al costado, como una sanción de una ley, para decir que a la luz de eso debe reconsiderarse su decisión. Lo cual creemos que sucederá, con la Ley "Puente de Plata".


Ley PDP

En las hipótesis de salida del laberinto no imaginábamos una ley como la que votó ayer la Cámara de Diputados y votará hoy el Senado. Tiene tres artículos. Leemos:

El primero establece que el "dos por uno", previsto en el artículo 7° de la ley 24.390, "no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra". El segundo, que ese artículo "será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley", entre 1994 y 2001. El tercero, un mensaje directo a la Corte, dice que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es "la interpretación auténtica" del "dos por uno" y que "será aplicable a las causas en trámite".

La solución parece heterodoxa y por eso no la habíamos contemplado en el menú de opciones de salida del laberinto del ultimo post. La "heterodoxia" consiste en darle carácter aclaratorio/interpretativo a una ley ya derogada. Al tener ese carácter interpretativo, el legislador asume que la ley era así desde el momento cero, y que por ende, el beneficio nunca debió regir para delitos de lesa humanidad.

No vi el debate completo, pero una buena parte de los legisladores se hace cargo que está tirando paredes con la Corte: que esta ley es respuesta a un fallo, y a la vez pregunta de "qué fallarías ahora que tenés este elemento".

Con esto la Corte puede en efecto salir de "Muiña" alegando que hay elementos normativos que justifican el viraje, y usarlo como insumo en un fallo en el que, tomando nota de esa "interpretación auténtica", le conceda deferencia a esa distinción que el legislador articula explícitamente ahora.

Está claro que esa es la mirada pragmática, que no nos releva de hacer otra conceptual, o principista. Desde esa orilla hay dos "problemas" que la ubicaban en el estante de la "heterodoxia", uno que es penal, y otro que es más general.

  • El problema penal. El peligro obvio de la ley "interpretativa" de cara a la garantía de "ley mas benigna" es que con ese criterio mañana una ley "interpretativa" podría declarar que la punibilidad de tal conducta resulta la "interpretación auténtica" del artículo equis del Código Penal, y con su aplicación a "causas en trámite" ello sería operativo para quienes tomaron esa conducta antes de tal interpretación. Por tal razón, las leyes "interpretativas" son descriptas en la doctrina penal como un mecanismo artificioso para circunvalar la garantía de ley penal más benigna (o, mejor dicho, para darle carácter retroactivo a una ley que en su version interpretada es más gravosa).
  • El problema general. Aceptar que el Congreso puede fijar la "interpretación auténtica" de las leyes implica no sólo renunciar al control judicial de constitucionalidad, sino hasta el mismo control judicial de legalidad (o aplicabilidad).

Estos problemas parecen no ofrecer salida. No obstante, se impone darles perspectiva sistémica y ver si es así.

Yendo ahora de lo general a lo particular, ocurre que aquella que el Congreso reputa como su "interpretación auténtica" es obviamente una interpretación "no definitiva" en la medida en que la ley -como toda ley- que queda sujeta al control de aplicabilidad y constitucionalidad del Poder Judicial. Reconociendo ello se disuelve el problema general (no las exploraremos, pero alli hay más vías que se bifurcan: una judicialista "clásica", que dirá que pese a todo siempre será la Corte el "intérprete final" de la Constitución, otras que traten de darle un marco teórico a lo que pasa en la vida real de las Repúblicas en las que no hay tal perennidad, exclusividad, ni monopolio hermenéutico, donde el desarrollo normativo no es piramidal sino rizomático).

Luego, el problema penal puede acotarse si se entiende que hay efectos diferenciales suscitados por la nulidad de las leyes de amnistía, que causan discontinuidades en la sucesión temporal de leyes más clásica y pueden habilitar esa "retrospección" hermenéutica. Admito que es disputable, pero el legislador lo ha hecho, y con su palabra dada -que no es "vinculante", pero que ciertamente no es insustancial- en todo caso nos quedamos como estábamos parados en "Muiña", con el problema penal de la aplicación de ley intermedia mas benigna al caso de delitos de lesa humanidad que tuvieron un lapso de "vacación" en la posibilidad de ejercicio de la acción penal.

Lo cual nos remite -seguimos yendo de lo general a lo particular- a revisar el fallo.

Sobre el fallo "Muiña"

Gargarella escribió esto en Anfibia (con una mirada más "macro" sobre la Corte) y esto en su blog sobre el fallo y la garantía en cuestión.

Ese último post es altamente recomendable y se sugiere una paciente revisión de sus profusos comentarios.

Hacemos ahí alguna intervención explorando un argumento que no está en los votos de la minoría, pero que puede sustentarla y que funciona para calzarlo en el art. 2 del Código Penal en términos hiperliterales (y por ello exige cero torsión al principio de ley más benigna). Se trata de advertir que para Muiña y análogos no hubo en rigor ningun 2x1 intermedio vigente que deba aplicarse porque al mirar el elenco de leyes elegibles como "más benignas" deben excluirse las que se den -como la 24.390- en lapsos en que la acción penal estuvo impedida por leyes de amnistía (luego declaradas nulas). No puede predicarse la existencia de un beneficio en abstracto, disociándolo de su base, y la precondición de ese beneficio (la imputación que podría surtir la detención) estaba ex lege ausente. Asumir lo contrario sería llevar el criterio de ley más benigna a lo que sabemos que no puede hacerse: combinar partes de leyes sucesivas, no vigentes en forma simultánea, para armar una ley penal más favorable pero que en la práctica nunca rigió para el delito que se le imputa a quien la invoca.(*)

Un argumento de este tipo, aún siendo independiente de toda ley "interpretativa" ex post, nos lleva a una conclusión que converge con lo que declara en su art. 1º la ley PDP. Y esa ley "heterodoxa", o una parte de ella, con todos sus problemas de "naturaleza jurídica", aún podría usarse entonces como una fuente corroborante, indiciaria, de su plausibilidad.

Ahora: si la Corte efectivamente transita por el puente de plata, tendría que asumir el desafío de definir qué entidad le termina dando a la Ley PDP (si la pone como argumento determinante, o subordinado) lo cual acarrea poderosas consecuencias sistémicas. Dije, una vez más, un potencial: "tendría". No necesariamente lo hará: bien puede ser minimalista y prescindir de mayores explicaciones.

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Sin pretensión de exhaustividad, y con un necesario recorte, recomendamos otros escritos que hemos enlazado de estos últimos días: Lucas Arrimada (sugiere con razón que todo pudo haber sido distinto con audiencias), Roberto Carlés (compacta crítica del fallo), Mario Wainfeld, Juan Pablo Ruiz Nicolini, Andrés Rosler (con comentario de JJ Moreso recordando un caso de España) y el fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan declara la inconstitucionalidad del 2x1 (completo acá) precisando que el problema de la constitucionalidad no había sido abordado en el fallo de la Corte.

Luego de escribir este post, Carlés saca esto sobre la ley PDP, vale la pena leerlo también. Y me acordé de eso de que los tribunales no se tiran a la pileta si no ven agua debajo. Infobae luego publica una nota de Pablo Parenti sobre la ley (que a todo esto, publicada en BO. ya tiene número: 27.632). Andrés Gil Domínguez la hace en formato video.

En notas del día después: esta de Irina Hauser con algo de trastienda del fallo, y esta de Pagni. Luego Cappiello con otra versión del backstage.

Saliendo del formato texto, en LN+, hay videos de Gil Lavedra (en contra) y (a favor) de Alejandro Carrió (ver dde minuto 21) del fallo. En update, vimos este otro de Gargarella.

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(*)  Encuentro versiones análogas de ese argumento, sobre el que especulé originalmente en formato tuit, también formulado en comentarios de Carlés y de Garzón. No lo advertí en su momento, y lo formulo en potencial porque lo mantengo como hipótesis sujeta a refutación. En verdad, claro, es lo que pasa con todo lo que escribimos, que tampoco es una fatwua, sino un turno en una conversación.

sábado, mayo 06, 2017

Al día después de "Muiña" y el 2x1 (y a pensar la salida del laberinto)


Del día después del fallo

El repudio. Está muy bien, y sin dudarlo nos muestra una divisoria muy relevante. Están quienes se congratulan y se agradan (y peor: se agrandan) con la decisión (por fortuna: los menos) y quienes no. Es también una grieta ontológico-moral, independiente de la resolución del caso, como la que siempre ocurre cuando pensamos aplicar garantías a delitos graves o gravísimos, y que "pica" mucho más en el caso de esos delitos que se nos caen de la baranda del superlativo: los delitos de lesa humanidad.

Esto va por otra cuerda, separada, de la lógica interna que la mayoría articula al aplicar la garantía penal de ley más favorable. Y es una cuerda sensible, mucho más relevante a nivel ético y comunitario. El análisis de un fallo puede "pensar" el caso con los argumentos jurídicos explícitos -nosotros mismos lo hemos hecho en el post anterior- y aún concluir en la reprobación. Por esto mismo no se nos escapa que resulta solipsista y arrogante creer que a nivel evaluativo todo empieza y termina en el derecho y en las razones de la tesis jurisprudencial que ha sido mayoría.

La Corte. Hemos sido aquí muy críticos de esta "nueva" Corte, por ejemplo señalando el que a nuestro juicio es un gran error estructural del año, el fallo "Ministerio RR.EE." de febrero (es el caso de Fontevecchia vs. Menem y la resolución de no-cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana). Si no suscribo ayer una crítica "tecnica" a la decisión -podemos ahondar en esto, pero no es la idea acá verlo desde el ángulo jurídico-, sí podría objetar asimetrías o la inconsistencia de que un criterio garantista aparezca estrenado en este tipo de casos, al tiempo que otros planteos garantistas (penales y no penales) aparecen rezagados o denegados. Y al tiempo en que derechos económicos y sociales aparecen cada vez más esporádicamente por su bandeja de salida.

El escenario. Es incierto y puede oscilar entre casos de liberación de ex-represores genocidas torturadores y afines por efecto goteo o por efecto cascada. Sí debe decirse que no hay aplicación automática. Por otro lado, no es lo mismo "estar en condiciones de pedir la libertad condicional" (que puede darse o no), que "tener derecho a salir libre". No imaginamos automaticidad en la concesión de un beneficio. Sea por esta vía o por el cumplimiento "total" de la pena por la abreviatura del 2x1, los planteos que se hagan tendrán necesariamente su réplica fiscal y un recorrido que en cada caso sólo será definitivo cuando llegue a la Corte. Es muy probable que haya que discutir antes una cuestión como la concesión de una prisión domiciliaria (que la ley confiere como posible para los presos de más de 70 años, y que como declara Alan Iud en esta nota de Anfibia tiene el gran problema de la poca fiabilidad de supervisión de su cumplimiento) que la cuestión del computo vía "Muiña".

Fiscales y querellas. Un punto importante es que -ventaja de tener un Ministerio Público independiente- hay en las fiscalías gente con vocación de encontrar los mejores argumentos "contra" y "aparte" de "Muiña" que puedan buscarse en cada caso, con aptitud técnica y voluntad política de hacerlo. Ver, por caso, una muestra de Pablo Parenti dictaminando acá. Algo parecido va a pasar con las querellas.

Los juicios. Una mirada completa del escenario nos obliga a monitorear qué hace el sistema con todo el conjunto de casos todavía en trámite. En algunos casos hay retrasos en la resolución de apelaciones, dilaciones  que son inadmisibles (es una cuestión de "puro derecho") y que obstan a dar firmeza a las condenas. Otras dilaciones se dan en la forma en que se programan las "audiencias de juicio". Finalmente, también hay obturaciones en la instrucción de los casos, que es el paso de acumulación de pruebas  previo al juicio (como lo demuestra el caso de Milani, todavía hay juicios que están en esa fase).


De la salida del laberinto. 

Si nos tomamos esto en serio, es deber del sistema "decodificar" el repudio y actuar a partir de el. Y si se hace eso, es posible acotar en buena medida los efectos y consecuencias de "Muiña", sin tomarse atajos que obvien el Estado de Derecho (porque, como dice Rosatti en el fallo: de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado).

Hay 1 MinJus, 257 diputados y 72 senadores que pueden pensar el tema. Y algo de esto puede hacerlo, en base a podres implícitos, la propia Corte Suprema.

Veamos, a modo de ejemplo, tres cosas en qué pensar.

  • Primero: en los juicios, uno por uno. Un enfoque activista y riguroso sobre los juicios, con tablero de control y gestión fordista, en las tres dimensiones en que anotamos: instrucción-audiencia-apelaciones. Sin renunciamientos a las garantías, ni permeabilidad cándida al planteo chicanero, ni apatía autocomplaciente con los avances procesales rituales. Todo esto modelado en formatos posibles: instructivos, protocolos, acordadas, o normas de fuente legislativa.
  • Segundo: en la etapa de "ejecución de la pena", uno por uno. Implementar un proceso ampliado de discusión de las posibilidades de salidas (sobre todo en condicionales y en domiciliarias), en el que haya participación de las víctímas y de organismos que puedan dar contexto particular a cada caso. El Congreso puede legislarlo, o la justicia hacerlo por vía reglamentaria o jurisprudencial (creemos que hay elementos del sistema interamericano que darían pie para hacerlo).
  • Tercero: en la visión del contexto general. Un espacio interpoderes, que funcione haciendo un seguimiento global de los procesos judiciales, para ver el mapa ampliado y el horizonte próximo en el tramo de "ida" (el de los casos en donde se pueda ir hacia una condena o hacia su firmeza) como en el de "vuelta" (el de los casos en donde hay posibles liberaciones de imputados o condenados)

    Lo importante: son cosas que se pueden empezar a hacer ya, la semana que viene, y que (asumo de buena fe) de implementarse la Corte no sólo habilitará sino que también podría acompañar como muestra de compromiso y responsabilidad institucional.

    Una historia que vivimos en los 80 muestra como un intento de limitar temporalmente los juicios (el "Punto Final") tuvo el efecto no previsto de acelerar las imputaciones. La historia no siempre se repite, pero algo de eso puede haber aquí treinta años después: el efecto imprevisto de "Muiña" y su benignidad punitiva como catalizador de una política pública que ponga en valor el sentido y el avance en la lucha contra la impunidad.

    jueves, mayo 04, 2017

    Sobre la aplicación de 2x1 a delitos de lesa humanidad

    Breves consideraciones a la luz de "Muiño" (resumen en prosa y fallo en este link), que requieren pasar en limpio dos premisas iniciales (que los entendidos podrian perfectamente saltearse).


    *** Acotación: para no seguir sumando posdatas acá, hicimos luego: ***


    ***

    (1) La ley del 2x1 

    La ley 24.390 implica que a partir de los dos años de prisión sin condena firme se cuenta cada día de prisión preventiva se cuenta como "dos de prisión o uno de reclusión" (esto implica que el beneficio 2x1 solo vale para las condenas a prisión, si la condena fue a reclusión convierte a escala 1:1 y da lo mismo).

    Es una ley de 1994, que fue derogada en mayo de 2001. La idea era reglamentar el derecho a obtener juicio en un plazo razonable de la Convención Americana. El legislador juzgó que dos años era un plazo razonable, y que a partir de ahí, había que compensar al imputado de alguna forma, con lo que dio esa promo de doble cuenta. O acaso el legislador dio en pensar que ese "reloj de taxi" corriendo a favor del encarcelado y que impicaría su liberación era un incentivo para que jueces se apuraran a dar condena firme. Eso no sucedió entre otras cosas porque el problema era más estructural, de colapso de causas.

    Veamosla en un ejemplo: si alguien estaba tres años preso sin condena, y finalmente se lo condenaba a siete años, lo que tendría que cumplir "realmente" eran seis (porque el año extra que pasó sin condena se le contaba doble). Luego recordemos que se puede salir en libertad condicional con dos tercios de la condena (en nuestro caso, sería entonces a los cuatro años) pero eso es el clásico artículo 13 del Cödigo Penal. Al final del todo haremos una breve posdata sobre el caso de los de "perpetua".

    Este ejemplo es muy atípico. En nuestros sistemas colapsados hay muchos casos que se pasan por mucho los dos años sin condena. Esto implica que en un juicio más "normal" donde la condena queda firme al séptimo año, el imputado habrá tenido cinco años de descuento.

    La otra pieza es ...

    (2) La garantía de la ley penal más benigna


    "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna", dice el art. 2º del Código Penal.

    Para simplificar lo presento usando el ejemplo extremo de incriminación o desincriminación. Los casos de cambios en la escala de penas (agravamiento o atenuación) pueden resolverse con la misma lógica.
    • Funciona en un sentido retroactivo: si yo tenía una conducta incriminada, y el legislador la desincrimina, no es justo que condene a quien cometió antes el hecho que ahora la comunidad ha juzgado que no debía penarse.
    • Funciona también en un sentido ultraactivo: si yo tenía una conducta desincriminada, y el legislador la incrimina, no es justo que condene a quien hizo algo que no era delito al momento en que se actuaba. Esto es la razón por la cual los agravamientos de penas que vota hoy el Congreso sólo se aplican a los delitos de mañana, y el juez no los puede aplicar "inmediatamente" para los cometidos ayer.
    • Y funciona "en todo tiempo intermedio": si el legislador incrimina, desincrimina, y luego se arrepiente y re-incrimina, se le aplica la ley más benigna.
    Hay que tener en cuenta además que el art. 2º del CP luego dice que "si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley". Esto implica que la ley penal más benigna puede aparecer antes de la sentencia como después de ella. Si yo cometí el hecho ayer, me condenan hoy, y el legislador lo desincrimina mañana (cuando yo esté en la cárcel) yo me beneficio de la ley.

    Yendo a estratos superiores: la formulación constitucional del art. 18 de la Constitución es algo elemental: nadie "puede ser "penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Más completo y específico es el modo en que está expuesta la garantía en el Pacto de San José de Costa Rica:
    Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
    Si bien hasta ahora estuvimos pensando en términos de ley penal de fondo (delitos y penas) existe consenso en que una ley puede ser "mas benigna" por otra razón: por ejemplo, porque permite acceso a beneficios como salidas anticipadas, o porque, como en el caso de la del 2x1, establece un sistema especial de cómputo de penas.

    Ahora si, con estos términos definidos, vamos a lo de ayer.


    El fallo de la Corte sobre aplicabilidad del 2x1 a delitos de lesa humanidad


    Una mayoría de tres quintos de la Corte (Highton, Rosenkrantz, Rosatti) dice que, en efecto, se aplican a todos los delitos, porque no existe una exclusión contemplada para la aplicación del concepto de "ley penal más benigna". Veamos por ejemplo el cons. 9º:


    Conforme al tenor literal del art, 2° del Código Penal, como ya se dijo, es indisputable que la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente, sin distinciones. A todo evento, la característica definitoria de los delitos permanentes es que ellos se cometen durante cada uno de los segmentos temporales del lapso que transcurre desde que el imputado comenzó a desplegar la conducta típica hasta que cesó de hacerlo. Dicha característica en modo alguno inhibe la posibilidad de que durante el transcurso de la acción -pero antes de pronunciarse el fallo- se dicte una ley más benigna y, con ello, se configuren las únicas condiciones a las que la norma referida supedita la aplicación de la ley más favorable.
    La "especificidad" de lo que sería delito de lesa humanidad implica que no puede haber indulto ni amnistía ni prescripción, pero no se extiende a desactivar la garantía de ley mas benigna. Incluso, como recuerda el fallo de la mayoría, el Estatuto de Roma contempla la garantía ("De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena", art. 24.2).

    Me gusta lo que dice Rosatti, en su voto concurrente-culposo: y es algo que yo no me hubiera privado de escribir si tuviera que resolver el caso. Van dos parte-citas:


    Lo dicho no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en esta causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional (...).  
    La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.

    En sentido similar diré: no me gusta para nada como “resulta” esto (mas en un contexto en que, como dice Victoria Ginzberg, estos imputados serán casi los únicos que se terminan beneficiando hoy del 2x1, en esta nota crítica del fallo cuya lectura recomiendo) pero la gracia de los derechos y garantías es asumir que son indiferentes al sujeto portador, y por tanto tienen esa rigidez mecánica que es el precio que pagamos por asumirlas como fundamentales. Si empezamos a abrir y manipular los engranajes, pronto nos encontraremos que se van a aplicar en los casos que más nos gusten, lo que implica que dejan de existir como derechos.



    Las disidencias: Lorenzetti y Maqueda 


    En disidencia, usan varios argumentos, hago un rápido espigado.


    - No hay sucesión sino "coexistencia" de leyes.


    Me parece forzado: esa interpretación es inconciliable con la frase "tiempo intermedio" del art. 2 del Código Penal. Tampoco veo correcto -o consistente con la garantía- sostener que en un delito de ejecución permanente deba aplicarse sólo la ley que regía en el último tramo de su consumación (de lo contrario, esto implicaría que alguien "empezó" a delinquir bajo una ley y luego recibe condena por una ley más gravosa).


    - Solo es "ley penal mas benigna" la que baja la escala penal.

     A eso se alude con la exigencia de "la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa". Pero eso es inconsistente con el modo en que siempre se ha interpretado la garantía: vale la ley que fuera más benigna por la razón que fuese (por ejemplo, porque permite beneficios). 

    - La ley 24.390 no puede aplicarse a delitos de lesa humanidad. 

    El problema es que el art. 2º no fija áreas excluidas de la aplicación de la ley más benigna. Dijimos antes que el consenso en "lesa" a la luz de la Corte es que no puede haber amnistías ni indultos, y Maqueda lo reinterpreta de la siguiente forma: de la obligación de sancionar los delitos de lesa humanidad se desprende la prohibición de sancionar en forma inadecuada los delitos de lesa humanidad. Diremos sin dudar que eso está bien, pero el argumento funcionaría en casos en donde se trate de una sanción meramente simbólica, o claramente inadecuada: en este sentido, la aplicación particular de un cómputo general de pena no califica bajo tal parámetro (salvo que el efecto sea supresorio o cuasisupresorio de la pena). Esta sería la línea argumental de Andrés Gil Domínguez cuando habla de una desnaturalización de la pena en este comentario al fallo. En toco caso, pienso que de esa obligación retraducida en prohibición no se desprende en efecto la idea de que los delitos de lesa humanidad "deban" estar excluidos de garantías o beneficios generalmente aplicables a otros delitos. (*)

    - La ley 24.390 sólo beneficia a los que cumplieron prisión bajo su vigencia. 

    El argumento es también interesante, pero lo que presenta como un problema es el sentido mismo de la garantía, que no es otra cosa que una ficción legal por la cual tomamos como "viva" una ley que no lo está. Es un zombie jurídico. Entonces, se trata de juzgar el caso como si la ley 24.390 estuviera vigente "hoy", en cuyo caso no dudaríamos que el beneficio se aplica. Si la lógica no fuera esa, el legislador podría, conforme a su expresa declaración, decir que una ley penal dada sólo se aplicará a los hechos sucedidos "sólo" durante su vigencia, y no podrá ser retroactiva ni ultra-activa a los efectos penales. Eso que no aceptaríamos que haga el Congreso, tampoco puede hacerlo el juez en base a su interpretación de la intención del legislador.

    >>  Otros comentarios al fallo (en contra)

    > Hugo Seleme, Pablo Parenti (en tuits), Roberto Gargarella.



    >> Posdata sobre los condenados a "perpetua". 

    (Esta posdata fue editada con una corrección y un dato nuevo). 

    Con la ley vigente hoy, toda prisión o reclusión "perpetua" (no "cadena perpetua", que es un resabio de los tiempos en que al preso se lo "encadenaba") en verdad puede traducirse a 35 años de cárcel, que es cuando podría el condenado salir con libertad condicional (por el mismo art. 13 CP al que aludimos antes). 

    Sin embargo, aquí hay otro coletazo donde juega la ley más benigna: ese plazo antes era de 20 años, de modo que esa es la linea de base a cumplir para poder gozar del beneficio (que no es automático). Con esta circunstancia, corregimos el ejemplo dado en el post original: un condenado a perpetua, que pasó diez años sin sentencia firme, va a poder pedir la libertad cuando cumpla doce años de prisión. Parece que hay muchos en esta situación: Irina Hauser reporta un escenario posible en esta nota de hoy de P12.



    >>> Addenda sobre el distingo "prisión/reclusión".

    En "Méndez" de 2005, la Corte dijo que la pena de reclusión debía considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal (de 1996) que no mantiene diferencias en su ejecución con la de prisión. En función de ello, declaró que a los efectos del art. 24 cada día pasado en prisión preventiva debía contarse siempre como uno menos para el cómputo de la pena.

    La pregunta es si esa equiparación debe entenderse aplicable también al 2x1. Entiendo que no lo es: en el cómputo del 2x1 el legislador no necesariamente pensó en una diferente modalidad de ejecución, sino que usó el distingo prisión/reclusión como un parámetro para distinguir gravedad de delitos y en función de ellos conceder o no el beneficio. Esa distinción, por lo demás, no luce irrazonable.

    miércoles, marzo 29, 2017

    Tuitificación de "Schiffrin" y "Villamil"

    Ayer salieron tres sentencias con las que no estamos de acuerdo.

    Nos salteamos por razones de fuerza mayor la escritura del comentario en prosa, y como alternativa ersatz proponemos esta compilación de tuits con nuestra lectura de sobrepique de los dos fallos de esos tres que se firmaron ayer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Schiffrin" y "Villlamil" (los links remiten a las reseñas del CIJ donde se pueden descargar las sentencias). Los tuits son nuestros, con interpolaciones de otros de Manuel José García Mansilla y José Ignacio López.





    La otra sentencia lamentable, que no analizamos aquí, es esta.

    jueves, marzo 09, 2017

    Revisión de las estadísticas de la Corte 2012-2016


    Volvemos a actualizar un post que se refería al trienio 2012-2014, incluyendo las nuevas referencias que proporciona la Corte sobre sus estadísticas y que ahora nos permiten ver un quinquenio. Los datos originales pueden verse acá. Nobleza obliga, en aquel post nos quejábamos de que dieran datos en solo pdf y ahora se pueden descargar en excel.

    Dado que se trata de una actualización, usaremos en parte texto ya escrito la vez anterior.

    Tirando el achique

    El siguiente gráfico es interactivo. Muestra en primer lugar "sentencias elaboradas", y otra solapa permite ver el total de "expedientes resueltos". Como verán, existe una gran diferencia en los números, así que forzosamente los gráficos usan escalas distintas.





    Lo primero que vemos es una regresión en el flujo de salida de la Corte en las dos estadísticas.

    Pongamos la lupa sobre "sentencias elabordas": el dato concierne a las sentencias desarrolladas con fundamentos de la propia Corte Suprema, excluyendo entonces remisiones a dictámentes, casos resueltos por mera remisión a otros que sí tuvieron desarrollo, y las "planchas" y fórmulas de desestimación.

    Luego del top de 2014, de 271 sentencias, encontramos que el año pasado aparecen reportados 132 fallos. Ya es claro que estamos -y será para rato- en la zona  en esa "Corte de 200 sentencias" que tantos pronosticaban, temían, anhelaban.


    • Desde un punto de vista institucional, la implicancia de ello es que es factible que un tribunal pueda administrar este flujo de salida de sentencias como una Corte "única" (no dividida en salas, posibilidad que en su momento consideramos y rechazamos por tres motivos). Si las sentencias son muchísimas, entonces cabe asumir que las chances de supervisión o mirada firme de los firmantes son pocas y que se incrementa la práctica de la delegación. Como vemos, ahora son no son muchas, y una vocalía bien organizada puede hacer su trabajo sin más que una delegación instrumental.
    • Desde el punto de vista del operador, esto implica que no es muy costoso mantenerse al día, porque de acuerdo a la rama que se ejerza no hay mucho más que 30 lecturas relevantes por año. Para demostrarlo hacemos una aproximación a ello a partir de las Secretarías (enseguida explicamos en detalle como funcionan las estructuras de la Corte) y llegamos al siguiente gráfico (como en el anterior, click en cada burbuja para ver datos del rubro).
    • Agregamos que desde el punto de vista del "ecosistema jurídico" un exceso de derecho judicial puede generar polución normativa.  Un argumento virtuoso plausible para el "achique" es que la Corte tiene que ser cauta en el volumen de derecho que produce. O dicho de otro modo: algo estaría muy mal en un sistema donde la Corte produjera mil sentencias "elaboradas" nuevas por año. 

    Mirada de Rayos X sobre las Secretarías de la Corte

    martes, febrero 14, 2017

    La Corte Argentina frente a la Corte Interamericana: la resolución de no-cumplimiento del caso Fontevecchia

    El caso "Editorial Perfil": el tramo doméstico y el tramo internacional.

    Recordemos brevemente lo que necesitamos saber del caso. Hace mucho, Menem no reconocía públicamente a Carlitos Nair. La Revista "Noticias" investigó el hecho, armó una serie de notas en las que contaba que el entonces presidente tenía un hijo, incluso consiguió una foto que llevó a tapa. Carlos Menem, entonces presidente, los demandó planteando que la revista había violado su derecho a la intimidad. En la ficha técnica de la Corte Interamericana leemos el decurso judicial de ese litigio:

    En 1997 un juez de primera instancia en lo civil rechazó la demanda interpuesta por el señor Menem. La sentencia fue apelada y en 1998, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revirtió la decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico a pagar la suma de la suma de $150.000,00. Los demandados interpusieron un recurso extraordinario federal. En el año 2001 la Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida aunque modificó el monto indemnizatorio, reduciéndolo a la suma de $60.000,00.

    Sobre esta base el caso escaló al Sistema Interamericano y luego accedió a la Corte Interamericana, donde lleva la carátula "Fontevecchia y D´Amico" que eran respectivamente propietario y director de "Noticias". En resumidas cuentas, allí se concluyó que la revelación de la revista estaba justificada por tratarse Menem de una figura pública política, que la condena civil había sido un cercenamiento a la libertad de expresión, y se condenó al Estado Argentino.

    Para cumplir esa condena, el Estado debía hacer tres cosas:
    a. dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias;  
    b. publicar un resumen oficial de su sentencia elaborado por la Corte Suprema, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, así como publicar la sentencia completa de la Corte Interamericana en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, y  
    c. entregar a los periodistas las sumas reconocidas en dicho fallo (devolverles el dinero que habían pagado por la condena, más los gastos que tuvieron que hacer por el juicio)
    Estando cuplido el punto b y el punto c "en vías de cumplimiento", el Ministerio de Relaciones Exteriores le pide a la Corte Suprema que haga lo suyo, el cumplimiento de a -cosa que la Corte no hara, según nos dice este fallo que se firma hoy, día de los enamorados del año del señor de 2017-.


    El fallo de (in)cumplimiento de la Corte Argentina

    Se lo puede destripar y perderse en las cabriolas argumentativas, o hacerlo más sencillo. El camino largo puede tener su encanto pero en esta siesta, como primer acercamiento, conviene tomar el más corto. Trabajaremos sobre el voto conjunto de Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz,  y casi todo lo que diremos es aplicable también al voto concurrente unipersonal de Rosatti -que busca transitar un rebusque "armonizante" para prestamente dar por cumplida la sentencia sin hacer lo que la sentencia dice-; en disidencia solitaria, Maqueda vota la solución correcta.

    En el considerando 6º de ese voto de mayoría hay dos afirmaciones. La primera es indisputable:
    Se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este. 

    Y con la segunda afirmación el marcador de alerta "sin embargo" nos delata el principio del problema:
    Dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus potestades remediales. En efecto, es con ese alcance que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente a acatar las decisiones de la Corte Interamericana.

    Nótese que, partiendo de esta premisa, la Corte dice que ella, el Tribunal doméstico, está habilitado para definir cuando el Tribunal internacional ha obrado dentro del marco de sus potestades remediales, y cuándo no. Es decir: se arroga el derecho de ver cuándo quiere cumplir, y cuando no (nótese que puede argumentarse sin esfuerzo que al hacerlo, está tomando decisiones de política exterior, invadiendo la división de poderes).

    En apoyo de esta tesis los considerandos siguientes se dedican a pulsar alocadamente varios botones para ver si sale el truco legitimador, que no sale, y así aparecen confundidas la subsidiariedad del sistema de protección, la fórmula de la cuarta instancia y la doctrina europea del "margen de apreciación" que NUNCA ha sido adoptada por la jurisprudencia interamericana.

    Es forzado y estéril el intento de demostrar que un tribunal internacional no tiene potestades remediales, porque sería privar al sistema todo de producir actos de efecto útil,  y todo esto se hace a extramuros de la pauta pacta sunt servanda de cumplimiento "de buena fe" de los Tratados, y de la exigencia institucional de evitar responsabilidad internacional que la Corte adoptó como criterio incluso antes de la reforma de 1994. Recordemos el considerando 19 de "Ekmekdjian c. Sofovich" de 1992:
    Lo expuesto en los considerandos precedentes resulta acorde con las exigencias de cooperación, armonización e integración internacionales que la República Argentina reconoce, y previene la eventual responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos internos, cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla. En este sentido, el tribunal debe velar porque las relaciones exteriores de la Nación no resulten afectadas a causa de actos u omisiones oriundas del derecho argentino que, de producir aquel efecto, hacen cuestión federal trascendente.

    Cabe acotar que la (condicionalizada) "jurisdicción" de la Corte Interamericana no está colgada de una nube: se trata de un Tratado cuya contingencia jurisdiccional es, obvio, una de las "condiciones de su vigencia" asumidas al darle jerarquía constitucional en el art. 75 inc. 22 CN. Frente a ello, hay lo que veo como un desangelado intento de apoyarse en el art. 27 CN, que nunca despega del rango de petición de principio, y que es surtido con citas de .... Joaquín V. González y de Carlos Saavedra Lamas, lo que tiene la debilidad obvia de que la fuente de referencia interpretaba un texto constitucional distinta, de modo que su autoridad es dudosa.

    Todo confluye en un originalismo ramplón y en un catenaccio literalista para llegar al punto en el que casi empezamos: que nada en la Convención habilita a la Interamericana a revocar sentencias de tribunales nacionales.

    Esto es falso, porque las Convenciones no tienen ni tienen por qué tener la prolijidad de un Código, lo que les es muy impropio, y se impone la más pura lógica marshalliana al respecto: si la violación al derecho tiene su punto nodal en la sentencia, no hay reparación posible sin que esa sentencia quede sin efecto.

    Y esto es muy peligroso, porque si vamos a interpretar las sentencias de la Corte Interamericana con esta lógica mezquina todo el sistema sería inoficioso --- y el mismo Ejecutivo, este u otro cualquiera, podría invocar esta idea para decir, cada vez que no le simpatice, que el Tribunal obró fuera de sus potestades remediales.

    Conclusión: ese "se acata pero no se cumple" es, sin dudarlo, una forma apenas disimulada de hacer lo que hizo Chávez cuando retiró a Venezuela de la Convención Americana.


    La solución correcta 

    La solución correcta, con los argumentos correctos, la pueden ver en el voto de Maqueda, en el mismo caso, y también en el dictamen que había hecho la Procuración.

    (Hay otros temas posibles a considerar en cuanto a contingencias relevantes del enforcement de una decisión -por ejemplo, el derecho de defensa de quien ve su fallo revocado, que no parece ser cuestión en este caso porque a Menem se le dio traslado -así lo pidió la Procuración- y ni siquiera postuló nada parecido a lo que la Corte terminó haciendo ... con lo cual hasta la sentencia tiene el problema de fallar materialmente extra petita-. Estos temas pueden tener su muy pertinente discusión, y su adaptación casuística en función de cada sentencia que haya que cumplir, pero el principio que la Corte adopta es más audaz: proclama abiertamente que se arroga el báculo para no cumplir con lo que ha mandado un fallo la Corte IDH).


    Qué va a pasar

    El caso volverá a la Corte Interamericana, que al supervisar el cumplimiento de la sentencia constatará que el Estado Argentino no acató el punto a.

    Y habrá entonces una nueva resolución de la Corte Interamericana, en la que inevitablemente avizoramos un varapalo para la Corte argentina.

    ***

    Posdata: otras voces -hemos ido incorporando estos en orden aproximado de aparición-.

    - Gil Domínguez, "inexplicable retroceso".
    - En el podcast de La Ley entrevistaron a Juan V. Sola y Gil Domínguez.
    - Una defensa de la decisión, en una serie de tuits de Manuel García Mansilla.
    - Gargarella, con matices y caveats´
    - Román de Antoni en "Palabras del Derecho".
    - Zaffaroni: "La Corte argentina declara su independencia del Estado".
    - Abramovich: Comentarios sobre el caso Fontevecchia.
    - Documento del CELS sobre el fallo Fontevecchia.
    - Nota breve de Pedro Caminos, a favor del argumento soberanista.
    - Hernán Gullco en Perfil
    - Alberto Bovino en su blog
    - Frondoso suplemento especial de "La Ley" con notas varias sobre el tema (PDF).

    martes, febrero 07, 2017

    El juicio de Highton y la cláusula over 75


    La cláusula de los 75 años

    Introducida en 1994, está en el último párrafo del art. 99 inc. 4 de la CN, que viene hablando dle nombramiento de jueces, y luego dice:

    Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

    Luego, según la cláusula transitoria undécima, se fijó el 22 de agosto de 1999 como fecha de entrada en vigencia de la caducidad de los nombramientos de magistrados mayores de setenta y cinco años.


    Repasemos la práctica a nivel Corte: llegarón a 75 cuatro jueces: Belluscio y Zaffaroni, que se fueron, y Fayt y Petracchi, que se quedaron. Fayt porque ganó el caso que lleva su nombre en 1999, menos conocida es la causa de Petracchi que promovió juicio, lo ganó en primera instancia y eso quedó firme porque el Estado no apeló (creo que sucedió circa 2009).

    Dos a dos, el desempate sería el de Highton, que presentó su amparo símil Fayt, y (espoiler de edad) cumple 75 años el 7 de diciembre de 2017.

    Hay que decir aquí que hay sentencias a favor de otros jueces -no de Corte- que hicieron acciones similares, que han prosperado y por ello siguen en sus cargos; estas causas -sin sentencia firme aún, porque en ellas el Estado sí apeló- deberían llegar a la Corte para su tratamiento este año. Así que el caso de Highton, muy probablemente, no se resolverá en la causa caratulada "Highton", en donde -a todo esto- el gobierno ya hizo su presentación pidiendo el rechazo.

    Por qué es importante el control de constitucionalidad del proceso reformador.

    - sobre este tema, recomiendo esto de Roberto Saba-

    Nosotros no sólo tenemos -y apreciamos- una Constitución rígida, que no puede reformarse por procedimientos ordinarios, y en ese plan hay varias condicionalidades: sujetamos su modificación a mayorías agravadas -dos tercios de las cámaras- y establecimos que esa ley de reforma puede ser total (en cuyo caso hay canilla libre y la convención pude cambiar cualquier cosa), o en parte, y entonces debe incluir particularmente los puntos en que una Constituyente reformadora puede reformar la Constitución.

    Eso es el contenido de la declaración de la necesidad de la reforma, que habitualmente se hace en formato "ley", pero que no lo es estrictamente (y por ello, por ejemplo, un presidente NO podría vetarla).

    En fin, cuando se hizo el "Pacto de Olivos" se habilitaron temas para la reforma, lo cual condicionaba lo que válidamente se podía hacer con la Constitución. Ratificado el Pacto por la UCR en la en la Convención de la Escuela 221 de la Ciudad de Santa Rosa, tuvo su "escrituración" en la ley 24.309 que habilitó el proceso de reforma. Allí se habla de un conjunto de cláusulas que debían votarse en "paquete" por si o por no (el "Núcleo de Coincidencias Básicas" del art. 2º) y otros que podrían reformarse o incluirse (art. 3º). Como acotación al margen, el procedimiento preconstituyente tiene un plausible vicio de procedimiento (hubo un cambio en la cámara revisora, por lo cual debió haber vuelto a la de origen) pero este no es nuestro asunto hoy (y si lo fuera, llegamos al mismo punto, porque se caería toda la reforma del 94).

    Volviendo a lo que nos interesa, está establecido que todo lo que hiciera la Constituyente debía estar dentro de los bordes de la ley. Esa fue además la voluntad del Congreso que habilitó la reforma, y por eso incluyó la sanción explícita de nulidad en el art. 6° de la ley 24.309, para todo aquello que comportase una modificación, derogación o agregado a la competencia establecida en los arts. 2° y 3°.

    Tan es esto así que, como recordaba Quiroga Lavie, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia juraron la nueva Constitución en 1994 lo hicieron "en la medida de su adecuación a la ley 24.309", abriendo un poco el paraguas.


    1999

    Un par de meses antes de "Fayt", otro caso similar preparaba el terreno. En Iribarren, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una cláusula de la Constitución de Santa Fe que disponía la pérdida de inamovilidad de los jueces cuando cumplían 65 años. La Corte dijo que "choca frontalmente" con el deber de asegurar la administración de justicia "una disposición que transforma en precaria la situación de los jueces que arriban a una determinada edad, sin limitación alguna en el tiempo, dejando en manos de los otros poderes provinciales la disposición de sus cargos". (*)

    El 19 de agosto de 1999, tres días antes de la fecha marcada en rojo por la cláusula transitoria, finalmente salió "Fayt", unánime (Petracchi no votó: consideró que no era apropiado si en algún momento llegaba a estar en la misma situación, cosa que finalmente sucedió). Aquí pueden ver la sentencia y el dictamen.

    Bossert -en un voto individual- le dio la razón con un argumento muy literal y cuya aplicación se limitaría a Fayt y acaso unos pocos más. Ese argumento tomaba nota de que la constitución dice que "al cumplir setenta y cinco años" se requerirá un nuevo acuerdo, y que al momento de la entrada en vigor de la reforma Fayt ya los había cumplido, ergo no necesitaba ningún acuerdo (porque no los iba a cumplir de vuelta). El argumento fue el que había usado la Cámara para resolver el caso y darle la razón a Fayt sin generar un efecto abrasivo sobre la reforma.

    Porque, en línea con lo resuelto en primera instancia, el argumento mayoritario de la Corte fue muy distinto: no declaró la inconstitucionalidad, sino la nulidad de la inclusión de la cláusula over 75.

    El dictamen del procurador proponía desestimar la demanda. Su criterio -el criterio estándar entre quienes apoyan la validez de la cláusula- es que las restricciones de la ley de habilitación de la reforma debían interpretarse en un tono más permisivo: "las modificaciones introducidas en los temas habilitados pueden afectar a los temas que no fueron expresamente incluidos -cuya modificación no se excluye expresamente- siempre que sean razonables y no se aparten de ellos o los modifiquen en forma ostensible". Luego, no corresponde proceder con taxatividad.

    Esa es la defensa estándar -que obviamente comparten quienes fueron convencionales en 1994, y en la Corte hay dos: Maqueda y Rosatti, aunque como recuerda Gil Domínguez, en la Convención hubo voces que advirtieron la extralimitación-. Según ella, al habilitarse la posibilidad de reformar lo relacionado a la designación de los magistrados, se podía incluir perfectamente una limitación temporal. Luego de lo cual dice que, en definitiva, si la cuestión fuera dudosa, y no arbitraria, lo que conviene es darle la razón al constituyente -antes que andar revoleando nulidades-.

    La Corte, en cambio, entendió que el texto constitucional incluía una cláusula de inamovilidad estricta -los jueces siguen, sin limitación, mientras dura su buena conducta- y que lo que había hecho la Convención era una reforma implícita de esa cláusula para la que no estaba habilitada. Como consecuencia de ello, el acto no era simplemente inconstitucional, sino que era un no-acto: una nulidad. La cláusula over 75 debía tenerse por no escrita, era un intruso que había entrado al texto constitucional sin pasaporte ni visa.


    El caso Highton

    Ese argumento del fallo de 1999 le da hoy la razón a Highton -y a los otros jueces que hicieron sus amparos o demandas siguiendo la senda de Fayt-.

    Pienso que el argumento "la designación puede incluir especificaciones sobre términos y condiciones aplicables al nombramiento" está basado en un esforzado subterfugio que esconde un desvío de poder. El efecto de una designación se cumple cuando el candidato jura, y pretender que ella puede estar habilitando a monitorear cosas que suceden después de ella está mal, exorbita el concepto, sea que se trate de fijarse en si ha cumplido 75 años o en si hace tres mil metros en el test de Cooper.

    Dicho esto, no jugaremos el juego del pronóstico: hay mucha gente, muy respetable, que piensa que la Corte resolvió mal en 1999 -Antonio Hernández escribió esto en su momento criticando el fallo-, y esto determina que podría tomarse una resolución distinta hoy con un tribunal cuya composición cambió.


    Finale

    Quedará para la próxima reforma constitucional redactar con cuidado la habilitación de qué cosas vamos a reformar.

    Como cuestión valorativa -y esto es ajeno al silogismo jurídico de "Fayt", el caso- hay que tener en cuenta que el efecto de una designación con fecha de vencimiento y renovaciones quinquenales genera inevitablemente que los jueces se vean expuestos a fallar con un ojo puesto en la sensación que causará su fallo en los poderes políticos que pueden darles continuidad, o retirársela´en función de su grado de simpatía.

    Lo que quiero decir es que, como dice Hamilton en El Federalista 79, tener acción sobre la subsistencia de un hombre, importa tenerla sobre su voluntad.

    ...

    (*) Actualización ex post. Incidentalmente, "Iribarren" despeja una incógnita que puede incidir en "Highton". El punto es que Iribarren había jurado por la Constitución que incluía esa norma limitativa, en la cláusula que después impugnó. El argumento fue planteado por el Estado y desesestimado por la Corte en el considerando 3º del fallo, en donde marca límites razonables a la la teoría de que nadie puede ponerse en contradicción con "actos propios". Moraleja: no hay obstáculo en jurar por una Constitución y después hacer un planteo -de inconstitucionalidad, como Iribarren, o de nulidad, como sería el de Highton-. 

    jueves, enero 26, 2017

    Breve catálogo anotado de cursos online de Derecho

    MOOC es acrónimo de Massive Open Online Course -en español a veces se los llama COMAs-. La clave es que sean cursos totalmente online, abiertos -no necesariamente "gratis"-.

    Hay varias plataformas que imparten Moocs gratuitos y/o pagos (el arancel suele ser bajo, en el orden de los 50 dólares -que es mitad o tercera parte de lo que cuesta un libro jurídico, que probablemente se compra y después no se lee-). Dentro de estos últimos, hay variantes: los que permiten ir haciendo el curso hasta terminar y sólo cobran por el certificado (digital), los que permiten acceder a todos los materiales pero no rendir, y en el borde más restrictivo, aquellos que no permiten ni siquiera ver el material sin pagar -en mi opinión, esto no califica como MOOC porque no es "open"-.

    Los MOOCs buenos incluyen clases filmadas en videos de 15-20 minutos, foros de debate y discusión, y materiales de lectura. Se imparten en plataformas como Coursera, EdX y Udemy, y allí podrán encontrar también cursos de lo que se les ocurra, desde finanzas hasta mitos griegos. Si les interesa explorar en español, está la plataforma MiriadaX, aunque no veo allí cursos activos de derecho para recomendar, salvo uno muy específico sobre Pena de Muerte que se dictó el año pasado.

    Los programas duran entre uno y tres meses, y casi siempre están organizados en semanas. Suele haber plazos ordenatorios y en algún caso son ásperamente perentorios. Hay cursos que se instalan con lógica de que se hacen una vez y nunca más, otros que se reeditan anualmente, otros que empiezan cohortes todos los meses, y otros que son más liberales y funcionan self-pacing, con ritmo autoadministrado.

    Con todo, es altamente recomendable aprovechar la oportunidad en el momento en que aparecen. Yo hice, por ejemplo, un curso llamado "Presumed Innocent? The Social Science of Wrongful Conviction" de la Universidad de Pensilvania, que no está más disponible, y me pareció extraordinario.

    Por supuesto, también es recomendable pasar cada tanto por las plataformas para ver si apareció -o reapareció- algún curso interesante. Los que incluimos en esta lista pueden empezarse ya mismo, o en una semana.

    En virtud de su masividad, no hay un instructor que haga evaluación individual o seguimiento del alumno. Los cursos se "rinden" y se aprueban con examenes online multiple-choice, que en algunos casos son fáciles y en otros tienen cierta complejidad. En ciertos cursos, como en los de Chemerinsky y en los de Akhil Amar, hay que entregar pequeños trabajos monográficos cuya calificación se determina por sistema de peer review, de modo que parte del trabajo del alumno es también hacer de revisor de otros tres papers. Obviamente el trabajo debe presentarse escrito en el idioma del curso. Una motivación para hacerlos puede ser esa, la de consolidar o renovar práctica de un idioma adquirido.


    El nivel de los cursos, al menos de los que recomendamos acá, es MUY bueno. Pueden tomarlos con lógica de aprendizaje -si saben poco o nada del tema- o con lógica de repaso -y seguramente van a ver encontrar alguna cosita que no conocían-.


    DERECHO CONSTITUCIONAL

    Erwin Chemerinsky - Universidad de California en Irvine (Coursera). Como Bidart Campos, Chemerinsky arma un esquema que divide en dos la materia. Así no es un curso sino dos cursos: uno dedicado a los derechos individuales (el derecho constitucional de la libertad, diria GBC), el otro a la estructura del gobierno federal (el derecho constitucional del poder). La combinación y seguimiento atento de ambos debería dar un resultado muy parecido al de tomar un curso de Constitutional Law 101.

    Akhil Amar - Yale. (Coursera). Otro pope del derecho constitucional americano, también usa el desdoble (cuando yo hice por primera vez, este curso estaba unificado). Está disponible un curso "exegético", con retazos de historia constitucional, sobre la Constitución escrita de los EE.UU., y otro que es de casos y jurisprudencia, apropiadamente denominado la Constitución no escrita de los EE.UU.

    Sumo un complemento igualmente interesante, también en Coursera, y algo menos exigente, porque no exige presentar "papers", ni corregirlos, que es el de Kermit Roosevelt de la Universidad de Pensilvania, Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases, realmente muy bueno.


    DERECHOS HUMANOS

    Introducción a los Derechos Humanos - Universidad Diego Portales (Udemy). Impartido en inglés, con subtítulos en castellano, por los Profesores José Zalaquett, Juan Francisco Lobo et. al. Dosificado en videos super cortos, exámenes sencillísimos, abarca nociones básicas de ética pública y estructura básica de los derechos humanos, con complementos mas específicos  tales como los derechos de la mujer, del niño, de los pueblos indígenas; el medio ambiente; el terrorismo y los conflictos armados; y las minorías sexuales, entre otros.

    Introduction aux droits de l’homme - Universidad de Ginebra (Coursera). El curso es diseñado e impartido por los profesores Maya Hertig Randall y Michel Hottelier, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra. Durante el curso, los miembros de órganos e instituciones dedicadas a la protección de los derechos del hombre y de los especialistas de la comunidad académica serán invitados a intervenir. El curso es impartido en francés. Consiste de una serie de 8 sesiones, comprendiendo cada una de un cierto número de breves presentaciones en video (8 a 15 minutos). Cada sesión se acompaña de un cuestionario de evaluación -solo multiple choice-.

    International Human Rights Law - Universidad de Louvain (EdX). Dictado en inglés por el Profesor Olivier De Schutter, similar al anterior, basatnte más complejo en  los exámenes multiple choice, y algo más completo.

    Como posdata, muy específica, parece interesante -no lo hice- el curso Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction - Universidad de Ginebra (Coursera). Y recordamos que la gente de Diego Portales hizo también dos cursos específicos sobre Igualdad de Género y Diversidad Sexual y sobre Transparencia y Anti-corrupción.


    DERECHO PRIVADO

    Property & Liability. An introduction to Law & Economics (Coursera). Impartido por Richard Adelstein de la Wesleyan University. Cubre temas de derecho de daños y de propiedad desde la perspectiva del Análisis Económico del Derecho y haciéndolo obtendrán todo lo que se necesita saber al respecto.

    Contract Law: From Trust to Promise to Contract. (EdX). Extraordinario curso de Harvard con Charles Fried. Abarca la teoría de los contratos con profusa ejemplificación de casos y discusiones, a un nivel que difícilmente se imparte en nuestros cursos de grado. Inserto un video trailer del curso.




    Para finalizar, un curso "tranversal" e introductorio que también recomendamos, especialmente a estudiantes iniciales: A Law Student's Toolkit, dictado por Ian Iayres de Yale. Curso pequeño y compacto -solo tres semanas- pero súper interesante con conceptos varios muy bien explicados. Imagínenselo como una versión 2.0 del libro de Nino "Introducción al Análisis del Derecho".


    ***


    Posdata: MOOCS acá. En La Pampa hemos hecho varios cursos Online en el CCJ sobre temas varios -Teoría del Derecho, Nuevo Código Civil, Jurisprudencia de la Corte- y hemos tenido siempre buena respuesta de crítica y público (a pesar de que eran tremendamente exigentes y vastos en material). Eran gratuitos y abiertos, y el Curso sobre el Nuevo Código Civil tuvo seis mil cursantes, de las veinticuatro provincias, en sus dos ediciones: un Luna Park lleno -es posible que nunca haya habido cursos tan numerosos al menos en nuestro medio-. Ahora mismo no tenemos ninguno abierto, pero informaremos cuando abramos el "ciclo lectivo".

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