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Algo sobre teorías y prácticas del derecho

sábado, mayo 28, 2022

Sobre la (otra más) reforma del Consejo de la Magistratura: racconto de lo que se discute

Qué estamos discutiendo.

Es un proyecto de ley "en revisión", cuyo texto sancionado pueden ver en este enlace. Proyecto cuya historia legislativa es previa al fallo de "Colegio de Abogados" (que concluyó en la cuenta regresiva para la "resurrecciòn" de la ley vigente antes de 2006, lo que derivó en el actual Consejo de 20 miembros, con silla presidencial asignada al presidente de la Corte). pues comienza con un proyecto que envía el ejecutivo el 6 de diciembre de 2021 (click para descarga aquí). Con modificaciones, el Senado le dio esa "media sanción" el 6 de abril.

En Diputados, ha existido un par de sesiones informativas de plenario de comisiones para recabar opiniones sobre el proyecto, la mas corta del 17 de abril, y la más extensa del 24 de mayo en la que nos tocó exponer (los enlaces llevan a las grabaciones respectivas). 

Estas lineas no van a hablar de lo que dije yo (aparezco alrededor de la hora 3 del video, si les interesara), sino exponer un panorama general de lo que se discute.

Pero antes hay que decir algo: es sumamente importante que esta reforma encuentre su cauce y sea ley. La conformación actual tiene una legitimidad renga, interinal, que es la que inevitablemente le cabe por nacer en el laboratorio de probeta de la dimensión remedial de un fallo, que no es lo mismo que tener un texto tratado por el Congreso con el plus epistémico, republicano y democrático que ello implica. 

Corregir la composición implicaría cerrar transitoriamente este círculo de (digámoslo, accidentado) "diálogo de poderes", emprolijar el asunto, y ciertamente aprovechar para mejorar la estructura y sus funciones. Poco o mucho, he ahí la cuestión. Pero hacerlo es muy importante (y en particular, dejar resuelto esto antes de la próxima renovación de consejeros, que debe hacerse en el segundo semestre, porque después generaría nuevos líos transicionales).

Es un proyecto "parche". 

No mucho, ciertamente. El proyecto no es ambicioso, y aquí algunas voces urgían tomar esta ocasión para hacer un reseteo más profundo. Pero es comprensible que no se haya ido por allí porque los consensos no darían para eso en primer lugar, pero además porque el Consejo es un organismo joven pero no es un recién nacido. Hay un montón de "camino andado" que nos ha hecho caminodependiente, una estructura y una burocracia (ancha) en funcionamiento constante desde hace cuarto de siglo, y es a la vez temerario y poco racional armar un modelo que se aventure a campo traviesa.

En el amplio caso de alternativas preferibles y disruptivas de esta tradición la que más me interpela es la que reclama "exclusividad" de consejeros (con variantes que alertan: incluso podrían ser representantes del Congreso no diputados, ni senadores, cosa que la Constitución no dice, sino juristas que el Congreso designe en su representación). 

Se dice con razón que es una tarea demasiado importante para la "doble camiseta" (y los abogados exponen de que ellos sí dejan de estar en ejercicio activo de la matrícula cuando entran al Consejo, cosa que no hace ni un diputado ni un juez). Curiosamente no faltan quienes a la vez que reclaman exclusividad por estos mismos motivos, reclaman que la presida el presidente de la Corte, ente humano superpoderoso capaz de a la vez tener en la cabeza miles de causas que están a potencial resolución, y seguir el minuto a minuto de la gestión judicial de las creaciones de cargos a la equitativa evitación de goteras, renovación de alquileres de edificios y justa provisión de nepacos a lo largo de la judicatura federal. Si, ya sabemos que esas cosas se delegan (todo ello sin experticia personal en el tema, ni formación administrativa), lo que es tan cierto como que la firma es siempre la misma. Lo que nos remite a ese otro tema.

La Corte en el Consejo. 

Ahí reside mi primera objeción que no es constitucional, sino funcional. El tema se bifurca en un abanico de opiniones. Algunos dicen que la Corte tiene que estar. Mi opinión es que noDoscientas cuatro palabras tiene el artículo 116, y si nadie encontró lugar para poner "Corte Suprema" de modo explícito es porque el consenso del 94 no era -tan claramente- darle un lugar. Muchas reformas constitucionales provinciales acreditan lo obvio: cuando vos querés que alguien esté en un Consejo de la Magistratura, le ponés el nombre a la silla. Ese nombre en la silla no lo puso la Constitución Nacional.

Luego está el argumento de que está implícito en "todas las instancias". El detalle acá es lo que no dice: no dice "cada una de las instancias". Una lectura posible del 114 es la que lo mira como una definición constitucional que asigna a todos los jueces el derecho de elegir representantes, con independencia de su instancia o jerarquía, paritariamente.

Más sobre eso. Gil Domínguez dice sobre esto que es inconstitucional que una ley diga que el juez de la Corte debe ser el presidente, pues ello afecta la autonomía del cuerpo y rompe el equilibrio que la  Constitución reclama al asignar a uno de los estamentos esa posición preminente. Su idea es que un juez de la Corte puede ser miembro, pero no tener la presidencia asignada por ley.

Mi idea es que (al margen de que siempre hay cortistas vocacionales) estamos un poco presos de un modo conservador y poco sensible a hacerse cargo del efectivo efecto disruptivo que supuso la creación del Consejo. Hay que recordar el espíritu de la reforma del 94, que fue una reacción a la vez contra el dedazo designador, contra la apatía disciplinaria y contra la opacidad de gestión del Poder Judicial. El Consejo no es un extraño: es un organismo propio del Poder Judicial, y eso lo dice la Constitución, sin recurso ulterior a la Corte.

Y yendo más al punto, dar cosas no es dar con beneficio de inventario: si literalmente dio la administración de los recursos al Consejo, eso significa que la Corte no tiene nada que opinar sobre la administración de los recursos (pese a lo cual, por ejemplo, en todo el Poder Judicial no se puede crear un solo cargo si no lo dispone la Corte).

Hay más razones funcionales, a más de las republicanas. La eficaz actuación de un tribunal de alta complejidad y demanda de justicia, implica que además no debe estar atorado ni sometido al minuto a minuto de la gestión. Cuando elegimos jueces y jueces, pensamos en como fallarán, no en su habilidad de management. Para bajar esto a la realidad, vean cualquiera de las sesiones del Consejo que están en youtube, vean las crónicas de la reunión primera que hizo este nuevo Consejo. No son cosas de alta jurisdicción, sino gerenciales, operativas.

Los comentarios de los expositores fueron variados. Algunos creen de buena fe que meter a la Corte en la mesa de decisiones es bueno para tener una perspectiva cupular necesaria, o en todo caso para "curarse en salud" y no dejar el sistema expuesto a objeciones constitucionales. Pero visto con ojos fríos, el sentido cupular de la Corte y su autoridad es jurisdiccional, la de intérprete final de cosas constitucionales, la de dirimir quejas entre provincias, pero en cuanto a la administración toda presunción competencial le debe ser adversa porque eso es algo que el 114 le dio a otro órgano (aunque desde entonces hayamos fingido que en realidad eso no era tan así).

Visión general del proyecto: está bien, no está mal. 

La matriz original del proyecto era una solucion de compromiso  entre los 20 actuales y los 13 de la ley de 2006 inconstitucionalizada por excesiva preponderancia política. Serán entonces 4 jueces y 4 abogados, 3 senadores y 3 diputados (dos por mayoría y uno por primera minoría en ambos casos), 2 académicos y 1 representante del Ejecutivo. 

El número telefónico queda con ese muy recordable 443321, que suma 17. 

Mandatos de cuatro años, con una reelección, el resto todo más o menos como estaba, con una aparición muy importante e hija de nuestros buenos tiempos: igualdad de género asegurando que al menos la mitad sean mujeres.

Este desglose proporcional evita peligros de Consejos cortos y largos, deja balanceado a los estamentos, y ello se compadece con sistemas que prevén mayorías agravadas para las decisiones importantes como reglamentos, pase a enjuiciamiento o ternas. En este punto su constitucionalidad es imposible de discutir (el único argumento de objeción plausible que puede incidir es la desaparición de las "segundas minorías", pero ello en el plano de la preferencia y no de la constitucionalidad).

Se mantienen las cuatro Comisiones (1) de Selección, (2) de Disciplina y Acusación, (3) de Administración y Financiera, (4) de reglamentación, más una quinta con consejeros "ad honorem", de la que ahora hablaremos. La paridad (en versión "al menos mitad de mujeres") debe respetarse también en las comisiones 

Un Consejo "Federalizado". 

En 2013 (cuando se reformó el Consejo con esa elección popular, rápidamente declarada inconstitucional por la Corte en "Rizzo")  imaginábamos aquí un Consejo de la Magistratura regionalizado, dividido en seis zonas. Algo de eso aparece en los cambios que tuvo el proyecto a propuesta de bloques no oficialistas minoritarios (Weretilneck). 

Me parece una idea mejorada, y aún mejorable. Antes de entrar a detalles diré que yendo por esto hay mucho mejor margen para una visión orgánica y no disociada de la justicia federal en el territorio nacional, cuyos efectos nos animamos a ver inmediatos y positivos: mucho más efectiva en ese sentido que la idea de amplificar y lotificar los sillones de la cúpula cimera jurisdiccional a razón de uno por provincia.

Una de los cambios es que aparecen definidas cuatro zonas (AMBA, Centro, Norte, Sur) y se establece que las listas de abogados y jueces debe haber un representante de cada una de ellas. 

Ello asegura una visión que le otorga profundidad de visión a una agenda domadísima y dominadísima por episodios de Comodoro Py, inerte y miope con lo que sucede del otro lado de la General Paz. Esto debe leerse a la luz de una anomalía que en algún momento dejará de existir (cuando la Justicia Nacional pase a la órbita de CABA), pero sobre todo como lo que es: un efectivo ejercicio de acción afirmativa para compensar la nula visibilidad de la agenda no metropolitana. Si quieren ver el inercial y gigantesco sesgo metropolitano, pueden tomar de proxy la misma lista de disertantes en el Congrejo (en este, pero también en otros temas), para ver cuantos llegaron allí en un viaje propiamente dicho, y cuántos lo hicieron en un remise.

En sintonía con eso, en el proyecto se establece que una vez por trimestre el Consejo tendrá que sesionar a extramuros de Buenos Aires, 

La Quinta Comisión: la Comisión de Asuntos Federales. 

El otro cambio en esa misma línea es la "quinta comisión", que es la idea mejorable. El proyecto la conforma con otros 16 consejeros "ad hoc" y "ad honorem", a razón de cuatro por región ... todos ellos senadores. No son consejeros plenos, no tienen voto en decisiones, pero tienen competencia y autonomía para elaborar propuestas y emitir resoluciones consultivas exclusivamente en lo que compete a áreas de su región.

Es una buena idea que hay que corregir. No es lógico que tenga una composición monoestamental. En una configuración imaginable y funcional, el proyecto debe darle lugar en paridad a los otro estamentos, incluyendo dos abogados, dos jueces, y un académico más por región. Cada una de estas comisiones tendría entonces 9 miembros, lo que le da un número compacto para su función específica. Los 17 consejeros tienen un grupo de control dedicado de 32 "adhocs" que en actuación simultánea oxigenan y amplifican la visión.

Junto con ello, lo que debería incluirse es el mandato de que cada comisión realice un informe periódico sobre el estado de la Justicia Federal en la región, para lo cual tendrá una mejor perspectiva que el pleno genérico, por especificidad de su mandato y por mejor conocimiento del terreno. Tiene además mayor espacio de agenda para llegar al territorio en diálogo con colegios provinciales, organismos de la sociedad civil y otros interlocutores relevantes.

Complementaciones de este tipo deberían estar estandarizadas por reglamentación, permitiendo tanto la proximidad de la mirada preventiva como la especial atención en la fase reactiva ante problemas puntuales y concretos de cada región.


Otros temas.

Académicxs.  El proyecto prevé dos académicos (igual que el "actual", y uno más que la ley tumbada de 2006). Uno es electo por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y otro por el Consejo de Decanxs de Derecho de las Facultades. Un punto cuestionado del proyecto es la exclusión de las universidades privadas. Sobre esto se han dado argumentos que tienen que ver con una tradición que este proyecto sigue. Yo tengo sobre eso una buena respuesta que no estoy seguro de haber escuchado: las universidades públicas nacionales (que son creadas por ley del Congreso de la Nación) son además personas de derecho público conforme al Código Civil, y ese estatus o naturaleza jurídica justifica que por congruencia sean las consideradas en la conformación de un órgano público como es el Consejo.

De todos modos, las objeciones tienen su miga. Una parte de salir de la claustrificación que genera la elección así intermediada es complementarla con otro espacio de elección ya directa, y por ese medio hacer la elección de consejeros académicos regionales "ad hoc" (esos que propiciamos que estén en la "quinta comisión"), y allí sí que sean elegidos por sus pares docentes universitarios.

Concursos. Aun aceptando la lógica de una normativa en modo parche (y por ende sin cambios radicales de paradigmas) aquí surgen dos temas URGENTES que deben aparecer en la ley. El primero es que el sistema de concursos "de a un cargo por vez" es una receta segura para la perpetuación de la endémica precariedad de subrogantes, vacantes y malabares interinales. La ley tiene que permitir dos mecanismos importantes: los concursos simultáneos y los concursos anticipados

En lógica del simultáneo: si tengo dos cámaras de la misma región, que transiten en un concurso único a la vez.  

Mas atrayente es la lógica del anticipado: un concurso general que deje resuelto el orden de mérito para futuros cargos de una rama y jurisdicción, con una lista que tenga vigencia por un período extendido (hasta cuatro años). Esto es algo que apareció en la ley de 2013 habilitando al plenario del Consejo a que disponga estos llamados generales (y que no aparece en el proyecto con media snación).

La ley debe establecer que los antecedentes tienen una valoración única para todos los postulantes y deben estar centralizados en un área técnica del Consejo (no dejarse a la idea de que puedan valer mucho en un concurso y nada en otro, y relevar a los jurados de su ponderación).

Se mantiene el grave error de hacer convivir un concurso tecnocrático coronado con la entrevista cubilete: un proceso final en que el orden de mérito puede salir como vino hasta ahí, o hacer que los dados consejeriles lleguen a una terna totalmente distinta y "evangélica" ("los últimos serán los primeros"), de oficio y a sola discrecionalidad del Consejo (y que les exige dos tercios, lo que es a la vez estandar de consenso pero también margen de bloqueo a una minoría).

La discrecionalidad ya la tiene el sistema en el mecanismo donde el presidente elige al que quiere dentro de una terna. No es necesario poner otra capa de discrecionalidad que es un estímulo para dilatar concursos. 

No se propone eliminarla, sino hacer (como ocurre en otros sistemas) que la entrevista en el plenario tenga un factor importante, que cada consejero pregunte y vea y asigne un puntaje, y la nota asignada al postulante sea la mediana de todas las notas de los consejeros. Atención: que sea la mediana y no el promedio (esto hace inútil que un consejero aislado ponga notas bajas o altas para mover el promedio). Esto acelera los tiempos con la idea de que los Consejeros tienen la obligación de dar su nota en inmediación de la entrevista, y no necesitan sujetarse a mayorías agravadas que provocan tentaciones de bloqueos y de cambio de favores (del tipo: subo al tuyo acá para que vos subas al mío allá).

Finalmente, la mejor dinámica del concursos es la de establecer buenos reglamentos. En esto yo puedo tener muchas ideas en abstracto, pero no sería prudente en fijar todo por ley, pues ante cualquier error se complica mucho la enmienda. Es conveniente que aparezcan bases esenciales en la ley (más de las que tiene el artículo 13), pero no querría que se pecara de la tónica excesivamente reglamentarista.

Escuela Judicial. Se mantiene su emplazamiento en la órbita del Consejo de la Magistratura. Tibia y escueta mención a la "especial relevancia" de sus cursos.  Hay mucho por hacer aquí y he pensado que eso excede el ámbito de una ley que tiene que ser pensada en lógica urgente, y por ende de parche, y eso podría justificar ahí el no innovar. No obstante, es imperativo reconocer en paridad de condiciones a otros actores del sistema: cursos, posgrados y tramos formativos que imparten universidades públicas, privadas y escuelas judiciales provinciales (u órganos equivalentes como centros e institutos), sujetando la evaluación de su "relevancia" al Ministerio de Justicia (como existe en la actualidad). Su inclusión en la ley es no solo una variable para dar equidad a los postulantes, sino también un reconocimiento de los diversos organismos que forman y perfeccionan recursos humanos incluso fuera de la currícula academicista.

Auditorías. Un faltante del proyecto. Altamente recomendable su asignación como cometido expreso de los consejeros regionales "ad hoc". También recordar que las auditorías no son inquisiciones, sino procedimientos de control y medición que pueden redundar en beneficio del controlado, al visibilizar su relegamiento estructural.


Jurado de enjuiciamiento. 

Hermano menor y siempre relegado en las atenciones con respecto al Consejo, y que generó poca discusión aquí también, aunque no queremos omitirlo. El proyecto lo integra con siete miembros: dos jueces, tres senadores y dos abogados. Mantiene el sistema de sorteo semestral público (el jurado de enjuiciamiento no es un órgano permanente, pues solo se ocupa de destituciones, y lo más probable es que a cada jurado sorteado no le toque actuar en ningun proceso de destitución). 

En eso la ley 26,080 también se diferenció de la versión original, que lo formaba con 9 miembros electos y otra vez, a un juez de la Corte (no necesariamente su presidente) como cabeza fija del organismo. Si hay un "rebalanceo", pues los siete de la 26.080 se componían de dos jueces, cuatro legisladores (dos diputados y dos senadores) y un abogado. Se pasa de ese 2-4-1 a un 2-3-2. 

No hay allí representantes del Ejecutivo, ni académicos (en ninguna versión anterior del Jurado los hubo) y no innova en la fuerte mayoría requerida para destituir, que es de tres cuartas partes de los miembros totales del Jurado. Al no incluir reformas y mantenerse en el concepto parche, tampoco innova en las restantes cosas que están desde la versión original, como la enumeración de causales de destitución que aparece en el art. 25 de la ley 24.937 (1. El desconocimiento inexcusable del derecho. 2. El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias. 3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo. 4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. 5. Los graves desórdenes de conducta personales. 6. El abandono de sus funciones. 7. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias. 8. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer).

sábado, mayo 14, 2022

Sobre la amplificación y/o salificación de la Corte Suprema Federal


Este post es una compilación ligeramente revisada de un par de hilos tuiteros del mes, a propósito del tema de ampliación de la Corte, matizado o reconstruido en torno a dos grandes videos, uno del 89 y otro de la semana pasada, protagonizados respectivamente por Petracchi y por Zaffaroni. Hay no obstante elementos nuevos, como el cameo de Oyhanarte.


Petracchi

El primer video nos remonta a la primavera del 89 y la Acordada 44 y a este momentazo imperdible que deben ver: Petracchi en modo rider on the storm, en la primera parte de este video del programa de Mariano Grondona del 28 de septiembre de  1989.



La cuestión es así: un recién llegado Menem había presentado un proyecto de ampliación de la Corte de 5 a 9 miembros.

La Corte le contesta, por una Acordada “espontánea”, que pueden ver acá. Esa Acordada no es unánime. Su presidente Caballero la firma en disidencia.  No es que esté "a favor" de la ampliación: dice que a la Corte no le corresponde opinar. Dice que no hubo pedido o consulta a la Corte, y que en esas circunstancias nada autoriza “pronunciamientos genéricos sobre la oportunidad y conveniencia de pretendidas reformas a las leyes”. 

Como resultado de eso, Caballero renunciará a la Corte.  Cuatro días después, asume Petracchi como presidente, que va a Hora Clave para decir in voce lo que decía la Acordada -- mas el plus de que "la Corte es una sola" (y, dice explícitamente, no se puede fragmentar en salas). 


Lo que pasó después de la TV: la Corte más grande de la historia. Algunos días después, el 3 de octubre aparece un agudo texto de Julio Oyhanarte -entonces secretario de Justicia de Menem- en "Clarín", que además de ser la respuesta a Petracchi es además un lindo ejercicio estilístico anacrónico: casi un post escrito veinte años del cenit de los blogs. Pueden ver esa nota en este enlace. Meses más tarde el autor se beneficiaría indirectamente de ello pues será uno de los nuevos ingresos de la Corte ampliada. 

sábado, abril 16, 2022

Consejo de la Magistratura: el día D y el invierno que se viene

Actualización: el día 18 de abril la Corte emitió una resolución de ejecución de la sentencia. Sobre eso hablamos en esta posdata. También salió hoy otra nota de Guidi-Aldazábal que nos hace muy bien el árbol genealógico completo del Consejo, y una vez revisado eso la moraleja se cuenta sola.

*

Para ver un poco el contexto y no dejar las recomendaciones al final, sugiero leer esta nota de Natalia Volosin en Infobae y esta de Sebastian Guidi y Marcos Aldazábal en ElDiarioAr..

Em fin, estamos mas o menos así:  a partir de hoy el Consejo de la Magistratura no puede hacer casi nada. Si quieren saber como llegamos a este punto, tendremos que irnos un poco lejos para encontrar la física de ese engranaje adosado al viejo ingenio de frenos y contrapesos.




Como llegamos a este punto: la Constitución.

Nos referimos a la del 94. Antes el Consejo no existía y todo era más rústico. Designaciones: a dedo del presidente, y luego acuerdo del Senado. Destituciones de jueces comunes, supeditadas al armatoste institucional improbable del mismo juicio político previsto para presidentes.

Lo que hace. El Consejo de la Magistratura hace tres cosas importantes: 

  • el embudo de las designaciones de jueces (arma los concursos que culminan en el envío de "ternas" al ejecutivo, cuyo nominado luego debe tener acuerdo del Senado), 
  • el embudo de las destituciones (recibe denuncias y resuelve si son desestimadas, sanciones menores, o pueden ser remociones, en cuyo caso deriva el caso a un órgano distinto, el Jurado de Enjuiciamiento), 
  • y la "administración general" del Poder Judicial.

Como se compone. La Reforma del 94 dijo todo esto y dejó "a medias" definida su composición, y esa indefinición terminará costando caro. Leemos el art. 114

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

No sabemos como era el período (anual, bienal, etc.). Cuántos serían sus integrantes. Y lo más delicado de todo: como sería el factoreo para llegar al "equilibrio".


Como llegamos a este punto: la fluctuante legislación.

En la ruleta de versiones posibles, la Ley 24.937 de 1997 dejó un Consejo "1.0" de 20 miembros. 11 "corporativos" (académicos, jueces, abogados) y 9 "políticos", incluyendo la representación de la "segunda minoría" en el Senado y en Diputados. El detalle es que su presidente venía predeterminado y era el Presidente de la Corte Suprema: doble presidente entonces.

Su segunda versión fue la versión "2.0", la ley 26.080 de 2006, que reperfiló el Consejo y lo podó a 13 miembros. De los políticos solo se fueron los "segunda minoría" y quedaron todos los demás. O sea: 1 del Ejecutivo, 3 y 3 de Senado y diputados (dos por mayoría, uno por primera minoría). A la vez, de los "corporativos" bajaron de 11 a casi su mínima expresión posible: 6. A saber, un académico, dos abogados, tres jueces. El ratio de políticos sobre total pasó de ser 9 de 20 a 7 de 13.

Yendo a lo que importa: el funcionamiento del Consejo no mejoró (lo cual sería invocado bastante pronto en el otoño de la democratización de la justicia, del año 2013).


Como llegamos a este punto: los fallos.

Fueron fallos: hablamos en plural. Un fallo de la Corte de 2013 capó justamente el intento de "democratizar" el Consejo de la Magistratura y una versión "3.0" en la que sus miembros iban a ser elegidos en boletas partidarias (un truco evidente para que todo termine siendo "de extracción electoral", al margen de la idea constitucional). Incidentalmente, ese fallo terminaba con una jugada que la Corte repetiría en 2021, porque zurcía la inconstitucionalidad diciendo que a consecuencia de ello "mantiene su vigencia el régimen previsto en las leyes anteriores": o sea, el "2.0".

Y asi vino el segundo retroceso: luego de una confusa y morosa sucesión de actos procesales (la acción llevaba más de una década estacionada en varias instancias), la Corte dijo en diciembre de 2021 que la poda (de 20 a 13) venía a romper el equilibrio del follaje en el fallo que comentamos acá. El argumento de base era que "el estamento político cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos".

El tema de la inconstitucionalidad lo llevaba inexorablemente a pensar cuál era el remedio. En ese fallo apretó pause y rewind en la casetera. El "pause" duraba hasta ayer: una ventana de tiempo limitada (y diremos: a sabiendas incumplible) para que el Congreso sancione una ley que reequilibre. 

El "rewind" era la parte en que el emplazamiento mostraba dientes: si no había ley entonces, para que no quedara un vacío legal, volveríamos al régimen vigente hasta 2006: el "1.0". Y consecuentemente, habría que elegir los representantes que faltaban para reintegrarlo.


Escenas de ayer: la ley con "media" sanción.

Hay que decir que el fallo era tan esperable que el propio Ejecutivo se había anticipado enviando al Congreso un proyecto de reforma a principios de diciembre de 2021. Ese es el proyecto que establece una reducción a 17 miembros, y que, con algunas reformas consensuadas con minoritarios bloques no oficialistas, tuvo su sanción en el Senado a principios de abril de 2022

Esas reformas van en el buen camino de "federalizar" el Consejo, al establecer una regionalización de las representaciones estamentales de abogados y jueces (así como el país no termina en la General Paz, el Poder Judicial Federal no termina en Comodoro Py, que es lo que más le interesa al eje que sigue la Avenida de Mayo)..

Todavía veo pendiente un problema de salir del corralito o número telefónico de cuantos paisanos de cada "pueblo" estamental llevamos. En esta nota de ACIJ me permitía sugerir lineamientos para que el inviable archipiélago de concursos se transforme en un sistema permanente de selección. Hay, por supuesto, muchas otras cosas relevantes.


Donde estamos parados hoy

Dijimos que para salir de los "teen" (pasar de 13 a 20) hay que buscar los miembros que faltan. 

Algunos pasos se han estado dando en ese sentido.

  • Elección de 2 abogadas más. Ya se hizo el 5 de abril. Nos da pie para decir lo casi obvio: la representación corporativa son los reyes. Es la continuidad de la política por otros medios, pues las dos candidatas fueron militadas fuertemente por espacios de adscripción política opositora y oficialista. Luego, hemos dicho: rostro de beskar tienen quienes a la vez rasgan sus vestiduras por un Consejo politizado, festejan con puñito y gesto republicano el fallo que lanzó el rayo despolitizador, y acto seguido proceden a parapetarse en las plataformas y estructuras partidarias, ingresando al Consejo por la misma ventana de la política que hace poquito habían escoltado a la puerta en nombre de principios neutralisimos.
  • Elección de 1 académico más. Se hace el lunes 18 de abril, donde está en lista única Pamela Tolosa, rectora de la UN del Sur. Hay una especie de impugnación: ver esta nota de Cappiello en La Nación.
  • Elección de 2 "del Congreso": segundas minorías del Senado y de Diputados. Trabada por cautelar de un juzgado de primera instancia del 12 de abril (a veces las promuevan y festejan quienes por otro lado las repudian como intromisión judicial en asuntos políticos, criterio doctrinario situacional: fuertemente dependiente del lado de la mecha en que se encuentra el observador). Esa sentencia no tiene chances de sobrevivir una revisión de alzada: en lo procesal, porque no hay legitimación que surta el planteo (un diputado se presenta en cualquier juzgado, a lo "Thomas"), y en el fondo, porque desafía frontalmente el criterio de la Corte que ya ha dicho que los tribunales inferiores deben acatar sus fallos.


La Corte en el Consejo (de lege lata)

El otro integrante que entrará no hay que elegirlo: es el presidente de la Corte, también presidente nato del Consejo en la ley renacida. Nos da pie para pensar un poco sobre esto, que fue objeto de una serie de tuits de Roberto Lavagna del 3 de abril --- y con los que discrepamos.

Una teoría para justificarlo es "estructural": si el Poder Judicial es uno solo, y tiene su cúpula en la Corte, su presidente debe también presidir el Consejo. La razón es un mero capricho porque lo que la Corte tiene es jerarquía última en tanto órgano sentenciador (y podríamos extender eso a su funcionamiento interno, naturalmente), pero la Constitución le desgajó la rosca de la administración y se la dio a un órgano distinto (de la misma forma que en algún momento un constituyente primal desgajó las funciones de juzgar, legislar y administrar). Sigue siendo un poder, pero las funciones son distintas, dadas a un órgano distinto, y no hay predestinación constitucional -como si lo hay en algunas constituciones provinciales- a que el Consejo Federal deba tener embutidos a miembros de la Corte, ni mucho menos a que esos miembros deban presidirlo.

La otra razón, mas allá de la "estructural", es la "textualista". Se basa en la idea de que el Consejo debe tener "representación de jueces de todas las instancias", una de las cuales debería ser la máxima instancia. Aquí el criterio interpretativo sobregira el texto: lo que dice la Constitución es que quienes estén en la Corte van a representar a jueces de todas las instancias, determinando así una regla clara en cuanto a quiénes pueden elegirlos (no se puede extender a secretarios, no se puede excluir a jueces de instancias inferiores o superiores del padrón elector del "estamento"). Pero no exige concretamente que cada una de las instancias deba tener su representación en el Consejo: el textualismo se ve derrotado en su propio terreno pues la Constitución no dice eso. En ese sentido el fallo de diciembre no tira pistas obiter dicta. Y por eso creo que la ley "de 17" que tiene "media sanción" no tiene problemas de constitucoinalidad.


La Corte en el Consejo (de lege ferenda)

También creo que -aunque no sea "inconstitucional"- funcionalmente no es "deseable" que la Corte esté en el Consejo de la Magistratura. En épocas sacras, dad al César lo que es del César (la administración al Consejo) y a Dios lo que es de Dios (la jurisdicción a la Corte). Esto también implica que si está hay un miembro puntual que tiene la sobrecarga y el sobrepoder de hacer dos cosas demasiado importantes a la vez. Vos no ves a John Roberts preocupado por el rollo de membrana que falta en el techo del juzgado federal 154 de Minnesota, los jueces de la Corte no están para eso. Ni hablar si a esto le sumamos consola de destituciones y concursos.

Con el plus de que cualquier disfunción en cualquiera de las áreas, que obviamente las habrá, inexorablemente se le quedará pegada a la Corte.


¿Estamos "sin Consejo"?

Si. 

Incide un detalle "diabólico", advertido por Alberto Lugones, hoy presidente del Consejo. En el fallo de diciembre, la Corte dice que "los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea". Esto implica que la reintegración del Consejo quedará obturada hasta que estén para jurar todos los que faltan

Por ahora, el que falta es el Congreso, y aunque saquemos del medio esa cautelar, se puede tomar su tiempo: vean al respecto panoramas informados y transversalmente pesimistas en estas notas de Deborah De Urrieta en El Cronista, esta de David Cayón en Infobae, esta de Irina Hauser en Pagina 12 


Y el futuro. 

Mientras eso no suceda, estamos sin Consejo: no se puede hacer nada con los Consejeros que están. Salvo facultades mínimas que los Consejeros le delegaron a Lugones en un reglamento de emergencia aprobado de apuro el 13 de abril (y que no incluyen nada disciplinario, ni concursal, ni importante).

Y si por mor del improbable alineamiento de planetas, o de oficiosas aclaratorias de sentencia, (voces desde la Corte sugieren que "el lunes 18 se cumple el fallo") llegamos a constituirlo bajo la ley "1.0", es aventurado pensar que vaya a funcionar bien luego, en un contexto muy picado. Winter is coming para el Consejo. Y la Corte inmersa ya en la trampa de su propia solución, a corto y también probablemente a indefinido plazo.

Los caminos posibles nos sugieren un reseteo que vaya más allá del emparche en la cinchada de los "números" de integrantes. Consuelo final, con alta dosis de pirueta optimista: a veces el peor momento  situacional es también el mejor momento transicional, y si quieren dejar de salir del loop de reformas de reformas, tal vez en la numerosa y  variopinta Cámara Baja -en donde dificilmente se apruebe tal como está lo que vino del "alto" Senado- encuentre una mejor versión.

viernes, marzo 18, 2022

Para estudiantes avanzados y graduados recientes: el programa 2022 de ICON-S Argentina


Aviso parroquial "calificado"

Qué es ICONS. Es esto. The International Society of Public Law: ICON-S, que hace una icónica (!) conferencia anual, y es de las máss activas redes global de constitucionalismo y terrenos afines. Ya que estamos, la de este año es del 4 al 6 de julio (en Polonia, pero también híbrido) y pueden ver las cuestiones básicas (call for papers, etc.) aquí.

ICONS Argentina. Es "nuestra" filial que sigue la senda de los capítulos locales basados en muchos otros países. Pueden ver la web acá y aclaro que estoy  allí en general, y -en parte-en la concreción de este proyecto que les presentamos. 

El Programa en cuestión. Estamos convocando a estudiantes cerca de terminar la carrera y jóvenes graduados y graduadas de abogacía para un programa de actualización y profundización en derecho constitucional

  • El programa busca generar espacios de discusión sobre temas centrales del derecho constitucional contemporáneo. 
  • Consiste en una serie de encuentros virtuales con profesoras y profesores de derecho constitucional, la lectura colectiva de textos, la producción de trabajos de análisis y reacción a las lecturas y la puesta en común de esas discusiones con quienes participen del programa. 

Para ingresar al mismo es necesario postularse a través de este formulario. Se pedir CV y una minima presentación, escrita por el candidato mismo (para adjuntar los archivos van a tener que operar con un mail de gmail)

Antes que eso, pueden anotarse para un zoom informativo, el miércoles 23 a las 14 hs., y si quieren participar allí y preguntar en vivo, pueden registrarse en este enlace.

Este programa de estudios no ofrece títulos ni certificaciones y es sin cargo: es un espacio de formación que requiere -sin embargo- del compromiso de las y los estudiantes. 

Van a tener que seguir lecturas, conferencias, discutir y discutirse, interactuando con miembros de ICON Argentina y de otros capítulos, pero también, y más importante, entre los mismos participantes. 

No se requiere presencialidad aquí -haremos todo por zoom o google meet, en compactas y no maratónicas sesiones-, y si se fijan al final de este post está el "fixture" preliminar.: verán que va de abril a junio.


Aclaraciones finales.

  • Para participar en el programa no se requiere "ser miembro" de ICON•S. 
  • En línea con los objetivos del capítulo, desde ICON•S Argentina buscamos que ese grupo sea geográficamente diverso y que tenga paridad de género. Las decisiones sobre la admisión al programa estarán muy orientadas por esos objetivos y por la evaluación de las postulaciones, en las que se busca que las y los postulantes muestren la naturaleza de su interés en el programa. 
  • Recibimos postulaciones hasta el 30 de marzo de 2022.

miércoles, marzo 09, 2022

Brevísimo curso de derecho para no abogados - FPPs

Y bien: salió el libro.

Brevísimo curso de derecho para no abogados. 

La constitución explicada para entender nuestra vida en común

Como adelanto, acá pueden ver en PDF: índice, presentación de Paola Bergallo y Roberto Gargarella, y el capítulo cero.

Editado por Siglo XXI (en la fantástica colección "Derecho y Política"), se puede conseguir en librerías normales (nuestra preferencia absoluta en estos casos), o encargar por Mercado Libre a tu dealer de libros de confianza o a la misma editorial, y está en sus versiones digitales en Google Books y Amazon Kindle

Sintetizo acá lo que puse en este hilo de twitter hace algunos días, y le agrego una sección complementaria de posibles o frecuentes preguntas.

A propósito, si están en twitter, este viernes 11 a las 19 hs. estaré haciendo una pequeña peña sonora en vivo: un "spaces" charlando yo sobre el libro y contando algo de su backstage, No es presentación usual: es algo intimo y ligeramente interactivo.


Descripción: qué es.

Contenido neto.  El libro tiene 300 páginas y 9 + 2 capítulos (obertura y epílogo). Va de lo general a lo particular: qué es el artefacto constitucional y el invento de los derechos, y cómo fue que nos quedó la versión ensamblada en Argentina. Y luego mira "la sala de máquinas": poderes.

Valor nutricional. El libro está escrito para informar, entretener y también para prudentemente perturbar certezas. El “no abogado” interpelado en el título va a salir de ahí sabiendo cosas que no sabía y tal vez dándose cuenta de que cosas que “sabía” en realidad no eran (tan) así. 

Ingredientes. Si bien usa la constitución como pivot, el libro nunca deja de mirar lo que hicimos con ella, así que hay revista sintética pero permanente del mundo de lo "subconstitucional": leyes, actos, juicios, códigos, las jabalinas a tierra de la alta tensión constitucional. 

También es un libro de confluencias, como somos nosotros: hay cameos de autores clásicos y otros modernos, hay jurisprudencia nacional y extranjera, hay teorías jurídicas y avistaje a distancia de otras que no son teorías o no son jurídicas.

Escrito "sin dar nada por supuesto", y muy urgido (siempre está yendo "al hueso") pero no apurado (porque nos tomamos tiempo a veces para describir y habitar por un rato escenas icónicas del viaje) no hay en el libro una fuerza unificadora, una superteoría piramidal, pero si hay sutiles arcos narrativos, y hay columnatas y gárgolas representativas de ideas y conceptos. 

Los que las saben las verán muchas veces en tinta limón, en versión miniaturizada pero reconocibles. En ese sentido el libro es un aproximado “estado del arte” de lo que hay en el siglo XXI en la botella rota de las leyes cuyo genio se fue hace mucho tiempo de acá.



FPPs: Frecuentemente Preguntadas Preguntas

¿Es realmente para “no abogados?”. 

Si! Un público en el que pensé polifónicamente: que sirva para el que “esté por estudiar derecho” como carrera, para el que tiene alguna materia de derecho en otra carrera, y para el que no esté en esos compromisos programáticos pero le interese el asunto como ciudadano intrigado por el sistema. 

Puede funcionar como libro "de leer" o "de consultar".

¿Puedo usar este libro para estudiar derecho constitucional? 

No es un manual, ni pretende serlo. Y como busqué mantener un tono de ensayo, no fue un libro construido "en espejo" de los programas de la materia. No obstante ello, la gran mayoría de los temas “programáticos”  de constitucional aparece visitada, reconstruida, o presentada, y vinculada con sus terminales mas específicos de otras materias (derecho penal, administrativo, tributario, procesal, etc.). 

Además, el libro tiene muchas cosas que los manuales no tratan y son de contexto, y en ese sentido los puede ayudar mucho para atrás y para adelante. 

"Para atrás", porque muchas veces los manuales dan por supuestas cosas que en este libro se explican desde cero. 

"Para adelante", porque muchas veces los manuales no explican "que pasó en la realidad" con esa institución constitucional, o lo hacen de modo anecdótico (los DNUs se usaron "mucho") y en este libro se busca avanzar sobre eso.

La idea del libro fue en todo caso dar una visión integral y panorámica (más allá de que muchas veces para mostrar la riqueza del paisaje hagamos “plano corto” o zoom en alguna flor o en algùn cráter de nuestro pintoresco planeta constitucional). 

Por eso, a la pregunta de si es posible o provechoso usar este libro para estudiar derecho constitucional, y sin dejar de esturar el canon de autores que les toquen, la respuesta es la siguiente: enfáticamente creo que sí.

¿Qué hay para los “sí abogados”? 

Un abogado puede encontrar aquí varias cosas, 

Primero, un repaso de la materia que se deja leer de corrido y sin bulimias de doctrina, teoría, ni jurisprudencia. 

En segundo lugar, verán algunos detalles de contexto y cosas nuevas que han sucedido en la escena teórica y pretoriana del derecho constitucional, que seguramente "no estaban ahí" en el momento en que todos los que iniciamos la carrera antes de -digamos, por poner un año- 2010, y que probablemente tampoco se lleguen a enseñar ahora en el frenesí de las cursadas. 

Finalmente, en dosis moderadas hay cosas que son “producción propia”: analogías, reflexiones, datos, a veces conjeturas, a veces ocurrencias. 

¿Hay algo del “blog”? 

Casi nada. El libro tiene textos originales, mas allá de algun planteo que alguna vez haya podido hacer en este blog o en artículos académicos. 

Pero la reciproca sí es cierta: el libro continúa en el blog, con bonus tracks que persiguen dos fines. 

Primero, hay acá una recomendación de libros y recursos para entender y aprender derecho constitucional. Si ubicamos al libro como un buen complemento de manuales, me pareció pertinente que en lugar de cerrar con una burocrática bibliografía haya recomendaciones más “curadas” pasando revista a lo que nos ofrecen la literatura académica relevante (la clásica y la moderna, la hegemónica y la no tanto). 

Y segundo, en breve algo de lo del libro cambiará (saldrán fallos, se sancionarán leyes) y me comprometo a dejar online el servicio posventa de cosas nuevas, a medida que vayan apareciendo.

Como dijo el otro Gustavo, gracias totales.

lunes, marzo 07, 2022

Quién es Ketanji Brown y como está la Corte Suprema de los Estados Unidos

En "No mires arriba", uno de los pasos de comedia muestra en diagonal la importancia de los jueces de la Corte Suprema.  Mientras acaba de oír la noticia de que un meteorito casi seguramente acabará con el mundo, la Presidenta y su staff están distraídos con la nominación de un candidato a la Corte que está en problemas (incidentalmente, esa subtrama delata una curiosidad: tal como está redactada la Constitución de los Estados Unidos, no es requisito ser abogado para ser juez de la Corte Suprema). 

No tenemos meteoritos a la vista, y si ahora tenemos nominada. 

Pero antes tenemos que repasar como llegamos hasta acá.


La Corte hoy: mayoría conservadora

Han tenido mala suerte los demócratas. Situémonos en 1990, fecha de ingreso del juez mas veterano. Desde entonces tuvieron allá 16 años de gobiernos republicanos y 16 años de gobiernos demócratas. Pero esto no dio un tribunal "parejo", sino un tribunal que había quedado 6-3.Seis conservadores y dos más "liberals", que son los nominados por demócratas. 

Mas allá de mi apreciación en prosa, existe un truco jedi de politólogos que inventaron una metodología para cuantificar sus enfoques, el índice Martin - Quinn, positivo para conservadores que daba estos números


Tal vez la metodología no revela el ímpetu conservador de los tres elegidos por Trump. Y desde luego, el tribunal estaba más balanceado hasta hace poco, cuando estaban allí dos jueces nominados por  Clinton. 

viernes, marzo 04, 2022

Autonomía Municipal y Bienes Culturales Inmateriales: el caso de las Reinas de la Vendimia de Guaymallén

Esta fiesta es muy importante: cada familia debe presentar a sus hijas para que elijamos una reina. 

En esta familia no queremos hacer eso, no queremos jugar ese juego.

(pero algunas de las hijas nuestras si quieren).


El caso se venía cocinando hace semanas con destino de judicialización.

En primer lugar, hablemos de La Vendimia. Sin discusión posible, la fiesta más importante de las fiestas populares argentinas, tal vez la única que tiene una dimensión genuinamente provincial, transprovincial y paralizante. No es solo un evento, es un acontecimiento -con algun grado de optimismo, en wikipedia la equiparan a los Carnavales de Rio o de Venecia. Muy arraigado, cuya dimensión identitaria solo percibirá superficialmente quien no sea de Mendoza, es genuinamente un Bien Cultural Inmaterial. Como muestra de su magnitud, la vemos fuertemente juridizada, por un arco de leyes y reglamentaciones provinciales.

Su punto cúlmine (siempre quise poner esto) es la elección de la Reina de la Vendimia, cuya "Via Blanca" (desfile en carros) es también una vidriera para todas las Reinas de Fiestas del país. Allí desfilan las reinas departamentales aspirantes al título de Reina y Vicerreina. Un numero de 300 votantes habilitados elegirá luego a la monarca. Se supone que es más que un concurso de belleza: el reglamento habla de “altos valores de ética, moral, belleza e inteligencia”. 




Guaymallén no quiere jugar el juego

Guaymallén, el lugar que más reinas vendimiales coronó, tomó una decisión valiente. Su Concejo Deliberante promulgó una ordenanza en que decidió que no participaría en lo sucesivo del certamen enviando su reina departamental.

Ahorro trámites en explicar las razones de la decisión: parece anacrónico que un acto institucional  festivo implique una jerarquización sexista de cuerpos, una celebración publica y cosificante de figuras hegemónicas, etc. 

No es algo inédito en el mundo de los bienes culturales inmateriales como las fiestas populares, algunas de los cuales pueden implicar la celebración de un hecho de violencia, o la representación y perpetuación de violencia simbólica, tener su esencia en actos abiertos de crueldad animal, etc. Eventos que llegan ojerosos y flojos de papeles a nuestra sensibilidad moderna, y que muchas veces deben readaptarse a los tiempos. De hecho eso fue lo que sucedió en parte con el reglamento de elección de reinas, que se aggiornó como se puede leer en esta nota.

En ese sentido, el tema de la vendimia se cruza con otra cuestión --que argentina ya tiene resuelta jurisprudencialmente por el NO en 1870, en el caso "Plaza de Toros". Claro que es más fácil hacerlo en países de tradición no taurina. Nada es más fácil que renunciar a lo que no se tiene (como esos territorios sin recursos mineros que, consternados, prohíben toda forma de minería).

jueves, febrero 17, 2022

Cómo elegir bien a jueces y juezas

Esta semana, ACIJ publicó un dossier sobre el Consejo (Federal) de la Magistratura, tema que desde luego está en el candelero desde el fallo de la Corte --y ciertamente desde hace bastante tiempo más, una institución que nunca pudo encontrar nido seco.

Les cuento mi contribución allí, que es corta y puntual: pueden ver aquí unos lineamientos para un sistema permanente de selección judicial en el Consejo Federal de la Magistratura.

De qué va: como ejercicio especulativo pero anclado, me puse a pensar "desde cero" como hacer buenos concursos de selección. No van a ver mucho "marco teórico", sino un fixture procedimental, a la vez minimalista y ambiciosa.

La idea es un sistema de convocatorias permanentes, estandarizadas, como superador del problemático concurso ad - hoc, con una serie de etapas que vayan depurando el embudo de aspirantes desde lo general (con exámenes básicos uniformes) hasta lo más particular: el cargo singular. 

La articulación del sistema está pensada para una resolución rápida de las vacantes, un tema endémico que genera otros males (los subrogantes). Incidir ahí genera un apalancamiento de transformación a muchos niveles, y trasciende a las pujas composicionales de "cuantos de cada estamento", en la búsqueda de un platónico "equilibrio". Argentinos, no conceptos, a las cosas.

El mismo dossier tiene otras contribuciones, en general más "macro", que listo con sus links específicos: También recomiendo, entonces:

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